El Gobierno ha llegado a un acuerdo con los sindicatos para subir el salario mínimo interprofesional (SMI) un 3,1%, hasta 1.221 euros brutos al mes en 14 pagas, y sin tributación en el IRPF. Concretamente, se trata de un alza de 37 euros al mes, unos 518 euros al año. Así lo ha confirmado este jueves el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, que también ha indicado que se aplicará de manera retroactiva desde el 1 de enero y que beneficiará, sobre todo, a los jóvenes y a quienes trabajen en los sectores con salarios más bajos, por ejemplo, la agricultura.
Como ya ocurrió en la anterior subida del SMI de enero de 2025, el acuerdo para elevar el SMI ha sido bipartito y no ha contado con el apoyo de las patronales CEOE y Cepyme, a quienes el Gobierno ha intentado acercar al pacto con incentivos fiscales para las empresas afectadas que, posteriormente, han sido criticados por la propia CEOE. «Me apena que la patronal se haya quedado fuera de este acuerdo, creo que hay pocas dudas sobre el acierto de una política de buenos salarios en nuestro país (…), y creo que en el país que más empleo genera en Europa tiene derecho a que sus trabajadores y trabajadoras cobre lo mismo que nuestros colegas europeos», ha expresado Pérez Rey. Con todo, ha agradecido el papel de los sindicatos y ha remarcado que «ha habido una voluntad genuina de volver a meter a la patronal y ni aun así ha sido posible».
Por otra parte, Pérez Rey ha indicado que el Ministerio de Trabajo reformará el decreto actual para que los complementos salariales no puedan ser absorbidos o compensados por el incremento del SMI y, de hecho, ha confirmado que esto no necesitará la aprobación parlamentaria. «No es posible que esta subida se pierda por el camino y no llegue a los bolsillos», ha defendido.
Con todo, ha defendido que las subidas recientes del SMI han sido un «éxito» y que lo van a llevar a cabo a través de un real decreto que, como ha señalado, contará con el respaldo del conjunto del Gobierno, aunque no ha querido anticiparse al pronunciamiento del Consejo de Estado. «Respeto la opinión de la patronal, pero nosotros entendemos que hay base suficiente para avanzar con un real decreto en las reglas de absorción y compensación. Tenemos fundamentos jurídicos sólidos para avanzar en este sentido», ha expresado.
