Manuel Recio Abad. Suite Información.- España atraviesa uno de los momentos institucionales más delicados desde la restauración democrática de 1978. Lo más preocupante no es únicamente la gravedad de los escándalos, la vergüenza y las sospechas o el deterioro político que rodea al Gobierno de Pedro Sánchez. Lo verdaderamente alarmante es la sensación creciente de normalización de ese deterioro que nuestra democracia está sufriendo, como si el abuso del poder institucional, la degradación parlamentaria y la colonización política de todo espacio de ese poder fueran ya parte inevitable del paisaje nacional.
No lo son en absoluto. Una democracia verdadera exige respeto de las instituciones a la ciudadanía, separación real y verdadera de poderes, transparencia, ejemplaridad de los servidores públicos y límites morales en el ejercicio del poder.
Cuando esos pilares empiezan a resquebrajarse, el sistema entero entra en una peligrosa zona de desgaste donde la ciudadanía deja de confiar en quienes gobiernan, en quienes legislan e incluso en quienes administran justicia.
Y España está entrando precisamente ahí, pues el actual Gobierno ha convertido la supervivencia política en un fin estratégico superior a cualquier principio. La permanencia en el poder ya no parece depender de un proyecto de hacer un país sólido, ni de una mayoría social cohesionada, sino de una esperpéntica mayoría parlamentaria cada vez más frágil, sostenida a cualquier precio y basada en concesiones constantes a fuerzas cuyo objetivo declarado, en muchos casos, no es fortalecer España, a la que quieren destruir, sino ir debilitándola poco a poco hasta descuartizarla.
Se ha normalizado negociar la gobernabilidad del Estado con quienes desprecian al propio Estado. Se ha normalizado el ataque permanente al Poder Judicial cuando sus justas resoluciones incomodan. Se desacredita a jueces, periodistas, fuerzas de seguridad y órganos de control cada vez que sus actuaciones afectan al entorno político del Gobierno. Mientras tanto, la propaganda de los medios de comunicación comprados intenta presentar como “progreso” lo que en realidad no es más que una preocupante degradación del Estado de Derecho.
Hoy estamos todos atrapados en una política repulsiva de resistencia personalista donde el interés general se ha esfumado y ha quedado subordinado a la supervivencia de un líder indeseable y de su maldito círculo de poder, todo lo cual tiene gravísimas consecuencias.
Las familias viven asfixiadas por el aumento incontrolado del coste no ya de la vida, sino de todo lo que es necesario e imprescindible para lograr la subsistencia. El acceso a la vivienda para una inmensa mayoría en aumento es una ilusión irrealizable. Los empresarios soportan una presión fiscal y burocrática desalentadora. La inseguridad jurídica crece. La inversión observa con preocupación la inestabilidad política. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad sienten el abandono institucional en sus carnes y millones de españoles contemplan con impotencia cómo el debate público gira permanentemente alrededor de escándalos, mentiras zapateriles ,enfrentamientos y extrañas maniobras políticas mientras los problemas reales siguen sin resolverse.
La política española, como consecuencia de lo anteriormente expuesto, se ha convertido en un mecanismo de tensión continua.
En medio de todo ello aparece un fenómeno aún más peligroso como es el deterioro de la confianza que los ciudadanos deben tener en las propias instituciones democráticas. Cuando una parte creciente de la población empieza a pensar que los controles del sistema ya no funcionan, que la Fiscalía actúa condicionada, que el Parlamento es rehén de minorías extremas o que las instituciones son utilizadas partidistamente, la democracia entra en una fase crítica.
Las democracias en raras ocasiones mueren de golpe. Se van deteriorando lentamente.
Por eso la convocatoria inmediata de elecciones generales no es ya únicamente una cuestión política,es una necesidad democrática y moral. Este Gobierno ha perdido la autoridad ética necesaria para seguir liderando el país, además de su credibilidad. Ha desaparecido la necesaria cohesión parlamentaria, así como la capacidad para generar consensos nacionales.
Sobre todo, ha perdido la confianza de una parte muy importante de la sociedad española y ya se sabe, que en cualquier democracia madura, cuando un Gobierno entra en una espiral de desgaste institucional, sospechas permanentes, bloqueo parlamentario y fractura social, la salida lógica es devolver la palabra a los ciudadanos. Eso es exactamente lo que hoy necesita España.
No más maniobras de supervivencia. No más resistencia numantina. No más utilización partidista de las instituciones. No más polarización como herramienta de gobierno.
Somos los españoles quienes debemos decidir. Debemos decidir si queremos continuar por este camino de confrontación permanente, dependencia de minorías separatistas y erosión institucional, o si por el contrario optamos por abrir una nueva etapa basada en la estabilidad, respeto institucional y reconstrucción democrática.000. Una nación no puede avanzar cuando vive instalada en el agotamiento político continuo. España necesita urgentemente oxígeno democrático.
Y ese oxígeno solo puede llegar mediante unas elecciones generales inmediatas.
