Pablo Barrón . Suite Información.- El exministro de Transportes José Luis Ábalos, se enfrenta a una petición de 24 años de cárcel en un proceso que supone el primer gran examen judicial a las altas esferas del Gobierno de Pedro Sánchez.
Este lunes ha arrancado en el Tribunal Supremo el juicio por el denominado ‘caso mascarillas’, una pieza separada del ‘caso Ábalos’ que investiga las presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos durante lo peor de la pandemia. El proceso, que se extenderá durante todo el mes de abril, pone el foco en dos contratos que suman 36 millones de euros destinados a material sanitario y que, según la investigación, fueron adjudicados “a dedo” a una empresa sin experiencia previa en el sector.
•Los protagonistas y las penas
El banquillo de los acusados lo ocupan tres figuras centrales: el exministro, su entonces asesor de confianza, Koldo García, y el empresario Víctor de Aldama. La Fiscalía y las acusaciones mantienen que la trama se lucró con unos beneficios de seis millones de euros derivados de estas adjudicaciones.
Sobre Ábalos pesan siete delitos, entre ellos organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias, por los que se solicitan 24 años de prisión. Para Koldo García, la petición asciende a 19 años y medio, mientras que para Aldama se solicitan siete años, tras aplicársele una atenuante por su confesión y colaboración con la justicia.
•El ‘modus operandi’ y las ‘mordidas
Según el sumario, el Ministerio de Transportes (a través de Puertos del Estado y ADIF) benefició a la empresa Soluciones de Gestión, pese a su falta de trayectoria en el ámbito sanitario. A cambio de estas gestiones, los investigadores apuntan al pago de “mordidas” mensuales de unos 10.000 euros para Ábalos y Koldo. Además, la trama habría costeado el alquiler de una vivienda en la Castellana para el exministro y financiado otro inmueble relacionado con su entonces pareja, Jésica Rodríguez.
• Testigos de alto nivel
El juicio contará con un despliegue de 80 testigos y peritos repartidos en 23 sesiones. La primera en declarar será precisamente Jésica Rodríguez. No obstante, el calendario judicial incluye nombres de gran calado político, como la actual presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, quienes deberán explicar las compras de material que sus respectivos gobiernos autonómicos (Baleares y Canarias) realizaron a la misma empresa de la trama.
•El origen del caso
Aunque los hechos se remontan a la primavera de 2020, la causa estalló judicialmente en febrero de 2024 con las primeras detenciones. Debido a la condición de aforado de Ábalos, el caso escaló hasta el Tribunal Supremo. Mientras la Fiscalía sostiene que existió una red articulada para desviar fondos públicos aprovechando la emergencia sanitaria, las defensas argumentan que los contratos fueron legales y fruto de la urgencia del momento, cuestionando además la veracidad del testimonio de Víctor de Aldama.
El país asiste así a un proceso de enorme calado político que medirá la integridad de la gestión administrativa en uno de los momentos más críticos de la historia reciente de España.
