Manuel Recio Abad. SUITE INFORMACION.- Cándido Conde Pumpido, presidente del Tribunal Constitucional, ha afirmado que “cuestionar al Tribunal Constitucional es cuestionar la Constitución”. Esta declaración, aunque refleja la importancia del Tribunal como garante de nuestro ordenamiento jurídico, suscita un debate profundo sobre la naturaleza de todas las decisiones judiciales.
En 1971 el dibujante Jaume Perich editó un libro titulado “Cuando un bosque se quema, algo suyo se quema… señor Conde» El humorista se limitó a añadir un “señor Conde” a una frase que se divulgaba en televisión en un anuncio para evitar incendios en el medio rural.
En este contexto, es fundamental examinar la sentencia del caso de los Eres, que muchos consideran con más carga política que jurídica. Este artículo tiene como objetivo defender la teoría de que el cuestionamiento de esta sentencia no solo es válido, sino necesario para el fortalecimiento del estado democrático.
El Tribunal Constitucional, establecido por la Constitución Española de 1978, juega un papel crucial en el sistema jurídico español. Según el artículo 1.1 de la Constitución, España se constituye como un Estado social y democrático de derecho, donde se garantizan los derechos fundamentales y se establece el principio de separación de poderes. El Tribunal tiene la competencia de proteger estos derechos y controlar la constitucionalidad de las leyes, lo que lo convierte en un pilar del estado de derecho.
El caso de los Eres se refiere a un escándalo de corrupción relacionado con el uso indebido de fondos públicos en Andalucía. La sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla resultante condenó por el caso de la pieza política de dichos Eres, entre otros a los expresidentes socialistas de la Junta andaluza Manuel Chaves y José Antonio Griñán, e iban desde los seis y casi ocho años de cárcel para nueve de ellos hasta la inhabilitación por prevaricación de los otros nueve.
La Audiencia de Sevilla condenó el 19 de noviembre de 2019 a 19 de los 21 acusados del juicio de los Eres y solo dos fueron absueltos, Manuel Gómez, ex interventor general de la Junta de Andalucía y Francisco del Río, exjefe del gabinete jurídico de dicha Junta, mientras que el exdirector general de Empleo Francisco Javier Guerrero, que fue condenado a siete años y 11 meses de cárcel, falleció en octubre de 2020.
Sin embargo, muchos críticos argumentan que esta decisión judicial tuvo un fuerte componente político, influenciada por las circunstancias sociales y políticas del momento.
Desde una perspectiva crítica, se puede argumentar que la sentencia del Tribunal Constitucional ordenando a la Audiencia de Sevilla dictar nuevos fallos respetando los derechos fundamentales violentados, carece del rigor jurídico necesario. Por ejemplo: La forma en que se interpretaron las pruebas presentadas ha sido objeto de controversia. Algunos sostienen que el tribunal priorizó consideraciones políticas sobre una evaluación objetiva y rigurosa.
Además la presión mediática y política puede haber influenciado el proceso judicial, lo cual plantea serias dudas sobre la imparcialidad del tribunal. Por último y en comparación con otros casos similares donde no se aplicaron sanciones tan severas, surge la pregunta sobre si se aplicó justicia de forma equitativa o si por el contrario hubo motivaciones políticas detrás de esta decisión.
El derecho a cuestionar decisiones judiciales es fundamental en una democracia. El artículo 24 de la Constitución garantiza el derecho a obtener una tutela judicial efectiva y a ser juzgado con todas las garantías. Este derecho implica también que las decisiones del Tribunal Constitucional pueden ser objeto de crítica y debate público. Cuestionar estas decisiones no solo es legítimo; también es esencial para garantizar un control crítico sobre todas las instituciones del estado.
Una visión rígida sobre el cuestionamiento del Tribunal Constitucional puede perjudicar el estado democrático. La crítica constructiva fortalece la legitimidad del sistema legal al permitir un diálogo abierto entre ciudadanos y jueces. Un sistema donde no se permite cuestionar las decisiones judiciales puede llevar a una erosión de los derechos fundamentales y a una falta de confianza en las instituciones.
En conclusión, aunque se respete la autoridad del Tribunal Constitucional como guardián de nuestra Constitución, es imperativo reconocer que sus decisiones pueden ser objeto de análisis crítico.
Por ello, cuando el Tribunal Constitucional se quema, nada suyo se quema… Señor Conde, porque esa institución que usted preside, nos pertenece a todos los españoles.
La sentencia del caso de los Eres plantea interrogantes fundamentales sobre la relación entre política y justicia en nuestro país. Cuestionar esta sentencia no significa desafiar la Constitución; más bien, representa un ejercicio esencial en el fortalecimiento del estado democrático y en la protección de nuestros derechos.
