Manuel Recio Abad. Suite Información.– Hay que estar un poco loco para ser empresario en España, y bastante más para ser pequeño o mediano empresario. Hay que tener una idea, poner dinero, pedir dinero, avalarlo muchas veces con el patrimonio propio, comprar una nave o alquilar un local, contratar trabajadores, pagar nóminas, seguros sociales, impuestos, asesores, seguros, suministros y proveedores, solicitar licencias, atender inspecciones, presentar declaraciones y cumplir una legislación cada vez más extensa y compleja. Y después de haber cumplido con todo el mundo queda todavía lo más importante: buscar clientes, vender y conseguir cobrar. Porque si no vendes, Hacienda no pierde, la Seguridad Social tampoco, el banco tampoco y la Administración tampoco. Pierdes tú.
Esa es la primera realidad que debería conocer cualquiera que pretenda hablar de empresarios. Durante demasiado tiempo hemos construido en España una caricatura absurda del empresario, como si empresario significara necesariamente millonario, poderoso o privilegiado. Pero la empresa española real tiene otra cara: el propietario de un taller, un restaurante, una tienda, una pequeña constructora, una explotación agrícola, una empresa de transportes, una inmobiliaria, una fábrica o cualquier negocio con cinco, diez, veinte o cincuenta trabajadores. Hombres y mujeres que levantan cada mañana una persiana sin saber exactamente cuánto ingresarán ese día, pero sabiendo perfectamente todo lo que tendrán que pagar cuando termine el mes. Y ahí comienza la jungla.
El primer enemigo es la burocracia, una Administración que exige al empresario una puntualidad y una eficacia que ella misma demasiadas veces es incapaz de ofrecer. Licencias que tardan meses e incluso años, expedientes que parecen dormir eternamente encima de una mesa, informes que dependen de otros informes, autorizaciones, certificados, declaraciones, reglamentos y normas que cambian continuamente. Y mientras la Administración espera, el empresario paga: intereses por el dinero invertido, proyectos, técnicos, alquileres, impuestos, seguros y gastos generales. El reloj de la Administración puede detenerse; el del empresario, jamás. Para la Administración un año puede ser simplemente un expediente pendiente; para una empresa puede significar la ruina. Y cuando finalmente llega la licencia nadie devuelve los intereses pagados, nadie compensa el tiempo perdido y nadie responde por las oportunidades que desaparecieron durante la espera. Hemos conseguido la extraordinaria proeza de convertir al empresario en administrativo gratuito de la Administración y hacerle pagar, además, la factura de su lentitud.
Después llegan Hacienda y la Seguridad Social. Naturalmente que hay que pagar impuestos; una sociedad moderna necesita hospitales, colegios, carreteras, policías, jueces, pensiones y servicios públicos. Pero una cosa es contribuir al sostenimiento del Estado y otra olvidar que antes de repartir la riqueza alguien tiene que crearla. Porque el empresario no paga porcentajes, paga euros, y esos euros tienen que estar en la cuenta el día señalado aunque sus clientes todavía no le hayan pagado. Entonces aparece otro enemigo formidable: la morosidad. Una empresa puede tener beneficios sobre el papel y morir por falta de tesorería, puede haber vendido, facturado e incluso tributado y encontrarse sin dinero porque quien debía pagar en treinta días paga en sesenta, noventa o cuando le viene bien. Pero las nóminas llegan, las cotizaciones llegan, los impuestos llegan, el alquiler llega, los proveedores llaman y las cuotas bancarias vencen. Todo llega menos, demasiadas veces, el dinero que te deben.
Y cuando la tesorería empieza a ahogarse aparece el banco. Quienes llevamos muchos años en el mundo empresarial conocemos perfectamente una de las grandes paradojas del sistema financiero: cuando tienes dinero quieren prestártelo y cuando verdaderamente lo necesitas empiezan a preguntarte por qué lo necesitas. Balances, declaraciones fiscales, CIRBE, garantías, tasaciones, previsiones, ratios, avales personales. Naturalmente que los bancos tienen que estudiar los riesgos y administrar el dinero ajeno con prudencia, pero demasiados empresarios saben lo que significa llegar con una empresa viable y encontrarse ante una economía financiera que solamente parece confiar cuando el riesgo prácticamente ha desaparecido. Y muchas veces termina ocurriendo lo de siempre: el empresario pone su patrimonio encima de la mesa. Porque el pequeño empresario no arriesga únicamente el capital de una sociedad; muchas veces arriesga su casa, sus ahorros y el patrimonio conseguido durante treinta años. El político que toma una decisión económica equivocada no avala con su vivienda, el funcionario que mantiene paralizado un expediente durante un año no responde con su patrimonio y el banco que deniega una operación no comparte las pérdidas de la empresa que termina cerrando. El empresario sí puede perderlo todo.
Y en medio de esta situación está el trabajador. No cometamos la enorme estupidez de convertirlo en enemigo del empresario. El trabajador es imprescindible: sin trabajadores no existe empresa, pero hay otra verdad igualmente elemental que durante demasiado tiempo ha parecido políticamente incorrecto pronunciar: sin empresas tampoco existen puestos de trabajo. Empresario y trabajador están en el mismo barco. Y el trabajador de hoy tampoco vive precisamente en el paraíso; muchas veces sobrevive dentro de la propia empresa. Su nómina desaparece entre vivienda, alimentación, energía, transporte, impuestos y el coste creciente de mantener una familia. Trabaja un mes entero y cuando llega el siguiente vuelve prácticamente a empezar. Se produce entonces una de las contradicciones más extraordinarias de nuestra economía: el trabajador siente que cobra poco y el empresario sabe que paga mucho. Los dos tienen razón. ¿Entonces qué está ocurriendo en medio?
Quizá esa sea la pregunta que deberíamos hacernos en lugar de enfrentar permanentemente a unos contra otros. El empresario necesita al trabajador y el trabajador necesita al empresario. Necesitamos recuperar una cultura de empresa basada en el esfuerzo, el compromiso, la responsabilidad y el orgullo de pertenencia, una relación en la que el empresario respete, proteja y remunere adecuadamente a quien trabaja con él y en la que el trabajador comprenda que cuidar la empresa significa también proteger su propio puesto de trabajo y su futuro. Y en ese terreno existe otro problema que tampoco podemos esconder: el absentismo y el crecimiento de las bajas laborales. Quien está enfermo debe estar protegido, sin discusión; es una conquista social irrenunciable. Pero proteger al enfermo no significa cerrar los ojos ante posibles abusos ni ignorar el tremendo impacto que el absentismo produce sobre una pequeña empresa. En una compañía de miles de trabajadores una ausencia puede diluirse dentro de la organización; en una empresa de diez trabajadores, si faltan dos, ha desaparecido de golpe el veinte por ciento de la plantilla. ¿Quién realiza ese trabajo? Los compañeros, un sustituto si puede encontrarse o el propio empresario. Mientras tanto hay que continuar atendiendo clientes, produciendo, entregando pedidos y manteniendo abierta la empresa. Este asunto debe abordarse con seriedad, sin perseguir al enfermo verdadero pero sin convertir tampoco al empresario en el pagador resignado de cualquier disfunción del sistema.
Porque empresario y trabajador no son enemigos. Son los dos que reman. Los verdaderos obstáculos se encuentran muchas veces alrededor de ellos: burocracia, presión fiscal, cotizaciones, morosidad, dificultades financieras, inseguridad jurídica, costes crecientes y una legislación tan compleja que un pequeño empresario necesita asesores fiscales, laborales, contables y jurídicos simplemente para tener la tranquilidad de no equivocarse. Y después están los políticos, que hablan constantemente de creación de empleo, presumen de las cifras de afiliación, inauguran fábricas, visitan empresas, se ponen un casco de obra y un chaleco reflectante, se hacen la fotografía y explican desde un atril cuánto ha crecido la economía. Pero un político no crea riqueza pronunciando un discurso. La riqueza no se crea en un Consejo de Ministros ni aparece porque se publique una ley en el Boletín Oficial del Estado. La riqueza se crea trabajando: fabricando, construyendo, cultivando, transportando, investigando, comerciando, exportando, innovando, prestando servicios, arriesgando capital y vendiendo. Y detrás de todo eso están las empresas y sus trabajadores.
España necesita recuperar el respeto por el empresario, especialmente por el pequeño y mediano empresario; por el autónomo que un día se atreve a contratar a su primer trabajador, por quien abre una tienda, por quien compra una máquina, por quien solicita un préstamo para ampliar una fábrica, por quien invierte sus ahorros en una idea sin saber si funcionará y también por quien fracasa. Porque otra de las grandes injusticias de nuestra cultura consiste en admirar al empresario cuando triunfa y señalarlo cuando fracasa, olvidando que quien emprende corre precisamente el riesgo de equivocarse. Crear una empresa debería ser motivo de orgullo, crear diez puestos de trabajo debería merecer reconocimiento y crear cien debería considerarse un extraordinario servicio a la sociedad, porque detrás de cien nóminas existen cien trabajadores y detrás de ellos cien familias que viven de aquella actividad.
No necesitamos enfrentar al trabajador con el empresario. Necesitamos que empujen juntos. Buenos empresarios y buenos trabajadores; empresas que respeten a sus empleados y empleados que respeten y defiendan a sus empresas. Necesitamos recuperar el esfuerzo, la responsabilidad, la iniciativa, la ambición y el orgullo por hacer bien las cosas y necesitamos, sobre todo, que quienes administran la riqueza comprendan de una vez quién la crea.
Así que terminaré este artículo de una manera deliberadamente incorrecta para los tiempos que corren: ¡VIVAN LOS EMPRESARIOS! Vivan quienes levantan la persiana cada mañana, quienes arriesgan su dinero, quienes contratan, quienes pagan veinte nóminas antes de pagarse la suya, quienes hipotecan su patrimonio para sacar adelante una empresa, quienes fracasan y tienen el coraje de volver a empezar. Y vivan también los trabajadores que se dejan la piel junto a ellos para conseguir que esas empresas prosperen. Porque España no se mantiene gracias a los políticos; España se mantiene gracias a millones de personas que trabajan y a cientos de miles de empresarios que un día decidieron arriesgar su dinero, organizar ese trabajo, invertir y crear riqueza.
A esos empresarios no hay que levantarles monumentos, no necesitan medallas y mucho menos necesitan que un político aparezca para hacerse una fotografía cuando todo ha salido bien. Necesitan algo muchísimo más sencillo: que la Administración deje de tardar años en contestarles, que los bancos comprendan que financiar empresas significa también asumir riesgos razonables, que las leyes les proporcionen seguridad en lugar de incertidumbre, que se persiga al que defrauda pero no se trate como sospechoso al que cumple, que se valore socialmente a quien crea empleo y que se respete a quien arriesga su patrimonio. Y, sobre todo, que dejen de ponerles piedras en el camino, porque llegará un día en que quizá no quede nadie dispuesto a saltarlas.
