Bajo el amparo de tecnicismos burocráticos y argumentos competenciales, el Gobierno ha iniciado una cascada de vetos contra las concentraciones pacíficas convocadas para este miércoles, 2 de septiembre, en apoyo a la ciudad autónoma de Ceuta. El caso más sonado ha sido la prohibición de la cita en la madrileña plaza de Cibeles, pero la orden de frenar estas iniciativas se ha extendido por varias delegaciones del Gobierno en toda España. La justificación oficial asegura que los Ayuntamientos no tienen potestad para convocar según la ley del derecho de reunión. Sin embargo, en los pasillos de la política nacional, la lectura es muy distinta: Pedro Sánchez tiene un miedo indisimulable a que estas manifestaciones se conviertan en un éxito abrumador.
Para el Palacio de la Moncloa, la crisis migratoria y humanitaria que atraviesa Ceuta es un terreno altamente inflamable. El temor del presidente no radica en las protestas de la oposición, sino en el carácter transversal de esta convocatoria. Un éxito masivo en las calles de toda España evidenciaría un hartazgo ciudadano generalizado y proyectaría una imagen de unidad nacional de la que el actual Ejecutivo quedaría excluido y señalado.
El pánico a perder el pulso de la calle ha quedado también reflejado a nivel interno en el Partido Socialista. Desde Ferraz se ha emitido una orden estricta a todos sus cargos públicos para que se desmarquen de cualquier acto de solidaridad institucional este 2 de septiembre, acusando al Partido Popular de «manipulación». Pero el miedo de Sánchez a que la movilización sea un éxito tiene fundamentos sólidos, especialmente porque el muro de contención de su propio partido ha comenzado a resquebrajarse.
El hecho de que alcaldes socialistas —como ha ocurrido en municipios valencianos como Sagunto— hayan decidido desoír las directrices de su líder y sumarse a las convocatorias, confirma los peores presagios de Moncloa: la causa ceutí genera una empatía nacional que no entiende de colores políticos. Si la sociedad civil y las instituciones locales se unen en bloque, la narrativa del Gobierno central sobre la gestión de la crisis quedará severamente debilitada.
Al tratar de silenciar estas muestras de solidaridad mediante prohibiciones gubernamentales, Sánchez busca evitar la fotografía de una España unida y movilizada que contraste con su gestión. Sin embargo, el intento de censurar un acto de solidaridad ciudadana podría acabar logrando justo lo que el presidente tanto teme: un «efecto Streisand» que multiplique la indignación y convierta las prohibiciones en el mayor incentivo para que la ciudadanía salga a la calle. Al final, el empeño por desactivar las marchas solo demuestra hasta qué punto el éxito de las mismas aterroriza al Gobierno.
