Pablo Barrón. Suite Información.- Miles de personas llegan cada año a España huyendo de guerras, persecuciones y crisis humanitarias, buscando protección internacional como la vía más accesible para regularizarse y obtener un permiso de trabajo tras seis meses desde la primera cita, que es el trámite actualmente colapsado. Para muchos migrantes extracomunitarios, el asilo es la única alternativa viable frente a procesos como el arraigo social, que exige dos años en situación irregular y requisitos adicionales. Esta vía, diseñada para proteger a quienes enfrentan peligros reales, se ha convertido en un recurso masivo ante la falta de otras opciones legales, saturando un sistema ya desbordado. El resultado es una carrera de obstáculos casi insalvable: citas imposibles, líneas telefónicas saturadas y un mercado negro de turnos que puede costar hasta 300 euros. Este medio constata cómo un sistema estatal disfuncional margina a los solicitantes de asilo, vulnera sus derechos y traiciona los compromisos humanitarios de España.
Un sistema colapsado: La lucha por una cita.
Solicitar asilo en España requiere un trámite inicial: obtener una cita previa en las Oficinas de Extranjería o Comisarías de Policía, a través de la plataforma oficial de citas previas (https://icp.administracionelectronica.gob.es/icpplus/index.html) o por líneas telefónicas oficiales (Madrid: 913 22 01 89 y 913 22 01 90; Barcelona: 932 90 3098; Valencia: 649 49 76 59, con horarios restringidos). ACNUR España enfatiza que el trámite es gratuito y desaconseja recurrir a intermediarios no oficiales para evitar estafas.
Sin embargo, la realidad es desoladora.
Durante una semana, este medio verificó el sistema de citas. La plataforma digital muestra siempre “sin disponibilidad”. Las líneas telefónicas, perpetuamente ocupadas, rara vez conectan. “Usamos aplicaciones de marcación automática, pero ni así logramos contactar”, explica nuestro equipo. Informes de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) confirman que este colapso, persistente desde hace años, deja a miles en un limbo legal que vulnera sus derechos.
Voces desde la desesperación
Detrás de las cifras hay historias humanas desgarradoras. Mamadou, maliense de 30 años que huyó de la violencia, lleva cuatro meses en Madrid con la mirada cansada tras meses de incertidumbre. “Llamo todos los días desde las 8 de la mañana, pero nadie contesta.
Me ofrecieron una cita por 200 euros, pero no sé si es legal. Quiero trabajar, contribuir, pero estoy atrapado”, relata con frustración.
En Barcelona, Carla, madre venezolana de 34 años, comparte su drama: “La web nunca tiene citas. Tras tres semanas intentándolo, pagué 280 euros a un intermediario. No sé si es mafia, pero no tuve opción. Ahora limpio casas por 5 euros la hora, en negro, sin derechos”. Estos testimonios, respaldados por ONG como Accem, revelan cómo un sistema roto condena a los solicitantes a la precariedad.
Mafias y desidia estatal
El colapso ha dado pie a un mercado negro de citas. Redes organizadas, usando bots para reservar citas masivamente, acaparan turnos y los revenden por 50 a 300 euros.
En Valencia y Castellón, la Fiscalía investiga a grupos que lucran con la desesperación de migrantes de Siria, Mali o Bangladesh. “Es un abuso. Pagan porque no hay alternativa”, denuncia una abogada de extranjería bajo anonimato. Desde agosto de 2025, el Ministerio del Interior ha implementado citas por correo electrónico, pero abogadas de extranjería consultadas aseguran que esto agrava el caos.
Un costo humano y económico
Las barreras burocráticas tienen un impacto devastador. Sin cita, los solicitantes no pue- den tramitar su asilo y se ven abocados a la economía sumergida: agricultura, hostelería informal o repartos sin contrato. “Esto los expone a explotación y priva a España de cotizaciones sociales esenciales para sostener las pensiones, en un contexto de déficit creciente”, señala un informe de ParaInmigrantes.info. Con escasez de mano de obra y muchos solicitantes con formación, esta exclusión es una oportunidad perdida.
España, firmante de la Convención de Ginebra de 1951, debe garantizar el acceso al asilo. Sin embargo, las más de 100.000 solicitudes registradas hasta julio de 2025 chocan con un sistema desbordado. Mientras el Gobierno prorroga la protección temporal para ucranianos hasta 2026, otras nacionalidades enfrentan retrasos de meses o años. CEAR y ACNUR exigen más personal, una plataforma digital robusta y medidas contra las mafias.
Un llamado urgente
El calvario de los solicitantes de asilo es una crisis humanitaria y una falla estructural que margina a quienes buscan contribuir a España. Es imperativo actuar:
Digitalización efectiva: Crear una plataforma de citas transparente y protegida contra bots.
Más recursos: Ampliar el personal en oficinas de extranjería para agilizar trámites.
Lucha contra mafias: Fortalecer investigaciones y canales de denuncia accesibles.
Integración laboral: Acelerar permisos de trabajo para solicitantes, permitiéndoles contribuir a la economía formal.
2A los solicitantes: utilicen únicamente canales oficiales y denuncien cualquier irregularidad.
España no puede seguir fallando a quienes buscan refugio. La reforma del sistema de asilo es una obligación legal, una deuda moral y una oportunidad para fortalecer el país.
