Fernando Villena Madrid. Suite Información.– Hay noticias que deberían preocuparnos independientemente de quién gobierne. La que hemos conocido estos días sobre el Ministerio del Interior es una de ellas. Según se ha publicado, la Oficina de Comunicación del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska elaboró un documento en el que aparecen periodistas, tertulianos y profesionales de los medios acompañados de fotografías, datos sobre su trayectoria y valoraciones acerca de su orientación ideológica y de su posición respecto al Gobierno. El documento, de 54 páginas, incluiría alrededor de 280 profesionales y establecería diferentes grados de afinidad o discrepancia con el Ejecutivo.

Interior ha defendido que se trata de un documento interno de trabajo y ha negado que tuviera como finalidad discriminar o limitar la libertad de prensa. El propio ministro ha pedido disculpas a quienes se hayan podido sentir ofendidos por su contenido. Es una explicación que, sin embargo, deja sobre la mesa una pregunta bastante más sencilla que todas las justificaciones posteriores: ¿para qué necesita el Ministerio del Interior saber cuál es la ideología de un periodista?

Una cosa es que un departamento conozca qué medios de comunicación existen, qué periodistas cubren habitualmente su actividad o qué profesionales se ocupan de determinadas áreas informativas. Eso forma parte de cualquier estrategia de comunicación institucional. Otra muy diferente es elaborar fichas individuales, incorporar fotografías y establecer valoraciones sobre las tendencias políticas de quienes ejercen el periodismo y sobre su grado de cercanía o rechazo al Gobierno. Ahí estamos hablando de algo distinto y bastante más preocupante.

Si un periodista publica una información falsa, la Administración puede responder con datos. Si publica una información que considera injusta, puede ejercer su derecho de rectificación. Si formula una acusación que considera ilícita, puede acudir a los tribunales. Y si simplemente critica al Gobierno, tendrá que aceptar la crítica, exactamente igual que cualquier otro poder público en una democracia. Lo que cuesta entender es por qué una institución como Interior necesita tener clasificados políticamente a los periodistas que informan sobre ella.

La Asociación de la Prensa de Madrid y la Federación de Asociaciones de Periodistas de España han reaccionado duramente ante esta práctica. No estamos, por tanto, ante una polémica inventada desde una determinada trinchera política. Son las propias organizaciones profesionales de los periodistas las que han considerado que elaborar este tipo de listas desde un organismo del Estado resulta incompatible con los principios que deberían regir una sociedad democrática.

Y aquí conviene detenerse en una cuestión importante. No es lo mismo que un partido político haga una relación de periodistas que considera próximos a sus posiciones que que ese trabajo aparezca en una institución de la Administración General del Estado. Tampoco es lo mismo que un periódico analice la orientación editorial de otros medios a que un Ministerio se dedique a clasificar individualmente a los profesionales que pueden formularle preguntas o publicar informaciones sobre su actividad. El poder público dispone de recursos, información y capacidad de actuación que no tiene un particular. Por eso sus actuaciones deben estar sometidas a un nivel de exigencia mucho mayor.

La historia debería servirnos para entender por qué esto resulta tan delicado. En la España de Franco existieron mecanismos de censura y control de la prensa que llegaron a condicionar durante décadas el ejercicio de la profesión periodística. El régimen no entendía los medios como un contrapoder necesario, sino como una herramienta que debía mantenerse dentro de unos límites políticos determinados. En otros países, como la antigua República Democrática Alemana, la vigilancia sobre periodistas, intelectuales y ciudadanos considerados poco fiables llegó muchísimo más lejos. La Stasi convirtió la clasificación y seguimiento de personas en una auténtica maquinaria de Estado.

Naturalmente, comparar aquella realidad con lo sucedido ahora sería una exageración. España es hoy una democracia, existen elecciones libres, pluralidad política, medios de todas las tendencias y una prensa que puede investigar y criticar al Gobierno. No estamos ante una dictadura y sería absurdo sostenerlo. Precisamente por eso no hace falta exagerar el diagnóstico para señalar que determinadas prácticas resultan impropias de una democracia madura.

Las dictaduras no se parecen todas entre sí y, además, no todas las prácticas de un régimen democrático tienen por qué ser dictatoriales. Pero sí existe una lógica común que aparece históricamente en los sistemas autoritarios: la necesidad del poder de distinguir entre quienes considera propios y quienes considera adversarios, de identificar a los incómodos y de conocer de antemano quién puede cuestionar sus decisiones. Una lista que clasifica periodistas según su ideología y su grado de adhesión al Gobierno se aproxima, al menos conceptualmente, a esa manera de entender la relación entre el poder y la información.

Y esa es precisamente la parte que debería preocuparnos. No porque mañana vaya a desaparecer la libertad de prensa en España, sino porque las democracias también deben vigilar sus propias costumbres. Las libertades no solamente están amenazadas cuando aparecen la censura, la persecución o la cárcel. También pueden empezar a deteriorarse cuando determinadas prácticas se consideran normales y dejan de provocar rechazo.

Un periodista no tiene que ser amigo del Gobierno. Tampoco tiene que ser neutral en una columna de opinión. Puede ser de izquierdas, de derechas, liberal, conservador, socialista, comunista o no tener ninguna militancia política. Puede simpatizar con el Ejecutivo o ser uno de sus críticos más feroces. Lo que importa, desde el punto de vista de las instituciones, debería ser que ejerza su profesión dentro de la ley y con responsabilidad. La obligación del periodista no es ser fiel al Gobierno, sino intentar contar aquello que considera verdadero y relevante para sus lectores o espectadores.

De hecho, un periodista que nunca incomoda al poder puede ser un magnífico propagandista, pero difícilmente será un buen contrapoder. El periodismo tiene precisamente la función de preguntar aquello que el político preferiría no responder, buscar documentos que alguien preferiría mantener ocultos, contrastar las versiones oficiales y poner en cuestión las decisiones de quienes mandan. Que un Gobierno reciba críticas forma parte de su trabajo. Que intente saber quiénes son los periodistas que lo critican y hasta qué punto lo hacen es otra cuestión.

Hay además una razón muy sencilla para que este asunto no se convierta en una pelea entre izquierda y derecha. Hoy gobiernan unos y mañana gobernarán otros. Una herramienta creada durante un Gobierno puede acabar siendo utilizada por otro de signo contrario. Quienes hoy consideran normal que se clasifique a los periodistas por su ideología quizá mañana se escandalicen cuando esa misma práctica se aplique a los profesionales que defienden posiciones que ellos consideran legítimas. Por eso la libertad de prensa no puede defenderse dependiendo de quién ocupe La Moncloa.

Las reglas democráticas tienen sentido precisamente cuando se aplican también a quienes no piensan como nosotros. Si una práctica es peligrosa cuando la utiliza un Gobierno que no nos gusta, también debería parecernos peligrosa cuando la utiliza uno al que hemos votado.

Supongamos, incluso, que Interior tiene razón y que ese documento no tenía ninguna finalidad de presión, que nunca se utilizó para negar información, excluir periodistas o perjudicar a determinados medios. Aun así quedaría una pregunta que nadie ha respondido de manera convincente: ¿por qué era necesario hacerlo? Las instituciones públicas tienen que preguntarse no solamente qué pueden hacer legalmente, sino también qué deberían evitar hacer por una cuestión de prudencia democrática.

Ese es, a mi juicio, el fondo de este asunto. No hace falta llamar dictadura a España ni comparar a Marlaska con un ministro de un régimen totalitario para considerar preocupante que desde Interior se clasifique a periodistas por sus tendencias políticas. De hecho, hacer esas comparaciones desproporcionadas puede terminar restando importancia a una crítica que es perfectamente legítima por sí misma.

España es una democracia y precisamente por eso debemos exigirle comportamientos democráticos a sus instituciones. La libertad de prensa no consiste únicamente en que un periodista pueda publicar una información sin acabar en prisión. Consiste también en que pueda hacer una pregunta incómoda, criticar al Gobierno, investigar a un ministro o publicar una información que moleste al poder sin que por ello sea convertido en una persona a vigilar, clasificar o señalar.

Porque al final hay algo que debería resultar evidente para cualquier Gobierno, sea del PSOE, del PP o de cualquier otro partido: los periodistas no están para ser fieles al Ejecutivo. Están para informar. Algunos lo harán mejor y otros peor; unos tendrán una ideología y otros tendrán otra; unos simpatizarán con el Gobierno y otros estarán permanentemente enfrentados a él. Esa diversidad forma parte de una sociedad libre.

Lo verdaderamente preocupante sería que desde el poder empezáramos a considerar normal que los periodistas fueran clasificados entre los nuestros y los otros, entre los amigos y los enemigos, entre los que colaboran y los que molestan. Porque una democracia saludable no necesita periodistas obedientes ni periodistas amigos. Necesita periodistas que puedan trabajar sin miedo, incluso cuando lo que tienen que contar no le guste al Gobierno.

Y quizá esa sea la mejor manera de medir la salud de nuestras instituciones: no preguntándonos cuántos periodistas están de acuerdo con el poder, sino comprobando si aquellos que están en desacuerdo pueden seguir haciendo su trabajo exactamente con la misma libertad.