Manuel Recio Abad. Suite Información.– Lo ocurrido hoy en el Congreso puede haber marcado un punto de inflexión en la legislatura. Los dos decretos de vivienda del Gobierno han sido rechazados y la discusión política vuelve inmediatamente al terreno del sí o del no, de vencedores y vencidos, de propietarios contra inquilinos, de izquierda contra derecha.
Y quizá ese sea precisamente uno de nuestros grandes errores.
El problema de la vivienda no es blanco o negro. No se resuelve preguntando si estamos con el propietario o con el inquilino, con el libre mercado o con la intervención. Se resuelve consiguiendo que haya muchas más viviendas disponibles y a precios que puedan pagar las familias.
España necesita aumentar la oferta. Oferta de vivienda protegida, oferta de vivienda asequible y oferta de alquiler. Y para que aparezcan miles de viviendas hoy vacías en el mercado del alquiler hace falta también seguridad jurídica para sus propietarios. Quien alquila una vivienda debe saber que podrá cobrar la renta pactada y que, cumplido el plazo establecido legalmente, podrá recuperar su propiedad. Ese plazo podrá discutirse políticamente —cinco, siete, diez años o el que finalmente establezca la ley—, pero convertir de hecho un contrato temporal en una relación indefinida plantea un debate legítimo sobre los incentivos para mantener esas viviendas en alquiler.
De hecho, esta cuestión estuvo en el centro de la discusión de hoy. El segundo decreto pretendía establecer la renovación automática de determinados contratos y fue rechazado no solamente por PP, Vox y Junts, sino también por PNV y Coalición Canaria. Junts sostuvo durante el debate que determinadas medidas podían reducir la oferta y generar inseguridad, una tesis defendida por ese partido y discutida por el Gobierno.
Vivimos en una economía de mercado y la vivienda necesita inversión privada. Eso no significa que el Estado deba retirarse, sino precisamente lo contrario: debe concentrar una parte importante de sus recursos en conseguir que se construya vivienda. Suelo asequible, urbanización, financiación promotora, avales para compradores, fiscalidad adecuada y Administraciones capaces de tramitar un planeamiento, una licencia de derribo o una de edificación en plazos razonables.
Y después, construir.
Porque promotores y constructores sabemos hacerlo. Si existen suelo, financiación, seguridad jurídica y compradores capaces de acceder a las viviendas, el sector puede producir decenas de miles de viviendas. Lo que no podemos hacer es fabricar suelo urbanizado, concedernos nuestras propias licencias, financiarnos solos y solucionar además la entrada que necesita una familia para comprar su primera casa.
Por eso echo de menos que la gran discusión nacional sea mucho más sencilla: ¿cuántas viviendas necesita España y qué tenemos que hacer para construirlas?
Después podremos discutir quién debe hacerlas, cómo se financian, cuánto suelo público debe movilizarse, qué impuestos deben reducirse, qué protección necesita el inquilino y qué garantías necesita el propietario. Pero primero habrá que aceptar una realidad elemental: cuando un bien escasea y la demanda aumenta, difícilmente conseguiremos hacerlo accesible sin aumentar sustancialmente su oferta.
Y ahí aparece nuevamente la política.
Porque lo ocurrido hoy no solamente cuestiona dos decretos. Plantea una pregunta sobre la capacidad del Gobierno para construir mayorías parlamentarias. Junts rechazó ambos textos y presentó una propuesta alternativa; PNV y Coalición Canaria diferenciaron incluso entre uno y otro decreto. Es decir, ni siquiera entre quienes han apoyado al Gobierno existe una única posición sobre cómo afrontar la vivienda.
Quizá esa sea la fotografía más importante de este viernes.
No estamos ante un país dividido entre quienes quieren solucionar el problema de la vivienda y quienes no. Estamos ante propuestas profundamente diferentes sobre cómo solucionarlo.
Y si esas diferencias han llegado a un punto en el que el Gobierno ya no consigue reunir una mayoría suficiente para aprobar medidas que considera esenciales, entonces la pregunta deja de ser solamente qué política de vivienda necesita España.
La pregunta es si esta legislatura todavía tiene recorrido.
Puede intentarse reconstruir una mayoría, negociar nuevos textos y buscar acuerdos diferentes. Esa posibilidad existe y Junts, de hecho, ha entregado una propuesta alternativa al Gobierno.
Pero también existe otra salida perfectamente constitucional: disolver las Cortes y devolver la palabra a los ciudadanos.
No sé cuál será la decisión.
Lo que sí sabemos después de lo ocurrido hoy es que el problema de la vivienda seguirá ahí el lunes, haya o no elecciones.
Y quien gobierne tendrá que comprender alguna vez algo bastante sencillo: las viviendas no se construyen con consignas, se construyen con suelo, dinero, seguridad jurídica, licencias, empresas y trabajadores.
Y, sobre todo…construyéndolas.
