Manuel Recio Abad. Suite Información.- Señores, cuidadito, cuidadito con esto. España tiene una historia demasiado larga de enfrentamientos entre españoles como para jugar alegremente con determinadas palabras: revolución, lucha, resistencia, ocupación, enemigos, culpables. Aquí esas palabras no son inocentes, aquí tenemos memoria. Y no hablo solamente de la Guerra Civil de 1936. España ha padecido a lo largo de su historia numerosos enfrentamientos civiles, guerras dinásticas, carlistas, liberales contra absolutistas, españoles contra españoles. Demasiadas veces hemos demostrado que somos extraordinariamente capaces de dividirnos en dos bandos y convencernos después de que el que está enfrente no está equivocado, sino que es nuestro enemigo. Incluso el odio se hereda. Hay familias en las que todavía se transmiten de padres a hijos historias, agravios y resentimientos políticos nacidos hace generaciones, de derechas contra izquierdas y de izquierdas contra derechas. Y cuando parecía que aquello no terminaría nunca ocurrió algo extraordinario: la Transición. Con todos sus defectos, con todas sus renuncias y con todas las heridas que todavía quedaban abiertas, hubo una generación de españoles que decidió hacer algo dificilísimo, mirar hacia adelante. Adolfo Suárez y el rey Juan Carlos tuvieron un papel fundamental en aquel proceso, pero el verdadero milagro lo hicieron millones de españoles que aceptaron convivir con quienes pensaban exactamente lo contrario. Aquello costó muchísimo trabajo y por eso deberíamos tener mucho cuidado antes de volver a convertir cada problema de España en una trinchera.
Y ahora estamos jugando con uno extraordinariamente peligroso: la vivienda. El problema de la vivienda es enorme, probablemente uno de los mayores problemas económicos y sociales que tiene España. Hay jóvenes que no pueden independizarse, parejas que retrasan formar una familia, trabajadores que no pueden vivir donde trabajan y familias que destinan una parte insoportable de sus ingresos a pagar un alquiler. Pero el propietario no es el enemigo del inquilino, el promotor no es el enemigo del comprador y quien posee dos viviendas no es automáticamente culpable de que otro español no tenga ninguna. Cuidado con señalar, porque cuando desde la política se empieza a construir el relato de que para solucionar el problema de unos hay que enfrentarse con los intereses de otros, podemos terminar creando otro problema además del que ya teníamos.
La vivienda no se arregla enfrentando propietarios contra inquilinos, se arregla construyendo viviendas. Y las viviendas, aunque algunas veces parece que se nos olvida, no aparecen por decreto. Para construirlas hacen falta suelo, planeamiento, proyectos, urbanización, licencias, empresas constructoras, financiación y compradores o inquilinos que puedan pagarlas. Y para que todo eso funcione hace falta una palabra fundamental: confianza. El capital es cobarde, cuando percibe inseguridad, se marcha. Un fondo de inversión puede invertir en España o hacerlo en Portugal, Francia, Italia o cualquier otro mercado. Si considera que durante los diez o quince años que puede durar una inversión inmobiliaria las reglas pueden cambiar varias veces, tiene dos opciones, exigir una rentabilidad mucho mayor para compensar el riesgo o llevarse el dinero a otro sitio. Y el banco hace exactamente lo mismo. Cuando aumenta la incertidumbre, aumenta el riesgo, y cuando aumenta el riesgo, aumenta el dinero que debe poner el promotor, aumentan las garantías, aumentan las preventas exigidas y se endurecen las condiciones del crédito promotor. Después llega la familia que quiere comprar aquella vivienda y el banco vuelve a empezar: nóminas, estabilidad laboral, endeudamiento, ahorros, tasación, porcentaje financiable. Y podemos encontrarnos ante una paradoja monumental, intentar facilitar el acceso a la vivienda mediante medidas que terminen haciendo más difícil construirla y financiarla.
Y al hilo de esta peligrosa forma de convertir la vivienda en un instrumento de enfrentamiento político, Pedro Sánchez y su Consejo de Ministros acaban de protagonizar una maniobra de una enorme gravedad. El Congreso rechazó los dos decretos de vivienda y, apenas unos días después, Sánchez disuelve las Cortes, introduce unas modificaciones que el propio Gobierno califica de no sustanciales y vuelve a aprobarlos para llevarlos ante la Diputación Permanente, un órgano de solo 69 miembros en el que la aritmética parlamentaria le resulta más favorable y donde el voto de Junts deja de ser decisivo. Puede que la maniobra encuentre una cobertura formal en la Constitución y existe un precedente parecido, pero la pregunta no es solamente si puede hacerse, sino si resulta democráticamente aceptable que unos decretos que acaban de ser rechazados por el Pleno del Congreso regresen inmediatamente, con unos retoques todavía desconocidos, para ser sometidos a un órgano mucho más reducido porque allí existen mayores posibilidades de aprobarlos. En cuanto se publiquen en el BOE entrarán en vigor y la Diputación Permanente dispondrá de treinta días para convalidarlos o derogarlos. El primero podría salir adelante por un solo voto, mientras que el segundo dependerá de que el PNV cambie su posición.
La imagen no puede ser más clara: Pedro Sánchez deja colocada una bomba con la espoleta activada para el Gobierno que salga de las urnas. Si PP y Vox llegan al Gobierno tendrán que escoger entre mantener unas medidas que consideran equivocadas y perjudiciales o derogarlas, asumiendo entonces una movilización callejera convenientemente presentada como una agresión contra los inquilinos y las familias vulnerables. Los mismos que hoy encienden la calle podrán volver a sacar a sus organizaciones, plataformas y grupos de presión para acusar al nuevo Gobierno de arrebatar derechos, provocar desahucios y proteger a los poderosos. Es una operación política de una enorme irresponsabilidad: utilizar el sufrimiento real de quienes no encuentran vivienda para colocar al siguiente Gobierno ante una trampa, convertir cualquier rectificación en un motivo de agitación y dejar preparada la inestabilidad social. Así no se resuelve el problema de la vivienda, así se utiliza la vivienda como arma electoral y se procura que la crisis le explote al siguiente Gobierno entre las manos.
Mientras tanto discutimos, acampadas, manifestaciones, pancartas, revoluciones, unos contra otros. Pues dejémonos ya de tonterías y pongámonos a trabajar, porque la realidad continúa mientras nosotros discutimos. Y cuidado también con pensar que todo esto termina en una manifestación o en una acampada de protesta. Si España no resuelve el problema de la vivienda, podemos acabar viendo alrededor de nuestras grandes ciudades imágenes que hoy contemplamos como si pertenecieran a otros lugares. Lo que hemos visto en las playas de Ceuta debería servirnos, al menos, como advertencia de hasta dónde puede llegar la necesidad humana de encontrar un lugar donde refugiarse. A veces hablamos de las favelas de Río de Janeiro como si hubieran sido construidas para que las fotografiaran los turistas. No. Las favelas nacieron de una realidad mucho más elemental y mucho más dura: personas que llegaban a una ciudad y no encontraban una vivienda a la que pudieran acceder. Y cuando un ser humano no encuentra un techo, no deja de necesitarlo, se hace uno, con cuatro chapas, unas maderas, unos bloques o lo que encuentre, después llega otro, y otro, y otro, y donde inicialmente había una chabola aparecen veinte, después cien y finalmente un asentamiento entero.
No estoy diciendo que España vaya inevitablemente hacia ese escenario, estoy diciendo algo mucho más sencillo: ninguna sociedad puede mantener indefinidamente una distancia creciente entre el número de personas que necesitan vivienda y el número de viviendas que esas personas pueden pagar sin que aparezcan consecuencias. Y eso es lo que debería preocuparnos, no quién gana políticamente la batalla de la vivienda, no quién consigue colocar el mejor eslogan, no quién reúne más gente en una manifestación, sino cuántas viviendas necesitamos y cómo demonios vamos a construirlas. Suelo asequible, urbanización financiable, planeamientos ágiles, licencias con plazos razonables, financiación para vivienda protegida, seguridad jurídica para quien invierte, seguridad para el propietario que alquila, protección para el inquilino que cumple, ayudas para las familias que realmente las necesitan, colaboración entre administraciones y empresas y grúas, muchas grúas. España no necesita una guerra entre propietarios e inquilinos, necesita viviendas. No necesita campamentos, trincheras ni revoluciones, necesita grúas. No necesita encontrar un culpable al que señalar, necesita encontrar soluciones.
Porque existe una ley anterior a cualquier Ley de Vivienda, a cualquier decreto y a cualquier ideología: el ser humano necesita un lugar donde vivir. Y si la sociedad no consigue proporcionarle una vía ordenada para obtenerlo, buscará una vía desordenada. Cuando alguien no encuentra un techo, se hace uno. Esa es la realidad. Y quizá haya llegado el momento de recordar algo que nuestra historia nos ha enseñado demasiadas veces y que parecemos empeñados en olvidar: enfrentar a los españoles es extraordinariamente fácil, lo verdaderamente difícil es sentarlos alrededor de una mesa, ponerse a trabajar y resolver juntos un problema. Así que, señores, cuidadito, cuidadito con convertir la vivienda en otra trinchera, porque ninguna familia debería quedarse sin una vivienda y porque España ya ha tenido demasiadas trincheras.
