Manuel Recio Abad. Suite Información.- Durante años hemos escuchado a políticos de todos los colores explicar la crisis de la vivienda en España. Unos culpan a la falta de inversión pública, otros a la especulación, otros a los fondos de inversión y otros a la falta de coordinación entre administraciones. Se organizan conferencias, mesas de trabajo y se anuncian grandes planes de vivienda.
Sin embargo, se evita hablar de una realidad incómoda: una vivienda no se construye hasta que un ayuntamiento concede una licencia de obras.
Quien escribe estas líneas lleva cuarenta años, desde 1986, dedicado al urbanismo, la promoción y la comercialización inmobiliaria y ha comprobado una y otra vez cómo proyectos perfectamente legales, ajustados al planeamiento vigente y con toda la documentación técnica necesaria presentada, permanecen paralizados durante meses o incluso años en los departamentos municipales.
Una vez aprobado un Plan General de Ordenación Urbana y establecido qué se puede construir en cada parcela, el trabajo de la administración municipal no debería consistir en poner obstáculos adicionales. La función del ayuntamiento debe ser verificar con diligencia que el proyecto presentado cumple la normativa urbanística y técnica vigente y, si es así, autorizar la obra en un plazo razonable.
No es aceptable que una licencia de obra mayor tarde un año, año y medio o incluso más cuando detrás de ese expediente hay una inversión empresarial, puestos de trabajo, viviendas esperando llegar al mercado y familias esperando una solución habitacional.
Mientras el expediente descansa en una mesa de un departamento municipal, el coste del suelo sigue aumentando, los gastos financieros del promotor se acumulan, los materiales se encarecen y, finalmente, todo ese retraso termina repercutiendo en el precio que paga el comprador.
La gran contradicción de nuestro tiempo es escuchar cada día discursos alarmados por el precio de la vivienda mientras se mantiene una maquinaria administrativa municipal incapaz de responder con la agilidad que exige una emergencia social.
No estamos ante un problema de ideología. No es una cuestión de ayuntamientos gobernados por la izquierda o por la derecha. Es un problema estructural de una cultura administrativa que, en demasiadas ocasiones, ha olvidado que su misión es servir al ciudadano y facilitar la actividad económica legal, no actuar como si tuviera la propiedad absoluta sobre el desarrollo de las ciudades.
España no necesita más anuncios ni más planes de vivienda sobre el papel. Necesita ayuntamientos con medios técnicos suficientes, procedimientos digitales eficientes, responsabilidad en los plazos y una nueva mentalidad: comprender que una licencia concedida a tiempo no es un favor que se le hace a un promotor; es una contribución directa a solucionar uno de los principales problemas sociales de nuestro país.
Mientras no se señale este cuello de botella y no se reforme de verdad el funcionamiento municipal, seguiremos hablando de la crisis de la vivienda sin atacar una de sus causas más inmediatas.
Esta es la cadena económica del retraso: licencia tardía → más costes → menos oferta → vivienda más cara.
La mejor política de vivienda no siempre consiste en construir viviendas públicas; a veces consiste simplemente en que un funcionario firme una licencia en plazo.
