Manuel Recio Abad. Suite Información.- Creo que a estas alturas no hay quien dude de que España es un país absolutamente injusto. A esa conclusión no resulta difícil llegar cuando te toca enfrentarte a una legislación a veces obsoleta y en ocasiones fabricada con todos los vericuetos posibles : “quien hace la ley hace la trampa”. ¿Alguien no escucho esta manida y asombrosa frase alguna vez?. Con qué finalidad se introduce una trampa en la ley.
Existe una preocupación legítima sobre cómo los intereses particulares influyen sistemáticamente en la creación de leyes. Los que tienen el poder para legislar también tienen intereses personales o económicos en juego y de ahí puede surgir la tentación de redactar leyes que les favorecen, lo que genera una fuerte y arraigada desconfianza en el sistema.
La ambigüedad de la redacción de las leyes permite que ciertos individuos o entidades encuentren «lagunas» legales o formas de eludir la intención original de la norma. En este sentido, se puede argumentar que hay quienes «hacen trampas» al aprovecharse de estas ambigüedades. Eso se llama corrupción y carencia absoluta de ética.
El mundo de los que pretenden acceder a un puesto de funcionario público a través de las conocidas como oposiciones, está especialmente afectado por lo ya referido anteriormente. Hay que tener en cuenta que el 75% por ciento de los estudiantes españoles quieren ser funcionarios mientras que el mismo porcentaje de los estudiantes americanos quieren ser emprendedores.
El sector de la docencia pública se haya especialmente afectado y en el que interinos con tiempo de servicio anulan la posibilidad de acceso a quienes por concurso de mérito y formación demostrada están más capacitados para acceder a las plazas de funcionario. Aprueban las oposiciones pero nunca tienen plaza. La trampa que el PSOE inventó en Andalucía para el acceso al empleo público de docentes y sanitarios y que el gobierno del PP ha mantenido, con la misma finalidad.
En la próxima convocatoria autonómica de este mes de junio se presentarán a examen más de 60.000 opositores para ganar plazas de profesores. En estas oposiciones convocadas por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía para este mes de junio de 2025, se necesitan cubrir un total de 7.808 plazas distribuidas en 33 especialidades distintas. Esto incluye tanto plazas de nuevo ingreso como algunas provenientes de reservas. Se mantendrá el criterio de preferencia del tiempo de servicio. Vuelven a jugar con la ilusión de miles de personas que saben de antemano las dificultades de entrar a lo sumo y potencialmente en una bolsa de trabajo para sustituciones que nunca llegan.
También los sindicatos juegan un papel negativo de defensa a ultranza de los derechos de los interinos, en detrimento del nivel formativo de los alumnos que así pasan a formar los últimos puestos europeos de nivel académico según el informe PISA. Este informe para Centros Educativos, mide el conocimiento aplicado y las competencias en lectura, matemáticas y ciencias de los estudiantes de 15 años, además de sus actitudes hacia el aprendizaje con el objetivo de comprender el rendimiento global del centro educativo.
Se calcula que la Consejería de Educación recaudará alrededor de 3.000.000 de euros abonados por los inscritos para poder acceder a los exámenes. De paso consiguen que miles de estudiantes pacíficos y ordenados sienten sus posaderas sin límite de tiempo en la búsqueda de un medio de vida digno y seguro, evitando su movilización en las calles para exigir que dejen de reírse de ellos y legislen seriamente una regulación justa del sistema real de acceso a la función pública por concurso de méritos y no facilitándolo a dedo de forma injusta y caprichosa.
El resultado queda a la vista: bajo nivel formativo de los alumnos y en el sector de la sanidad pública hospitales sin personal de enfermería, mal atendidos y la expatriación profesional hacia otros países en los que verdaderamente se reconoce y retribuye por lo que estos profesionales aportan al sistema sanitario.
Respeto al tiempo y al esfuerzo del ciudadano es lo mínimo que puede exigirse a una administración que no deja de dar síntomas de actitudes inciertas hacia las oposiciones a funcionarios y que sin embargo debieran promover la meritocracia, la transparencia y el respeto al principio de igualdad de oportunidades.
