El Tribunal Supremo ha decido suspender de manera cautelar la inscripción en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) de las personas que obtuvieron la nacionalidad española a raíz de la llamada ‘ley de nietos’, salvo que acrediten su condición de descendientes de españoles que sufrieron exilio por la Guerra Civil y la dictadura franquista.
Mediante una decisión a la que ha tenido acceso RTVE, la Sala de lo Contencioso-Administrativo acuerda suspender la posibilidad de inscribirse en el censo y votar a estas personas en los sucesivos procesos electorales que puedan convocarse, estimando parcialmente las medidas cautelares pedidas por Vox e Iustitia Europa. Estas organizaciones habían solicitado a la Junta Electoral Central que no se admitiera este voto del exterior, pero les respondió que no era competente y decidieron acudir a los tribunales. Los argumentos del Supremo para tomar esta decisión se conocerán en unos días.
La llamada ‘ley de nietos’ es el nombre con el que se conoce una disposición adicional de la Ley de Memoria Democrática. Permite obtener la nacionalidad a los nacidos fuera de España de padres o abuelos españoles que la perdieron tras sufrir exilio por razones políticas o ideológicas y que lo acrediten. Sin embargo, una instrucción posterior del Gobierno sobre cómo aplicar esta medida en los registros consulares, recogía que «se presumirá la condición de exiliado» a todos los que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. En esto se apoyan los recurrentes para interpretar que la norma abre la puerta a la obtención generalizada de la nacionalidad y, por tanto, el derecho al voto.
Con la decisión de este martes, el Supremo suspende el voto para las personas ya inscritas y para las nueva inscripciones en el censo electoral de acuerdo a esta instrucción que «presume» la condición de exiliado. Sin embargo, mantendrán el derecho a voto quienes obtengan la nacionalidad de acuerdo con los requisitos de la ley: quienes acrediten ser «nacidos fuera de España, de padre o madre, abuelo o abuela que originariamente fueran españoles, y que hubieran sufrido exilio por razones políticas, ideológicas, o de creencia o de orientación de identidad sexual (…)». La suspensión, dice el Supremo, no se aplica a las personas a quienes los registros consulares expidan el certificado de que son descendientes de exiliado «sin haber aplicado la presunción» de exiliado. Esta medida se mantendrá hasta que se dicte sentencia y se resuelva el fondo del asunto.
El Supremo ordena por ello a la Junta Electoral Central (JEC) que requiera de inmediato sobre ese extremo a los encargados de los registros consulares. Igualmente, ordena a la Oficina de Censo Electoral que proceda al desglose de los expedientes de inscripción censal que procedan de la aplicación directa de los supuestos de exilio recogidos en la ley, y de los aprobados al amparo de la interpretación realizada por la instrucción.
Según las cifras del Gobierno, 2,4 millones de descendientes de quienes se vieron obligados al exilio tras la Guerra Civil o por la persecución franquista han solicitado la nacionalidad española a través de esta vía, nacionalidad que es la que da derecho al voto. De ellos, 544.722 la tienen aprobada y 306.000 están ya inscritos como españoles. Son cifras que elevarán el censo de votantes desde el extranjero porque en las últimas elecciones generales, en 2023, estaban llamados al voto 2.327.388 españoles que residían fuera de España.
PP y Vox aplauden la decisión
Nada más conocerse la decisión, el líder de PP, Alberto Núñez Feijóo, ha aplaudido la decisión y ha recordado que su formación se opuso a esta ley y cargó contra la «opacidad absoluta» y la «urgencia» con la que el Gobierno la tramitó. «Teníamos razón», ha escrito en la red social X.
Para la vicesecretaria de Coordinación Sectorial, Alma Ezcurra, el Gobierno pretendía «con todo descaro alterar las elecciones generales para que Pedro Sánchez se perpetuara en el poder». En este sentido, ha afirmado que que «se ha encontrado con un Estado de derecho que funciona y con una Justicia que funciona a pesar de todos los intentos del Gobierno por acosar a jueces y magistrados.
También Vox ha celebrado que el Supremo haya acordado suspender provisionalmente las inscripciones en el CERA. En un comunicado, la formación de Santiago Abascal sostiene que se ha logrado «suspender el intento de manipulación del censo electoral para alterar las elecciones» y que se ha tenido en cuenta la medida cautelar que solicitó. El diputado de Vox Ignacio Hoces ha calificado esta decisión del Supremo como una «gran victoria» de su partido.
El Gobierno no comparte la decisión
Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado se han opuesto a la suspensión de estas inscripciones en el voto CERA porque vulneraría el «derecho del sufragio activo, derecho fundamental reconocido en la Constitución». En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha dejado claro que el Ejecutivo «no comparte» tampoco la decisión del Supremo. «Confiamos en la imparcialidad de la justicia en el Estado de Derecho», ha afirmado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, a preguntas de los periodistas.
El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha rechazado también esta medida cautelar porque «suspende el derecho de voto de miles de españoles» y ha pedido al Supremo que dicte sentencia antes de las próximas elecciones: «Estamos hablando de lo más sagrado que es el derecho al voto». El ministro Óscar Puente, por su parte, ha calificado de «difícilmente comprensible» la decisión del alto tribunal.
La Fiscalía y la Abogacía del Estado se han opuesto a suspender las altas incorporadas al Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) como consecuencia de la denominada ley de nietos, como piden Iustitia Europa y Vox, porque eso implica revisar la concesión de la nacionalidad, que no es lo que se ha recurrido.
El PSOE, por su parte, ha señalado que «escondida tras una asociación ultra, está la estrategia compartida por PP y Vox de bombardear todos los flancos de nuestro sistema democrático» y considera que con esta iniciativa ambos partidos buscan sembar sospechas sobre los procesos electorales. En este sentido, señala la formación, «Feijóo vuelve a pasear por el camino que le abre Abascal. La derecha ultra y la ultraderecha ya son indistinguibles».
