Manuel Recio Abad. Suite Información.- La cuestión no era baladí. Se trataba de discutir públicamente y en directo si el Gobierno que depende de apoyos cambiantes, sometido a tensiones permanentes y con evidentes dificultades para consolidar una mayoría estable, conserva legitimidad política suficiente para continuar dirigiendo el país o si, por el contrario, debería iniciarse el camino hacia unas nuevas elecciones generales que permitieran a los ciudadanos pronunciarse nuevamente.
Sin embargo, ni siquiera se permitió el debate y cuando una democracia empieza a tener miedo al debate, algo fundamental comienza a deteriorarse.
El Parlamento no está para proteger a los gobiernos. Tampoco para blindar a mayorías esperpénticas y circunstanciales. Su función es servir de escenario al contraste de ideas, al control del poder ejecutivo y a la confrontación política dentro de unas reglas democráticas. Impedir que una determinada cuestión llegue siquiera a ser discutida supone vaciar de contenido una de las funciones fundamentales de la institución parlamentaria.
La democracia no consiste únicamente en votar cada cuatro años. También consiste en permitir que los representantes públicos expresen, defiendan y sometan a votación las posiciones políticas que consideran relevantes para el interés general. Cuando determinados asuntos son apartados del debate mediante decisiones procedimentales, la sensación que se transmite a la ciudadanía es que las instituciones están más preocupadas por defensas partidarias que por facilitar la deliberación pública.
La consecuencia es devastadora para la confianza ciudadana. Millones de españoles observan con preocupación cómo problemas que afectan directamente a la estabilidad política del país parecen quedar fuera del alcance del debate parlamentario. Cuando los ciudadanos perciben que determinadas cuestiones no pueden discutirse, inevitablemente surge la sospecha de que existen temas prohibidos, debates vetados y mecanismos diseñados para evitar el desgaste político de quien ejerce el poder.
La democracia se fortalece cuando las ideas se enfrentan y se debilita cuando estas se silencian. Resulta paradójico que quienes proclaman constantemente la defensa de los valores democráticos parezcan incómodos ante la posibilidad de someter determinadas cuestiones a la discusión pública. Si un Gobierno mantiene el respaldo suficiente, el debate debería reforzar su posición. Si no lo tiene, la ciudadanía tiene derecho a conocerlo. En ambos casos, la transparencia beneficia al sistema democrático.
Lo preocupante no es que existan discrepancias políticas. Lo preocupante es que se impida discutirlas.
La Mesa del Congreso debería ser garante de la pluralidad parlamentaria y no un filtro político destinado a decidir qué asuntos merecen ser escuchados y cuáles no, debiendo desaparecer por la puerta de atrás. Porque cuando los debates incómodos terminan en el cajón por una interesada y cobarde decisión administrativa, la política deja de parecerse a una democracia abierta y empieza a recordar a un sistema donde el procedimiento se utiliza para evitar la obligada rendición de cuentas.
. Quizá el mayor daño no sea institucional, sino moral. Cada vez que se impide debatir una cuestión de evidente importancia política, aumenta la distancia entre los ciudadanos y sus representantes, el desencanto, la desconfianza y esto no consigue más que aumentar la sensación de que las instituciones ya no pertenecen a quienes las sostienen con sus votos y sus impuestos.
La democracia no muere de un día para otro. Se va erosionando lentamente. Se desgasta cuando el debate se sustituye por el veto, cuando la crítica se convierte en molestia y cuando las instituciones dejan de ser espacios de deliberación para convertirse en instrumentos de conservación del poder.
Cuando eso ocurre, lo que acaba en el wáter no es sólo el impedido debate parlamentario. Lo que se tira por el desagüe es una parte de la confianza de los ciudadanos en su propia democracia.
