Suite Información. Manuel Recio Abad. 22 de junio 2025. Desde siempre se ha creído que la actividad política obedecía a una inclinación vocacional al servicio público. Sin embargo el ejercicio del poder ha sido todo lo contrario. La frase expresada por el diputado republicano y beodo Gabriel Rufián “la izquierda no puede robar” no debe causar asombro a nadie.
Todos sabemos a estas alturas que el político corrupto no entiende de ideologías. Entra en política para hacer de ello un medio de vida. Al inicio puede que haya aportado un juvenil anhelo de generosidad y vocación de ayuda al prójimo. Pasaron los años y a base de traiciones y lametones fue ascendiendo hasta alcanzar cotas de poder. El sueldo mensual dejó de ser su objetivo. Quería más. Desvirtuó su propio ser, se olvidó de sus principios éticos y morales y llegó a la conclusión de que era ya hora de cambiar honra por riqueza. Dejar de ser para tener.
La política como negocio y sus fatales consecuencias
La corrupción es incompatible con los valores democráticos. Puede pasar sin embargo desapercibida en regímenes autocráticos. Aunque seamos creados en perfecta inocencia y así nacemos, al llegar al poder somos tentados y muchos se corrompen.
La corrupción dentro de un partido político siempre acarrea consecuencias significativas, incluyendo la posibilidad de su disolución. En España, la Ley de Partidos Políticos establece ciertos principios y disposiciones al respecto. La Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos, regula la disolución de estos, mediante procedimientos legales en caso de que se demuestre que han llevado a cabo actividades ilícitas o contrarias a la Constitución. Concretamente se establece que un partido puede ser disuelto si promueve actividades delictivas o si su estructura se basa en prácticas corruptas.
Si se determina que un partido ha estado involucrado sistemáticamente en prácticas corruptas, esto podría ser motivo para su disolución.
Corruptelas
El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha enfrentado diversas acusaciones y casos de corrupción a lo largo de su historia (por ejemplo los casos ACM, Alhambra/Audioguias, Aljaraque, Aller, Almenas, Alonso de León, Arcos, Asesores, Astapa, Atarfe, AVE, Bajo Guadalquivir, Beniferri, Berni, Ciempozuelos, Cibic, Comercio, Contenedores, Cudillero, Cerrú, Filesa, Cursos Formación/Angel Ojeda, Ciomijas, CTI, Divalterra, Dolores Reyes, EDU El Paraíso, EDU Huelva, Eivissa Crea, Enchufes Vigo, Enredadera, Facturas Baena, Feval, Flick, Flotador, Fondos Jeremie, Hacienda, Harrag, Idelpa, Infoca, Interligare, Invercaria, Malesa, Time Sport, GAL, Guerra, ERES, FAFFE, y un largo etc.). Sin embargo, hasta ahora no ha habido un proceso formal que haya llevado a su disolución.
La corrupción no solo afecta al partido implicado, pues con la técnica inculpario-defensiva del “y tú más” esto tiene efectos en todo el sistema político en general, fomentando el desconcierto ciudadano. La vicepresidenta primera del gobierno, María Jesús Montero, con todo descaro acusa al Partido Popular de corrupción sistémica, cuando en realidad es su formación política, el PSOE, la que lo permite y padece.
La corrupción es un tema serio que puede llevar a la disolución de partidos políticos si se demuestra que sus prácticas son sistemáticas y contrarias a la ley. Aunque el PSOE ha enfrentado acusaciones, hasta ahora ha logrado mantenerse como una fuerza política significativa en España. Se desconoce hasta cuándo será así.
La acción judicial
El juez del Supremo Leopoldo Puente considera que hay indicios “bastantes” para poder considerar que Joseba Antxon Alonso Egurrola se benefició a través de su empresa Servinabar de la adjudicación de obras, en colaboración con Koldo García y José Luis Ábalos, siendo Santos Cerdán copropietario de esta. Indicios “sólidos” que al magistrado le permiten considerar la posible comisión de los delitos de cohecho y pertenencia criminal.
La anécdota a la que se refería Pedro Sánchez, el todavía presidente del Gobierno, podría ser la referencia del Tribunal Supremo señalando al secretario de organización del partido como el encargado de repartir el dinero proveniente de las mordidas o coimas acordadas con las empresas adjudicatarias de obras públicas.
Cuando un partido político funciona, se organiza y financia como una organización criminal, solo cabe su disolución. La mayor garantía para los españoles estaría basada en la declaración del PSOE por la autoridad judicial como ilícito. Batasuna en el año 2003 y Acción Nacionalista Vasca junto al Partido Comunista de las Tierras Vascas en 2008, fueron disueltos.
Y… no ha pasado nada. Pero preferirán antes sacrificar a un líder que acabar con la máquina de hacer dinero.
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