Manuel Recio Abad. Suite Información.– El Gobierno ha presentado Casa 47 como una de sus grandes respuestas al problema de la vivienda en España. Ochocientas viviendas. Sí, han leído bien: ochocientas. Y anuncian otras 1.500 próximamente. No sé si felicitarles por la iniciativa o preguntarles si conocen realmente la dimensión del problema que tenemos delante.
España necesita cientos de miles de viviendas. Jóvenes que trabajan y no pueden independizarse, matrimonios que no pueden comprar su primera casa, familias que destinan una parte insoportable de sus ingresos al alquiler y trabajadores que, aun teniendo empleo, han quedado prácticamente expulsados del mercado residencial. Y frente a semejante emergencia nacional presentamos solemnemente un portal con 800 viviendas. El problema no es Casa 47; bienvenida sea cada vivienda asequible que llegue al mercado. El problema es pretender presentar una actuación de esta dimensión como respuesta política a una crisis que exige actuar por cientos de miles.
Pero hay algo todavía más preocupante: Casa 47 apuesta exclusivamente por el alquiler. Las viviendas incorporadas a este parque público no se venden. Y yo me pregunto: ¿por qué hemos renunciado en España a que un trabajador pueda aspirar a ser propietario de su vivienda? Durante décadas la vivienda protegida permitió precisamente eso. Miles y miles de familias españolas compraron una VPO, pagaron una hipoteca razonable y construyeron alrededor de aquella vivienda una estabilidad familiar y patrimonial. Aquello también era política social. Hoy parece que hemos decidido que las nuevas generaciones deben convertirse en inquilinos permanentes. Alquilar es una opción perfectamente legítima para quien quiera alquilar, pero comprar también debería serlo para quien quiera comprar.
El verdadero drama de la vivienda española no se solucionará construyendo unas promociones públicas aquí y otras allá, inaugurando portales de Internet ni multiplicando anuncios institucionales. Se solucionará haciendo posible que en España vuelva a construirse vivienda asequible a gran escala, y para conseguirlo necesitamos suelo a precios razonables, urbanización, financiación suficiente, seguridad jurídica, planeamientos ágiles y licencias que no tarden años. Necesitamos colaboración entre ayuntamientos, comunidades autónomas, Estado, entidades financieras, fondos, cooperativas y promotores privados y, sobre todo, entender algo elemental: la Administración no puede construir por sí sola las cientos de miles de viviendas que España necesita. Necesita a la iniciativa privada.
Pero si queremos que el empresario construya vivienda protegida tendremos que conseguir que los números salgan. No podemos exigir precios asequibles mientras el suelo, la construcción, la financiación, los impuestos y los interminables costes administrativos siguen creciendo. No podemos pedir al promotor que produzca vivienda barata mediante un sistema que hace cada día más caro producirla. El Estado dispone de instrumentos extraordinariamente poderosos para cambiar esta situación: suelo público, financiación preferente, avales, fiscalidad favorable, colaboración público-privada, fondos europeos, simplificación administrativa y capacidad normativa. Úsenlos.
Y recuperemos además la vivienda protegida en propiedad. Facilitemos hipotecas asequibles para jóvenes y familias trabajadoras, garanticemos parte de la financiación cuando sea necesario, movilicemos suelo a precios compatibles con la VPO, reduzcamos cargas fiscales, acortemos radicalmente los plazos urbanísticos y demos seguridad a quien esté dispuesto a invertir su dinero en construir vivienda asequible. Porque el problema de España no consiste en encontrar 800 viviendas; consiste en producir cientos de miles.
Casa 47 puede ser una herramienta más y sería absurdo despreciar cualquier vivienda que consiga poner a disposición de una familia, pero no confundamos una herramienta con una política nacional de vivienda. Cuando hay un incendio de esta dimensión no basta con presentarse con un vaso de agua y convocar una rueda de prensa para enseñarlo.
España necesita un auténtico PACTO NACIONAL POR LA VIVIENDA ASEQUIBLE que movilice suelo, capital público y privado, promotores, constructores, entidades financieras y administraciones, con objetivos medibles en decenas y cientos de miles de viviendas, no en centenares. Porque hay una realidad que ningún anuncio puede esconder: NO HAY VIVIENDA ASEQUIBLE SIN SUELO ASEQUIBLE.
Y hay que volver a ofrecer a nuestros jóvenes algo que durante generaciones fue perfectamente normal en España: trabajar, ahorrar, comprar una vivienda y construir en ella su futuro.
Eso sí sería una auténtica política de vivienda. Otros que vengan la harán.
Lo demás, mientras cientos de miles de españoles siguen esperando, corre el peligro de quedarse en propaganda.
