José Manuel Otero Lastres. Suite Información.– Los que hemos vivido gran parte de nuestra vida profesional en el mundo del Derecho sabemos que la justicia penal tarda en llegar pero siempre viene.
Esto fue lo que le sucedió a David Sánchez Pérez-Castejón condenado a 9 años de inhabilitación y al entonces presidente de la Diputación Provincial de Extremadura y líder entones del PSOE extremeño. que la ha sido por 18 años.
Ambos fueron condenados por crear para el hermano del presidente un puesto de trabajo totalmente innecesario y mantenerlo en él cobrando de los fondos públicos.
Viendo la sentencia un ministro del gobierno dijo:
“Esta época se estudiará en los libros de historia como aquella en la que se tensaron las costuras de nuestras instituciones más esenciales con la única finalidad de derribar a un gobierno ante la incapacidad de hacerlo por las urnas.”
Es posible que se estudie la sentencia de Extremadura, pero no por las razones que señala el ministro, sino porque había razones para pronunciarse como hizo la sentencia.
Es cierto que hay una parte mayoritaria de la sociedad española que sostiene que ya deberíamos haber sido convocados a una nuevas elecciones generales. Cualquier persona con la cortesía parlamentaria normal de los que se convierten en Diputados del Congreso lo habrían hecho antes si le hubieran llegado parte de las cuestiones judiciales que están alcanzando al que tiene el poder de convocarlas.
Pero si el único que puede convocar las elecciones es el presidente y no lo hace ¿de quién es la responsabilidad, de los que no tienen esa facultad?
Las sentencias contra las que reaccionó el presidente del Gobierno han sido la del Fiscal General del Estado, al que nombró el presidente del Gobierno, fue condenado por no mantener en secreto los datos de un ciudadano particular.
También tuvo sentencia negativa el primer secretario general de partido y ex ministro de Fomento, José Luis Ábalos y su ayudante Koldo García, también lo fueron severamente condenados por el casa de las “mascarillas”.
Y ahora el hermano del Presidente ha sido condenado a pena de inhabilitación por 9 años y el entonces presidente de la Diputación por 18 años.
Por si todo esto no fuera poco el presidente tiene a su mujer procesada por varios delitos y a más de 124 personas de su entorno también procesadas y les llegará en su momento las correspondientes decisiones judiciales.
¿Puede el presidente estando así las cosas negarse a convocarlas? Cada uno tiene su propio nivel personal de cortesía parlamentaria y el del presidente es tan extenso que todavía no le ha llegado. Pero hay cosas que se deben aclarar:
No les parece extraño que extraño que el presidente y sus adláteres crean que todo se debe a una especie de “conspiración” de magistrados no progresistas que atacan a los allegados al presidente. ¿Es que los familiares y allegados del entorno del presidente no han cometido nunca acción alguna que puede ser un delito?
En cambio, los miembros de la UCO que investigan la corrupción, han señalado que está generalizada entre algunos miembros del partido en el gobierno algo calificado como “las cloacas del PSOE».
No les parece que si las cosas son como son, ¿no habría causas suficientes para una nueva convocatoria de las elecciones generales?
