Manuel Recio Abad. Suite Información.– Hubo un tiempo, no tan lejano, en que un “militarote”venezolano convertido en presidente paseaba por la Plaza Bolívar de Caracas acompañado por cámaras de televisión. Preguntaba qué era aquel edificio, quién era su propietario, qué actividad desarrollaba allí. Cuando le contestaban que pertenecía a particulares y estaba ocupado por negocios privados, Hugo Chávez resolvía la cuestión con una palabra que acabaría convirtiéndose en símbolo de una determinada forma fascistoide de entender el poder: “¡Exprópiese!”. Ocurrió el 7 de febrero de 2010, durante una emisión del tedioso programa televisivo Aló Presidente. No es una leyenda urbana ni una exageración retrospectiva: está documentado.
Dieciséis años después, en España, aquella palabra vuelve a resonar.
El desahucio de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años, ha sido una imagen dolorosa. Ver abandonar en camilla la vivienda en la que había vivido durante décadas remueve a cualquiera que conserve un mínimo de sensibilidad. A mí también. Y precisamente por eso escribí sobre ella. Una sociedad digna debe disponer de instrumentos para impedir que una persona vulnerable termine abandonada a su suerte.
Pero una cosa es proteger a Maricarmen y otra muy distinta utilizar su desgracia para abrir la puerta a una política de expropiaciones.
Sumar ha exigido que el Consejo de Ministros apruebe la expropiación de la vivienda de Maricarmen. No es una interpretación mía. La formación lo ha reclamado expresamente, aunque Moncloa ha señalado que se trata de una propuesta de Sumar y no ha confirmado que vaya a aprobarse. Podemos ha ido muchísimo más lejos: Ione Belarra ha reclamado un “paso radical” y propone expropiar unas 650.000 viviendas que atribuye a fondos de inversión para incorporarlas al alquiler social. La cifra y la propuesta proceden de Podemos.
¡Exprópiese!
Qué extraordinariamente fácil resulta administrar la propiedad ajena.
Aquí está el problema de fondo. En España existe el derecho a la propiedad privada. No porque lo diga un propietario, un promotor inmobiliario o un fondo de inversión. Lo dice la Constitución Española. Su artículo 33 reconoce expresamente “el derecho a la propiedad privada y a la herencia”. Y la misma Constitución permite la expropiación, naturalmente, pero establece sus condiciones: causa justificada de utilidad pública o interés social, indemnización y sometimiento a las leyes.
Por tanto, no confundamos las cosas. Expropiar no es necesariamente antidemocrático ni inconstitucional. Lo preocupante es convertir la expropiación en un grito político, en una respuesta inmediata ante un caso que provoca indignación social, como si la propiedad privada fuera un derecho de segunda categoría que pudiera ponerse o quitarse según el clamor del momento.
Y resulta todavía más inquietante cuando simultáneamente se pretende recurrir a la legislación de urgencia. El artículo 86 de la Constitución permite al Gobierno dictar decretos-leyes en casos de “extraordinaria y urgente necesidad”, pero establece también límites expresos para esa facultad extraordinaria. La urgencia constitucional no debería convertirse en un atajo para legislar bajo el impacto emocional de un caso concreto.
Las leyes no pueden funcionar así.
Una democracia seria no legisla para vengar una sentencia que disgusta. No convierte al propietario que ha obtenido una resolución judicial favorable en enemigo público por el mero hecho de haberla obtenido. Tampoco debería fabricar normas a golpe de titular, manifestación o vídeo viral. Si una ley produce resultados socialmente insoportables, cámbiese la ley mediante los procedimientos democráticos establecidos, con debate, informes, seguridad jurídica y respeto a los derechos de todos.
Porque hay una pregunta que nadie parece querer hacerse: ¿qué seguridad jurídica queda si quien actúa conforme a la legislación vigente puede descubrir al día siguiente que el poder político pretende cambiar urgentemente las reglas precisamente porque no le ha gustado el resultado?
Y hay otra todavía más incómoda: ¿quién pondrá mañana una vivienda en alquiler?
Llevamos años proclamando que España necesita más vivienda asequible mientras conseguimos que cada vez más pequeños propietarios contemplen el alquiler como una actividad llena de incertidumbre. Después nos sorprendemos de que retiren viviendas del mercado, exijan garantías imposibles o prefieran vender. La vivienda no aparecerá por decreto. Mucho menos aparecerá enfrentando permanentemente al inquilino con el propietario.
La solución al problema español de la vivienda exige exactamente lo contrario: suelo asequible, seguridad jurídica, colaboración público-privada, financiación, construcción masiva de vivienda protegida y asequible y un parque público suficientemente grande para atender precisamente casos como el de Maricarmen.
Eso cuesta dinero, planificación, años de trabajo y decisiones urbanísticas difíciles.
Expropiar queda mucho mejor en televisión.
Además, conviene recordar algo elemental: la propiedad privada suele resultar muy antipática para algunos hasta que se trata de la suya. La casa propia, los ahorros propios, el salario propio y el patrimonio propio merecen siempre una protección extraordinaria. El problema parece comenzar cuando la propiedad pertenece a otro.
No. Los derechos no funcionan así.
Maricarmen merecía una solución. La merecía antes del lanzamiento, no después. Las administraciones disponían de tiempo para buscar alternativas, negociar, adquirir otra vivienda, proporcionar alojamiento público o arbitrar cualquiera de las soluciones que un Estado moderno debe tener preparadas para una persona vulnerable. Así se hubiera evitado la utilización abusiva de la imagen de esta pobre señora con finalidades puramente de provecho político.
Lo que no necesita España es descubrir, después de sacar a una anciana en camilla, una repentina vocación expropiadora.
Porque cuando el Estado fracasa en proporcionar vivienda asequible, resulta demasiado cómodo señalar al propietario y decirle: ahora la solución la vas a pagar tú.
Y cuando la política sustituye la planificación por el dedo, el procedimiento por el eslogan y la seguridad jurídica por la ocurrencia, aquella vieja escena de Caracas deja de resultar tan lejana.
Un hombre preguntaba quién era el dueño.
Le respondían que era privado.
Entonces contestaba:
¡Exprópiese!
