La Crónica Nuestra de Cada Día…
Felipe de Jesús Estrada Ramírez.
Cronista de la Ciudad…
En 1945, su padre, Juan de Borbón, en el exilio desde la proclamación de la II República, publicó el Manifiesto de Lausana, un escrito en el que se proclamaba como la única alternativa al régimen de Franco. Esta acción pesó a la hora de que Franco decidiera quién debía gobernar después de él.
El dictador eliminó la Constitución de 1931, por lo que necesitaba un marco legislativo del que emanasen las normas dictadas por el régimen. Para ello, estableció las Leyes fundamentales del Reino. Siete leyes que fue redactando a conveniencia durante el régimen y que configuraban los poderes del Estado. Entre ellas se encontraba la Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado. La norma volvía a constituir España en reino, nombraba a Franco Jefe del Estado vitalicio, y le otorgaba poder para proponer a las Cortes la persona que debía sucederle. La ley se sometió a referéndum en 1947 y fue apoyada por el 89,86% de los votantes.
A pesar de la molestia provocada por el Manifiesto de Lausana y de su cercanía al bando aliado durante la II Guerra Mundial, Franco accedería a reunirse con Don Juan a bordo del yate Azor en 1948, en la Bahía de San Sebastián. Allí acordaron que Juan Carlos se educaría en España y recibiría formación militar en los tres Ejércitos.
No sería hasta 1969, 23 años después de la creación de la Ley de Sucesión, cuando Franco designase a Juan Carlos como próximo Jefe de Estado, saltándose los derechos dinásticos. Nombrando sucesor a Juan Carlos, el dictador evitaba a Don Juan. Franco y su círculo cercano eran favorables a establecer una monarquía autoritaria tras su muerte, como sostiene el historiador Paul Preston en su libro Franco, “Caudillo de España”.
En enero de aquel año, Juan Carlos declaró su compromiso con la instauración monárquica, remarcando su lealtad hacia Franco. El dictador aseguró al príncipe que le nombraría su sucesor si seguía mostrándose fiel al régimen. Sin embargo, los disturbios universitarios y la presión de los falangistas le hicieron postergar esta decisión.
El 21 de julio de 1969, Franco comunicó al consejo de ministros su predilección por Juan Carlos. El dictador justificó su decisión ante las Cortes en la fuerte vinculación que el príncipe tenía con el Ejército, y en las “claras muestras de lealtad” que este había profesado hacia el régimen.
El príncipe juró fidelidad a los Principios del Movimiento tan solo un día después. Estos principios representaban los ideales que habían impregnado el franquismo desde la sublevación militar de 1936 hasta la constitución del régimen. Se trataba de un manual que debía regir las vidas de los españoles, consagrándolas en torno a la Patria, la religión católica y la familia.
Juan Carlos reconoció durante el juramento “la legitimidad política surgida el 18 de julio de 1936”, una afirmación que le valió el aplauso de todos los allí presentes. El príncipe se refirió a la Guerra Civil como una serie de sacrificios “tristes, pero necesarios para que nuestra patria encauzase de nuevo su destino.” Fue nombrado príncipe de España, por lo que su padre le obligaría a devolver la placa de príncipe de Asturias, que señala al heredero dinástico de la Casa Real.
Juan Carlos accedería a la Jefatura de Estado durante un breve periodo entre julio y septiembre de 1974 debido al frágil estado de salud de Franco a causa del Párkinson. Dos días después de la muerte del dictador, sucedida el 20 de noviembre de 1975, Juan Carlos I fue finalmente coronado como Jefe del Estado y Rey de España.
Tras la muerte de Franco, el Rey presionó hasta conseguir la elección de Adolfo Suárez, antiguo director general de RTVE, como presidente del Gobierno. Fue Suárez, de acuerdo con el Rey, quien impulsó que las Cortes promulgasen una última Ley Fundamental en 1976: la Ley para la Reforma Política. Se la conoció como el harakiri de la dictadura, ya que con su entrada en vigor, las Cortes franquistas se disolvieron y se dio paso a la celebración de elecciones constituyentes en 1977. Adolfo Suárez saldría elegido en las urnas, las cortes iniciarían el proceso para la redacción de una Constitución democrática y la dictadura quedaría eliminada para siempre y la democracia sería una normalidad.
