Manuel Recio Abad. Suite Información.– El otro día hablaba con un agricultor de Albaida del Aljarafe, Sevilla, propietario de una finca de olivar. La conversación no tenía nada que ver con la política. Hablábamos de aceitunas, de jornales y de lo difícil que, según me contaba, le estaba resultando encontrar gente para trabajar. Aquello me hizo pensar.
Pocos días después, mi amiga Pilar Cosmen, que había leído y estudiado bastante sobre este asunto, me sugirió que escribiera sobre él. Y cuando dos conversaciones distintas terminan llevándote al mismo sitio, quizá merezca la pena detenerse, mirar los números y hacerse algunas preguntas.
Porque Andalucía lleva más de cuarenta años conviviendo con un sistema especial destinado precisamente a paliar la falta de trabajo en el campo y, sin embargo, uno escucha cada vez con mayor frecuencia a agricultores quejarse de que, cuando llega la campaña, tienen dificultades para completar las cuadrillas.
Algo no cuadra.
Los que tenemos ya algunos años recordamos perfectamente aquellas tres letras: PER. El Plan de Empleo Rural nació en una Andalucía que tenía poco que ver con la de hoy, con enormes bolsas de desempleo agrícola, pueblos enteros dependiendo de las campañas, jornaleros que podían trabajar unas semanas y pasar meses sin jornal y familias para las que cualquier interrupción de la actividad significaba sencillamente quedarse sin ingresos.
Había que hacer algo. Y se hizo.
Negar la función social que tuvo aquel sistema sería absurdo. Permitió que miles de familias pudieran subsistir, ayudó a fijar población en muchos pueblos y llevó también dinero público a obras e infraestructuras municipales que difícilmente se habrían realizado de otra manera. La propia Junta de Andalucía sigue defendiendo el actual PFEA como un instrumento de empleo, mejora de infraestructuras y lucha contra la despoblación rural. (Junta de Andalucía)
Pero una cosa es reconocer lo que sirvió y otra muy distinta renunciar a preguntarse, cuarenta años después, si sigue teniendo sentido mantener básicamente la misma filosofía.
Porque el PER cambió de nombre, se transformó, apareció el PFEA, la renta agraria y permaneció el subsidio agrario, aunque conviene aclarar que no son exactamente la misma cosa. El PFEA financia contrataciones, fundamentalmente a través de corporaciones locales, para realizar obras y servicios de interés general; el subsidio y la renta agraria son prestaciones dirigidas a trabajadores eventuales agrarios de Andalucía y Extremadura. (SEPE)
Pero detrás de las denominaciones administrativas permanece una palabra que en Andalucía entiende todo el mundo: las peonadas.
Y ahí empiezan mis dudas.
La regla general para acceder al subsidio agrario continúa hablando de 35 jornadas reales cotizadas, aunque durante los últimos años, como consecuencia de circunstancias excepcionales, ese requisito llegó temporalmente a reducirse a diez. (SEPE)
No voy a hacer demagogia con esto. Quien cumple los requisitos establecidos por el Estado y cobra una prestación tiene todo el derecho del mundo a cobrarla. El problema no es el jornalero. No me interesa señalar a quien recibe quinientos o seiscientos euros para poder llegar a final de mes.
Me interesa quien diseñó el sistema y, sobre todo, quien después de cuatro décadas no ha sido capaz de conseguir que deje de ser necesario.
Porque ahí está, para mí, la verdadera cuestión.
Una ayuda social debería tener como mayor éxito conseguir algún día que quien la recibe ya no la necesite.
Y, sin embargo, hemos convertido en estructural lo que nació para responder a una situación excepcional.
Hay además un dato que merece atención. El número de beneficiarios está descendiendo claramente. En octubre de 2008 había 202.450 perceptores entre subsidio y renta agraria. En octubre de 2025 eran 135.317. Son aproximadamente 67.000 menos, una caída cercana a un tercio. Y el descenso continúa siendo visible año tras año en las estadísticas oficiales. (SEPE)
Entonces vuelvo a la conversación con aquel agricultor de Albaida.
¿Cómo puede convivir durante tantos años un sistema concebido para proteger a quienes no encuentran suficientes jornales con agricultores que aseguran tener dificultades para encontrar trabajadores cuando los necesitan?
No digo que ocurra en todas partes ni en todas las campañas. El campo andaluz es demasiado grande y demasiado diverso para hacer semejante afirmación. Precisamente por eso quiero huir de los tópicos. Pero la contradicción existe y merece ser estudiada.
Quizá el problema ya no sea el mismo que teníamos hace cuarenta años.
Quizá estemos intentando resolver una Andalucía de 1984 con mecanismos que hemos ido prorrogando hasta 2026.
Y quizá haya llegado el momento de formular una pregunta incómoda: ¿hemos empleado durante estas cuatro décadas todo ese esfuerzo económico solamente para proteger a quienes no tenían trabajo o también para crear las condiciones necesarias para que acabaran encontrándolo?
Porque proteger al que lo necesita es solidaridad.
Conseguir que deje de necesitarlo es progreso.
He querido empezar por aquí, sin entrar todavía en la enorme montaña de dinero que hay detrás de esta historia. Porque cuando uno empieza a sumar lo destinado durante décadas a prestaciones agrarias, planes de empleo y diferentes mecanismos públicos, aparecen cifras que obligan a detenerse.
Y esas cifras merecen otro artículo.
Quiero convertirlas en euros y también en aquellas pesetas con las que comenzó todo, estudiar cuánto hemos gastado, cuántas personas dependían entonces del sistema y cuántas dependen ahora, y plantear otra pregunta todavía más incómoda: qué parte de aquella inmensa cantidad de dinero podría haberse dedicado a crear industria, cooperativas, transformación agroalimentaria, empresas y empleo permanente precisamente en los pueblos donde durante cuarenta años hemos estado contando peonadas.
Pero eso será dentro de unos días.
Hoy me quedo con la frase de aquel agricultor de Albaida.
«No encuentro gente».
Y después de más de cuarenta años financiando un sistema nacido porque faltaba trabajo en el campo, resulta difícil escucharla sin hacerse preguntas.
