Manuel Recio Abad. Suite Información.– España ha conseguido una de esas paradojas políticas que algún día habrá que estudiar con detenimiento: quienes gobiernan llaman a los ciudadanos a movilizarse para exigir soluciones a quienes gobiernan. No es un trabalenguas, aunque lo parezca. Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno de España, ministra de Trabajo y dirigente de Sumar, ha animado a quienes protestan por la vivienda a movilizarse «mucho y más», mientras exige al Gobierno un decreto que intervenga contra los llamados fondos buitre. La señora Díaz parece olvidar un pequeño detalle: ella es el Gobierno. No está sentada enfrente del Consejo de Ministros. Se sienta dentro.
De modo que podríamos aceptar su invitación y movilizarnos, naturalmente. Pero quizá habría que cambiar la dirección de la manifestación. Movilicémonos contra nosotros mismos. Que Sumar proteste contra Sumar, que los ministros protesten contra el Consejo de Ministros y que la vicepresidenta encabece una manifestación contra un Gobierno del que es vicepresidenta. Llegados a este punto, cualquier cosa es posible. Eso solo puede ocurrir hoy en España.
La vivienda es demasiado importante como para convertirla en semejante representación bufa. Durante años nos han repetido que la vivienda es un derecho. Lo dice, además, nuestra Constitución. El problema es que un derecho cuya materialización resulta económicamente inaccesible para una parte creciente de la población termina pareciéndose demasiado a un privilegio. Y ahí está el verdadero drama español: tenemos derecho a una vivienda sobre el papel mientras miles de trabajadores y jóvenes comprueban cada día que acceder a ella es extraordinariamente difícil por no decir imposible de momento.
No hace falta acudir a consignas para comprobarlo. Basta con mirar los datos. El Instituto Nacional de Estadística acaba de señalar que el precio de la vivienda aumentó un 12,2 % interanual en el segundo trimestre de 2026; la vivienda nueva subió un 7,4 % y la usada, un 12,9 %. Son cifras que describen por sí solas la velocidad del encarecimiento.
Y debajo del precio aparece el problema que llevamos años negándonos a afrontar con la suficiente decisión: faltan viviendas. El propio Banco de España ha venido advirtiendo de un desequilibrio entre la creación de hogares y la oferta residencial disponible y, más concretamente en el alquiler, ha señalado una oferta insuficiente para absorber el aumento de la demanda y un parque de alquiler social reducido.
Ahí debería comenzar cualquier política seria. Conjuntar esfuerzos e iniciativas público- privadas.Acortar plazos administrativos . Dar seguridad jurídica. Fomentar la edificación de vivienda protegida y vivienda asequible de verdad. Facilitar la colaboración entre todas las administraciones y los promotores. Conseguir que desde que existe un suelo susceptible de ser desarrollado hasta que una familia recibe las llaves no transcurra una eternidad administrativa. Porque no hay vivienda asequible sin suelo asequible, y tampoco hay vivienda a tiempo sin agilidad administrativa.
Sin embargo, una parte de nuestros políticos continúan buscando un culpable al que señalar. Un día son los fondos, buitres o gorriones, otro los grandes propietarios, otro los pequeños, las comunidades autónomas gobernadas por el adversario, Madrid o quien corresponda según la ocasión. Algunos de esos problemas existen y merecen medidas concretas, pero convertirlos en explicación universal permite evitar la pregunta incómoda: ¿qué responsabilidad tienen las políticas públicas de los últimos años en la situación actual?
Esa pregunta no admite una respuesta simplista. El déficit de vivienda en España viene de lejos, intervienen el crecimiento demográfico, la concentración de la demanda en determinadas ciudades, la escasez de suelo finalista, los costes de construcción, la lentitud administrativa, el reducido parque público y muchos otros factores. Precisamente por eso resulta tan pobre reducir una crisis estructural a una sucesión de enemigos políticos.
Y en el alquiler se ha cometido, a mi juicio, un error especialmente grave: legislar demasiadas veces como si propietario e inquilino fueran enemigos naturales. La inmensa mayoría del alquiler español no está en manos de gigantescas corporaciones. Eso es una gran mentira que quieren convertir en verdad a base de repetirla. El Banco de España estimó que alrededor del 92 % de las viviendas arrendadas pertenecían a particulares. Si el pequeño propietario llega a pensar que alquilar su vivienda supone asumir riesgos que no quiere soportar, puede venderla, dejarla vacía o buscar otras modalidades de arrendamiento. Y cada vivienda que abandona el alquiler residencial estable agrava precisamente el problema que se pretendía resolver.
Ahora se prepara otro decreto. Se habla de prorrogar contratos, regular alquileres de temporada y habitaciones, modificar al alza la fiscalidad de los pisos turísticos, ofrecer bonificaciones y aumentar la vivienda asequible, sin explicar cómo. El Gobierno sostiene que esas medidas reforzarán la protección de los inquilinos y aumentarán la oferta; sus críticos sostienen que nuevas intervenciones pueden producir el efecto contrario. Ese debate merece datos, evaluación y algo que escasea mucho en nuestra política: reconocer los resultados cuando contradicen las intenciones.
Porque una ley no debe juzgarse por lo bien que suena su exposición de motivos, sino por lo que ocurre después de aplicarla.
Mientras tanto, el trabajador busca un alquiler que pueda pagar. El joven hace números y retrasa su emancipación. Una pareja que quiere formar un hogar descubre que dos salarios no siempre bastan para comprar una vivienda en el lugar donde trabaja. Y quienes llevamos décadas conociendo el sector sabemos que ninguna consigna crea un metro cuadrado edificable, ningún eslogan concede una licencia y ninguna manifestación termina una promoción.
Las viviendas se construyen.
Y para construirlas hacen falta suelo, financiación, seguridad jurídica, empresas, administraciones eficaces, infraestructuras y tiempo. Después habrá que decidir qué parte debe ser protegida, cuál asequible, cuál libre, cómo incrementar el parque público y qué ayudas necesita quien realmente no puede acceder al mercado. Eso es política de vivienda. Lo demás corre el peligro de convertirse en política contra alguien.
Por eso resulta difícil contemplar sin asombro a una vicepresidenta del Gobierno alentando movilizaciones mientras exige al propio Gobierno una política diferente. Es legítimo que Sumar discrepe del PSOE; las coaliciones contienen discrepancias. Pero existe una diferencia entre discrepar desde dentro y presentarse ante la sociedad como si uno acabara de llegar y nada tuviera que ver con las decisiones del Ejecutivo al que pertenece.
Así que hagámosle caso a Yolanda Díaz.
Movilicémonos.
Movilicémonos por los jóvenes que no pueden emanciparse, por los trabajadores que no encuentran alquiler, por las familias que destinan una parte insoportable de sus ingresos a tener un techo, por los propietarios que necesitan seguridad y por quienes llevan años esperando que una Administración convierta suelo y proyectos en viviendas reales.
Pero cuando despleguemos la pancarta convendrá mirar quién está al otro lado.
Porque quizá descubramos la gran paradoja española de nuestro tiempo: quienes nos convocaron a protestar están también detrás de la mesa contra la que protestamos.
Movilicémonos, pues.
Pero esta vez, señora vicepresidenta, tendremos que movilizarnos contra ustedes.
Y usted tendrá un problema añadido: tendrá que decidir en qué lado de la pancarta quiere ponerse.
