Manuel Recio Abad. Suite Información.– La mayor perversión de la democracia aparece cuando quienes fueron elegidos para servir a los ciudadanos acaban convirtiendo la representación pública en una profesión de la que dependen su nivel de vida, su estatus social y su futuro personal.
La política exige vocación de servicio, capacidad de sacrificio y, sobre todo, conciencia de temporalidad. Un cargo público no es una propiedad privada ni un patrimonio personal; es una responsabilidad prestada por los ciudadanos durante un tiempo determinado. Sin embargo, en las últimas décadas se ha consolidado una nueva figura: el político profesional, aquel que entra de joven en la estructura de un partido, asciende gracias a la disciplina interna y, tras décadas ocupando distintos cargos, termina desconectado de la realidad de las personas a las que dice representar. Para ser funcionario y ganar la plaza por oposición es imprescindible ser un buen estudiante. Ya hemos comprobado sin embargo, que para llegar a ostentar un alto cargo al profesional de la política le basta con ser un probo adulador.
El problema no es que un político cobre un sueldo digno. Sería un error y una injusticia plantearlo así. La democracia necesita dirigentes preparados y dedicados plenamente a su función. El verdadero problema aparece cuando el sueldo público deja de ser la compensación por un servicio y se convierte en la razón principal para mantenerse en el cargo.
Entonces nace el miedo, el pánico más bien, diría yo, a abandonar la política. Porque fuera de los despachos oficiales no existe una profesión a la que regresar, ni una experiencia laboral ajena al partido, ni en muchos casos una capacidad contrastada en el mundo de la empresa, de las profesiones liberales o de la sociedad civil. El cargo se convierte en una necesidad vital y el político empieza a defender su permanencia con una determinación que muchas veces supera la defensa de sus propios principios.
Por eso la dimisión, que debería ser una herramienta de responsabilidad democrática, ha pasado a ser considerada una derrota personal. Ya no se dimite por errores de gestión, por falta de confianza o por el deterioro de una institución. Se resiste hasta el límite, se soporta el desgaste y se permanece mientras los números parlamentarios o los equilibrios internos del partido así lo permitan.
Esta enfermedad no pertenece a una ideología o tendencia concreta. Afecta a la izquierda y a la derecha, a los gobiernos y a la oposición, a los ayuntamientos, a las diputaciones, a las comunidades autónomas y al propio Estado. El apego al sillón es uno de los grandes males de la política contemporánea porque deteriora el vínculo de confianza entre representantes y representados.
Los ciudadanos no esperan políticos sin errores, pero si esperan políticos con honor. La dignidad de un servidor público no se demuestra únicamente cuando alcanza el poder, sino también cuando sabe renunciar a él. Hay más grandeza democrática en una dimisión honesta que en años de resistencia para conservar un despacho.
Quizá haya llegado el momento de recuperar una idea que parece olvidada: la política debe ser un tiempo de servicio a la sociedad, no una carrera profesional de la que resulte imposible salir. Porque el día en que un representante público necesita más el cargo que los ciudadanos necesitan a su representante, la democracia empieza a perder una parte de su alma.
