Manuel Recio Abad. Suite Información.- Hay noticias que uno lee y olvida al cabo de unos minutos. Otras se quedan dentro. ABC publicaba hace unos días una de esas historias que deberían avergonzarnos como sociedad: una mujer fue encontrada muerta en un trastero de Triana, en Sevilla, donde llevaba meses viviendo sin que prácticamente nadie lo supiera.
Un trastero.
En una de las ciudades más importantes de España, en pleno siglo XXI, una persona había convertido unos pocos metros destinados a guardar cajas, muebles viejos y objetos que ya no utilizamos en su vivienda. Y allí murió.
No conozco las circunstancias personales de aquella mujer y sería una irresponsabilidad aventurarlas. No sabemos qué cadena de acontecimientos la llevó hasta allí. Pero hay algo que sí sabemos: en España existe un problema habitacional gravísimo y llevamos demasiado tiempo hablando de él mientras continúa empeorando.
Los jóvenes no pueden independizarse, las familias con salarios normales encuentran enormes dificultades para pagar un alquiler, comprar una vivienda se ha convertido para muchos en una quimera y cada vez son más las personas que destinan una parte insoportable de sus ingresos simplemente a disponer de un techo.
Y mientras tanto no dejamos de discutir.
Discutimos sobre leyes, competencias, porcentajes, vivienda pública, vivienda privada, alquiler, compra, fondos de inversión, grandes tenedores y pequeños propietarios. Cada administración culpa a la anterior y cada partido responsabiliza al contrario. Pero una vivienda no se construye con discursos.
Se construye sobre suelo.
España necesita vivienda asequible y la necesita ya. Y para construirla hacen falta suelo disponible a precios compatibles con esa vivienda, planeamientos urbanísticos razonables, licencias que no necesiten años para tramitarse, seguridad jurídica, financiación y colaboración entre la Administración y la iniciativa privada.
Podemos aprobar todas las leyes de vivienda que queramos, pero mientras producir suelo residencial continúe siendo un procedimiento interminable y extraordinariamente caro, seguiremos atacando las consecuencias sin resolver la causa.
Hay que movilizar suelo público y privado. Hay que aumentar densidades allí donde urbanísticamente sea posible. Hay que revisar desarrollos concebidos hace veinte o treinta años que ya no responden a las necesidades actuales. Hay que transformar determinados suelos terciarios sin demanda en suelo residencial cuando resulte razonable. Hay que facilitar la construcción industrializada, reducir burocracia y conseguir que desde que alguien decide promover viviendas hasta que una familia recibe las llaves no transcurra una eternidad.
Y hay que hacerlo a gran escala.
No necesitamos cientos de viviendas. Necesitamos decenas de miles. Después, cientos de miles.
La vivienda debería convertirse en una verdadera política de Estado, mantenida durante años independientemente de quién gobierne. Porque sus tiempos son mucho más largos que una legislatura y porque estamos hablando de una necesidad elemental: tener un lugar digno donde vivir.
La noticia de aquella mujer de Triana contiene además otra tragedia: la soledad. Vivía rodeada de edificios, vecinos, coches y comercios, pero nadie sabía que estaba allí. Podemos estar construyendo una sociedad extraordinariamente comunicada tecnológicamente y, al mismo tiempo, terriblemente incomunicada humanamente.
No deberíamos utilizar su muerte para hacer política. Pero tampoco deberíamos permitir que se convierta simplemente en otra página de periódico que mañana envolverá cualquier cosa.
Que al menos sirva para hacernos una pregunta incómoda.
¿Cuántas personas están viviendo hoy en España en trasteros, garajes, habitaciones sin condiciones, infraviviendas o lugares que jamás fueron concebidos para albergar una vida?
Probablemente no queramos conocer la respuesta.
Pero tendremos que afrontarla.
Porque una sociedad avanzada no puede acostumbrarse a que tener una vivienda digna se convierta en un privilegio.
Y porque nadie debería acabar viviendo y mucho menos muriendo en un trastero.
