Manuel Recio Abad. SUITE INFORMACION.- España está por no librarse de nada. Ahora tiene a un peligroso híbrido de jueza de la horca y Pasionaria en el Gobierno.
La sentencia absolutoria del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el recurso de apelación contra la sentencia nº 279/24 de la Audiencia Provincial de Barcelona de 22 de febrero de 2024 en la se condenaba al jugador de fútbol Daniel Alves a la pena de cuatro años y seis meses de cárcel. La sentencia está redactada en un total de 43 hojas y perfectamente fundamentada recogiendo una sentencia absolutoria unánime de los magistrados de sala. No hubo por tanto agresión sexual. ¿Pero quienes son estos señores para ir en contra de las tesis de violencia de género de los chiringuitos perroflauteros? La ministra de nuestras haciendas, en su vulgar y barriobajero estilo, ha salido al paso del atropello orquestado por un puñado de jueces de extrema derecha, que no tienen ni idea de lo que suponen las consecuencias de una bajada de portañuela para una pobre chica que casualmente sufre una subida de temperatura ante un conocido futbolista, le invita a visitar el aseo femenino de la discoteca al cual accede primero y cuando la pobre chica llega no sabemos a ciencia cierta qué es lo que ocurre.
La presunción de inocencia no existe, no opera, para esta parte interpretativa del código penal.
La reciente intervención de María Jesús Montero, ministra de Hacienda del Gobierno de España, en la controversia sobre la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de anular la condena a Dani Alves, declarándolo inocente, ha suscitado un intenso debate sobre el respeto a la división de poderes y la presunción de inocencia, principios fundamentales en un Estado democrático. Su actitud pone en tela de juicio no solo su capacidad como figura pública, sino también su compromiso con los valores que deberían guiar a quienes ocupan cargos en el Gobierno.
Montero no ha dudado en criticar a los magistrados del TSJC tras la anulación de la sentencia que condenaba al futbolista a cuatro años y medio de cárcel. Este tipo de declaraciones son preocupantes, ya que parece ignorar el principio básico del respeto a las decisiones judiciales. En una democracia, el poder judicial actúa como un contrapeso necesario frente a las decisiones del poder ejecutivo y legislativo. La crítica abierta a una resolución judicial por parte de un miembro del Gobierno es un ataque directo a esa separación esencial.
Además, las palabras de Montero parecen desafiar la presunción de inocencia, un derecho protegido tanto por nuestra Constitución como por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este principio establece que toda persona es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad. Al criticar públicamente a los magistrados y cuestionar su decisión, Montero podría estar contribuyendo a crear un clima hostil hacia el sistema judicial y, por ende, hacia el derecho fundamental a un juicio justo.
Es imperativo que figuras públicas como María Jesús Montero comprendan la importancia del respeto institucional y actúen con responsabilidad. La política no debe ser un campo donde se utilicen declaraciones incendiarias para ganar notoriedad o apoyo popular. En cambio, se necesita un diálogo constructivo que respete las decisiones judiciales y fomente el entendimiento entre las diferentes ramas del poder.
La actitud beligerante y poco respetuosa hacia el poder judicial puede tener consecuencias graves para el tejido democrático del país. Los ciudadanos deben poder confiar en que sus derechos serán protegidos por un sistema judicial independiente, sin injerencias ni presiones externas.
Dada la gravedad de sus declaraciones y su efecto potencial sobre la confianza pública en las instituciones, es razonable cuestionar si María Jesús Montero debería continuar en su puesto. Un líder debe ser capaz no solo de gestionar asuntos económicos, sino también de representar los valores democráticos que sustentan nuestra sociedad. En este sentido, sería prudente que el Gobierno reflexionara sobre cómo sus miembros representan al Ejecutivo en temas sensibles relacionados con la justicia. La capacidad para mantener una postura neutral y respetuosa ante decisiones judiciales es fundamental para preservar la integridad institucional.
La actitud desmedida de María Jesús Montero hacia el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que forma parte de todo un transparente y descarado montaje gubernamental contra la justicia, para garantizar su impunidad, pone en evidencia una falta de respeto hacia los principios democráticos más básicos. Es tiempo de exigir responsabilidad y respeto por parte de quienes ocupan cargos públicos. La división de poderes y la presunción de inocencia son pilares esenciales que deben ser defendidos por todos aquellos que buscan representar al pueblo español.
Un llamado claro: es momento para que Montero reflexione sobre sus acciones y considere si su papel en el Gobierno puede coexistir con una actitud tan poco respetuosa hacia las instituciones democráticas. La democracia necesita figuras comprometidas con sus principios más fundamentales, no individuos dispuestos a socavarlos por intereses particulares o políticas populistas.
