Estanislao de Kostka.- La democracia española vive uno de sus momentos más críticos desde la restauración constitucional. El gobierno de Pedro Sánchez, lejos de fortalecer los contrapesos y la independencia judicial, ha emprendido una ofensiva sin precedentes para someter a los jueces y fiscales a sus intereses políticos, arrastrando consigo a un ministro de Justicia, Félix Bolaños, que no duda en atacar y deslegitimar a quienes se resisten al control gubernamental. Lo que ocurre en España no es una simple crisis institucional: es la evidencia de que el país se desliza, mejor dicho ya ha llegado, a un sistema corrupto, donde la separación de poderes es una quimera.
El paro judicial: Un grito contra la manipulación
El próximo 11 de junio, cinco asociaciones de jueces y fiscales —todas salvo las subvencionadas de corte progresista— han convocado un paro nacional de diez minutos frente a las sedes judiciales. No es un gesto simbólico, sino una protesta contundente contra las reformas legales impulsadas por el Ejecutivo, que suponen, en palabras de los propios jueces y fiscales, “un serio retroceso en el Estado de derecho” y una amenaza directa a la independencia judicial.
Denuncian que la reforma del acceso a la carrera judicial y fiscal, así como el proceso extraordinario de estabilización de jueces sustitutos, no respetan los principios de igualdad, mérito y capacidad, abriendo la puerta a la arbitrariedad y al clientelismo político.
Estas asociaciones advierten que el Gobierno pretende incrementar el poder del fiscal general del Estado sin contrapesos internos, agravar la politización de la justicia y debilitar las garantías institucionales básicas. No es casualidad que las únicas asociaciones que apoyan la reforma sean las alineadas con el oficialismo: Jueces y Juezas para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales. El resto, mayoritarias y representativas del sentir judicial, hablan de un “grave impacto” sobre la independencia y la calidad del Estado de derecho.
Bolaños: El ministro de la presión y el desdén
En este contexto, el ministro Bolaños no ha hecho otra cosa que minimizar las críticas, tachando de “infundados” los temores de los jueces y fiscales, mientras insiste en un diálogo vacío que no aborda las verdaderas preocupaciones del sector. Su actitud, lejos de buscar el consenso, ha sido la de un comisario político empeñado en deslegitimar a quienes se oponen a la reforma, acusando a las asociaciones de alarmismo y negando la evidencia de que la independencia judicial está en peligro.
No se trata de un caso aislado. El Gobierno de Sánchez ha hecho de la presión sobre los jueces, la Guardia Civil y la prensa crítica una constante, purgando a quienes osan investigar o enjuiciar los escándalos que afectan al Ejecutivo y su entorno, al puro estilo mafioso. El caso del teniente coronel Pérez de los Cobos, la desactivación de unidades policiales incómodas o la invención de conspiraciones para desacreditar a la UCO son solo algunos ejemplos de una estrategia sistemática de acoso a los contrapoderes. No vivimos en democracia, vivimos de “demomafia”.
Corrupción sistémica y degradación democrática
El trasfondo de esta ofensiva es la consolidación de un sistema clientelar y corrupto, donde el poder político busca perpetuarse mediante el control de las instituciones independientes. España acumula centenares de casos de corrupción política en las últimas décadas. Los informes internacionales, como los del GRECO y Transparencia Internacional, advierten del deterioro institucional, la falta de avances en la lucha contra la corrupción y la caída en los índices de percepción de integridad pública.
El empeño del Ejecutivo en controlar el Tribunal Constitucional, la Fiscalía y otros organismos reguladores es una muestra más de esta deriva autoritaria, que compromete la credibilidad y la eficacia de los órganos de control. El objetivo no es otro que impedir la alternancia y consolidar un estado clientelar donde la incompetencia, el despilfarro y el abuso de poder queden impunes.
¿Democracia o farsa?
La democracia no se mide solo por la existencia de elecciones, sino por la fortaleza de los contrapesos, la separación de poderes y la rendición de cuentas. Hoy, en España, estos principios están en entredicho. La manipulación de la justicia por parte del Gobierno, la presión sobre jueces y fiscales, y la descalificación sistemática de quienes defienden la independencia judicial son síntomas claros de un sistema corrupto, donde la democracia es solo un decorado.
Frente a este panorama, la protesta del 11 de junio de 2025 es mucho más que un paro simbólico: es el último bastión de resistencia frente a un poder que ha perdido el respeto por la ley y la ética pública. Si la sociedad no reacciona, si los partidos no asumen su responsabilidad y si los jueces son finalmente doblegados, España dejará de ser una democracia real para convertirse en una caricatura autoritaria, gobernada por la corrupción y el clientelismo del PSOE y del Presidente del Gobierno, el farsante Pedro Sánchez.
Pedro Sánchez impulsa reformas y maniobras en el ámbito judicial con el objetivo de mantenerse en el poder, según denuncian la mayoría de asociaciones de jueces y fiscales y diversos informes europeos. Las razones principales de esta estrategia pueden resumirse en varios ejes:
Controlar la respuesta judicial ante casos de corrupción y escándalos que afectan al Gobierno y su entorno
El Ejecutivo ha acelerado una batería de leyes que buscan modificar el acceso y la promoción dentro de la carrera judicial y fiscal, así como traspasar la instrucción de las causas penales a la Fiscalía, órgano jerárquicamente dependiente del Gobierno a través del Fiscal General del Estado. De este modo, el Gobierno puede asegurarse de que los procesos judiciales sensibles —como los relacionados con casos de corrupción que rodean a personas próximas al presidente— queden en manos de magistrados y fiscales afines, reduciendo el riesgo de decisiones adversas3.
Debilitar la independencia judicial y aumentar la politización
Las reformas impulsadas por Sánchez y su ministro Bolaños han sido calificadas por cinco de las principales asociaciones judiciales y fiscales como un “serio retroceso en el Estado de Derecho”, pues consideran que incrementan el riesgo de politización y debilitan los valores que sustentan la democracia española. Alertan de que se favorece un acceso arbitrario a la judicatura y fiscalía, restringiendo la participación democrática en los órganos de gobierno judicial y sometiendo instancias clave a criterios partidistas.
Garantizar la estabilidad política y la continuidad de la legislatura
La reforma judicial se vincula estrechamente con la necesidad del Gobierno de asegurar la aprobación y aplicación de medidas polémicas, como la ley de amnistía, pactadas con sus socios parlamentarios. El control de la justicia permitiría al Ejecutivo sortear obstáculos judiciales a su agenda política y blindar la legislatura ante posibles sentencias desfavorables.
Utilizar la confrontación con la judicatura como estrategia política y de comunicación
El propio Sánchez ha elevado el tono de sus críticas contra jueces y magistrados, acusándolos de actuar en connivencia con la oposición y de protagonizar una “oposición judicial” al Gobierno. Esta estrategia busca movilizar a su electorado y desviar la atención de escándalos internos, presentando la tensión con la justicia como un ataque político orquestado por sectores conservadores.
Persistencia de problemas estructurales y falta de avances en independencia judicial
Informes europeos advierten que España sigue sin acometer reformas clave para garantizar la independencia judicial, manteniendo un sistema de selección de jueces muy dependiente de los partidos políticos. Esta situación facilita la interferencia política y la falta de transparencia, lo que debilita la confianza ciudadana en la justicia y perpetúa un sistema proclive a la corrupción de las élites.
En resumen, Pedro Sánchez manipula la justicia para mantenerse en el poder, porque necesita blindarse ante causas judiciales, asegurar la lealtad de los órganos judiciales y fiscales, y consolidar su fracasado proyecto político frente a la presión de la oposición y de sus propios socios. Todo ello, a costa de la independencia judicial y la calidad democrática del sistema español.
*Abogado jefe de AD y politólogo
