Fernando Villena Madrid. Suite Información.– Hay situaciones que terminan retratando a los gobiernos mucho más que cualquier discurso parlamentario. Y lo ocurrido en Ceuta constituye una de ellas. Porque cuando una ciudad española se enfrenta a una crisis de semejante magnitud, lo que debería aparecer en primer lugar es el Estado, con toda su capacidad, autoridad y medios. No después de semanas de desconcierto, contradicciones y enfrentamientos políticos, sino desde el primer minuto.
Pedro Sánchez dijo que «Ceuta es España en la frontera» y aseguró que el Gobierno utilizaría todos los recursos del Estado para proteger a sus ciudadanos. Son palabras rotundas. El problema es que las palabras, cuando se pronuncian desde el poder, tienen la obligación de convertirse en hechos.
Y aquí es donde empieza el verdadero problema.
Porque mientras miles de españoles de otras provincias han mostrado su solidaridad con los ceutíes, mientras ciudadanos de todo el país han entendido perfectamente que lo que ocurre en Ceuta también les afecta a ellos, el Gobierno ha tenido que acabar reconociendo que la respuesta de las administraciones públicas «no ha sido suficiente». ¿Cómo puede ser suficiente una respuesta que el propio presidente reconoce que no lo ha sido?
Ceuta no es un territorio extranjero. No es una colonia. No es una frontera ajena. No es un problema migratorio que pueda contemplarse desde Madrid como si sucediera a cientos de kilómetros de España. Ceuta es España. Y los ceutíes son españoles.
Y precisamente por eso resulta difícil entender que una ciudad española pueda verse sometida a una situación extraordinaria y que, en lugar de transmitir desde el primer momento una imagen de control absoluto, el Gobierno termine envuelto en contradicciones sobre qué se sabía, cuándo se sabía y qué información llegó a las distintas instituciones. RTVE ha documentado precisamente esas contradicciones internas en la gestión de la crisis, mientras un informe de la Policía Nacional apunta a que agentes marroquíes habrían guiado parte de las entradas masivas producidas el 30 y 31 de julio.
Y ante algo así hay una pregunta que resulta inevitable: ¿qué habría ocurrido si una situación semejante se hubiera producido en cualquier otra provincia española?
Porque resulta muy fácil hablar de igualdad territorial cuando todo funciona con normalidad. Lo verdaderamente importante es comprobar esa igualdad cuando llegan los problemas. Cuando hay que proteger una frontera. Cuando hay que reforzar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Cuando hay que garantizar los servicios públicos. Cuando hay que impedir que una ciudad quede desbordada.
Entonces es cuando se descubre si la igualdad es una convicción o simplemente una palabra útil para los discursos.
El Gobierno ha adoptado medidas. Ha declarado la situación de interés para la Seguridad Nacional y ha desplegado miles de militares y recursos. A mediados de septiembre aseguraba que ya había 4.160 personas en plazas temporales y que se preparaban hasta 6.000 plazas. Nadie puede negar que posteriormente se han movilizado recursos. Pero precisamente por eso la pregunta resulta todavía más incómoda: ¿por qué tuvo que llegar una crisis de estas dimensiones para que el Estado reaccionara con toda su capacidad?
Y hay algo todavía más preocupante: que la política española haya sido capaz de convertir una tragedia institucional en otra batalla partidista.
Mientras Gobierno y oposición se acusan mutuamente, mientras los ministros ofrecen explicaciones diferentes y mientras las administraciones discuten sobre competencias y responsabilidades, los ceutíes siguen siendo quienes soportan directamente las consecuencias.
Eso no es precisamente una demostración de eficacia.
Y tampoco es una demostración de ética política.
Porque la ética política no consiste en pronunciar discursos sobre derechos humanos mientras se permite que los ciudadanos que viven en la frontera soporten una presión extraordinaria. Tampoco consiste en recordar que Ceuta es España cuando interesa defender la soberanía nacional y olvidarlo cuando toca asumir las obligaciones que esa soberanía implica.
La ética política consiste en proteger primero a los ciudadanos y discutir después quién se lleva el mérito.
Los españoles de Ceuta no deberían tener que reclamar continuamente que se les trate como españoles. No deberían necesitar que desde Madrid se les recuerde que forman parte de España. No deberían depender de que una crisis alcance una determinada dimensión para que el Estado movilice sus recursos.
Y mucho menos deberían convertirse en moneda de cambio de las relaciones políticas con terceros países.
España puede mantener relaciones diplomáticas con Marruecos. España puede defender sus intereses económicos. España puede buscar cooperación internacional. Todo eso forma parte de la política exterior de cualquier Estado. Pero existe una línea que ningún Gobierno debería cruzar: la seguridad y los derechos de sus propios ciudadanos no pueden quedar subordinados a ninguna conveniencia política.
Porque si el Estado exige a los ceutíes que sean españoles, debe comportarse con ellos como un Estado que considera a esos ciudadanos exactamente iguales al resto.
No hacen falta discursos patrióticos, no hacen falta banderas, no hacen falta fotografías, hace falta Estado, hace falta seguridad, hace falta autoridad, hace falta previsión. Y, sobre todo, hace falta que quienes gobiernan comprendan que los ciudadanos de Ceuta no son españoles de segunda categoría.
Lo verdaderamente indignante sería que miles de españoles estén demostrando desde la Península mucha más solidaridad con Ceuta que la que los propios ciudadanos ceutíes sienten que reciben de quienes tienen la obligación constitucional de protegerlos.
Porque España no puede ser una nación únicamente para recaudar impuestos, celebrar elecciones y pedir obediencia a sus ciudadanos.
España tiene que estar también cuando sus ciudadanos necesitan que esté.
Y Ceuta lleva demasiado tiempo esperando una respuesta que esté a la altura de lo que significa ser España. Las palabras de Pedro Sánchez fueron claras: «Ceuta es España en la frontera». Ahora solo falta que los hechos estén a la misma altura.
Porque para los ceutíes, ser españoles no debería ser una declaración política. Debería ser una garantía.
