Manuel Recio Abad. Suite información.– Hay palabras que definen a un ministro mucho mejor que dando cien discursos. Fernando Grande-Marlaska ha calificado de “sensación de inseguridad subjetiva” el temor que sienten los ciudadanos de Ceuta tras producirse la mayor entrada masiva registrada en la ciudad, o sea una invasión en toda regla. Posteriormente ha intentado matizar sus palabras, admitiendo que ese sentimiento es “lógico” y “justificado”, pero el problema no está solamente en la expresión utilizada. El problema está en lo que revela: una preocupante distancia entre quien tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad y quienes tienen que sufrir las consecuencias de que esa seguridad falle.
La inseguridad no es subjetiva cuando más de 70.000 personas atraviesan en unas horas una frontera exterior de España y de la Unión Europea. No es subjetiva cuando las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado quedan desbordadas, ni cuando miles de personas permanecen después en una ciudad de apenas veinte kilómetros cuadrados, alterando inevitablemente su funcionamiento cotidiano, por mucho que la inmensa mayoría de ellas no haya cometido delito alguno. Y tampoco es subjetiva cuando un Gobierno necesita pedir ayuda a Europa y reforzar posteriormente unos medios que evidentemente resultaron insuficientes cuando fueron necesarios.
Pero desde hoy sabemos algo todavía más grave.
El Gobierno ha desclasificado cuarenta informes y comunicaciones de los días anteriores a la crisis. Y los documentos dicen lo que dicen. El 29 de julio, un día antes de la entrada masiva, el CNI comunicó que en las redes sociales existía un llamamiento para un “asalto por valla y mar”al día siguiente, aprovechando la Fiesta del Trono marroquí. No hablaba de una conversación entre cuatro individuos. Señalaba dos grupos que reunían aproximadamente 180.000 seguidores y explicaba expresamente el alcance potencial de aquella convocatoria. La información llegó a la Delegación del Gobierno en Ceuta, a la Guardia Civil y también a los servicios de inteligencia marroquíes. Hubo mensajes y hubo llamadas.
El Gobierno responde ahora que aquello no constituyó una “alerta formal”. que los mensajes no permitían anticipar la dimensión de lo que iba a suceder y que nadie podía prever que decenas de miles de personas terminarían atravesando la frontera.
Puede ser cierto que nadie pudiera calcular el número exacto. Pero ese argumento no resuelve la cuestión fundamental .
¿Para qué sirven entonces los servicios de inteligencia?
¿Para avisar únicamente cuando pueden determinar previamente si van a cruzar diez mil, veinte mil o setenta mil personas? ¿Desde cuándo un Gobierno necesita conocer el número exacto de quienes pretenden violentar una frontera para adoptar medidas preventivas extraordinarias?
No hacía falta saber que serían 72.000. Bastaba con saber que existían convocatorias para entrar “por valla y mar”, que se señalaba una fecha concreta , el día siguiente, que se pretendía aprovechar la Fiesta del Trono, que los grupos desde los que se difundían aquellas convocatorias estaban coordinados y tenían un alcance potencial enorme, además de que Ceuta posee una frontera especialmente vulnerable.
Y había algo más que cualquier responsable político debería haber tenido grabado en la memoria: mayo de 2021.
España ya había aprendido entonces qué puede ocurrir en Ceuta cuando el control marroquí de la frontera desaparece o se relaja. Aquella crisis debió cambiar para siempre nuestros protocolos de prevención. Después de 2021 nadie que ocupe el Ministerio del Interior puede alegar que una entrada masiva desde Marruecos constituye un fenómeno inimaginable. Una vez te puede sorprender la Historia. La segunda vez tienes la obligación de haber aprendido de ella.
Por eso lo ocurrido en julio de 2026 merece algo más que explicaciones administrativas sobre si un aviso llegó mediante un documento registrado, una llamada telefónica o un mensaje de telefonía móvil. La seguridad nacional no puede depender del membrete utilizado para comunicar una amenaza. Cuando el servicio de inteligencia de tu país informa de una convocatoria concreta contra una frontera española para el día siguiente, la obligación política es valorar el peor escenario razonable y prepararse para él.
Eso se llama prevención.
Y cuando no se hace suficientemente, debemos empezar a hablar de dejación de responsabilidades políticas.
No afirmo que el Gobierno conociera que iban a entrar exactamente 72.000 personas, porque los documentos conocidos no permiten sostenerlo. Afirmo algo diferente y mucho más difícil de explicar: el Estado conocía que existía un riesgo concreto de entrada coordinada, conocía el día, conocía los medios previstos, mar y valla, y conocía la extraordinaria difusión de las convocatorias. Y, aun así, la frontera terminó desbordada.
Después vendrían los refuerzos, las peticiones de ayuda, las explicaciones, Europa, Frontex y las comparecencias. Después siempre resulta más fácil movilizar recursos, cuando gobernar consiste precisamente en hacerlo antes.
Mientras discutimos sobre responsabilidades aparece nuevamente Marruecos, el gigantesco elefante que demasiadas veces permanece sentado en mitad de la habitación mientras todos fingimos no verlo. El propio CNI comunicó su información a los servicios secretos marroquíes. Marruecos también fue advertido.
Por eso España tiene derecho a preguntar qué ocurrió al otro lado de la frontera, por qué falló el dispositivo marroquí y hasta qué punto existió incapacidad, desbordamiento o….pasividad. Son cuestiones distintas y conviene no afirmar por excesiva prudencia aquello que todavía no está demostrado. Precisamente por eso debe investigarse hasta el final.
Ceuta hoy no necesita propaganda. Necesita respuestas.
Y sus ciudadanos merecen algo mejor que escuchar desde Madrid que su inseguridad es “subjetiva”. A quien se le habrá ocurrido!.
Porque subjetivo es tener miedo a algo que solamente existe en nuestra imaginación. Ver cómo una frontera queda desbordada ante tus propios ojos pertenece a una categoría diferente: la realidad.
Y cuando esa realidad se produce después de que los servicios del propio Estado hayan advertido del peligro, la pregunta deja de ser si los ceutíes tienen motivos para sentirse inseguros.
La pregunta es otra.
¿Quién tenía la obligación de protegerlos y por qué no consiguió hacerlo?
Eso, señor Marlaska, tampoco es subjetivo.
