Álvaro García Ortiz ha estado al frente de la Fiscalía General del Estado (FGE) desde 2022. Tres años en las que ha protagonizado titulares y polémicas por la difuminada línea entre lo político y lo judicial. La última de ellas ha sido la presunta filtración de datos del caso contra la pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, por la que ha sido imputado en un episodio inédito en la historia democrática.
«Nadie me verá tomando postura en cuestiones estrictamente políticas», advirtió en la ceremonia con la que juró su cargo en enero de 2024. Llegó a la institución que dirige con la premisa de modernizar la Fiscalía a través de una reforma estatutaria «integral» y de defender su autonomía, alejada de ideologías y «personalismos».
Paradójicamente, fueron sus acciones para defender la honorabilidad de la Fiscalía española, como él mismo afirma, las que le han llevado a intercambiar papeles y pasar de fiscal a acusado.
En un intento de combatir una noticia falsa sobre un pacto de conformidad, impulsó una nota de prensa del Ministerio Fiscal en el que daba cuenta del caso abierto contra Alberto González Amador por delitos fiscales. Y pese a que este comunicado no es el objeto de su investigación, sí que fue el detonante de la querella que le llevó a ser imputado por supuestamente filtrar datos a los medios de comunicación.
El empresario lo acusó de haber vulnerado sus derechos a la intimidad, a la presunción de inocencia y al derecho de defensa por una filtración de sus correos que, a su juicio, se llevó a cabo por el mero hecho de ser la pareja de la presidenta madrileña. Pero para la defensa de García Ortiz, es el entorno de González Amador el origen del bulo. En concreto, cree que habría sido el jefe del gabinete de Presidencia de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez.
Pese a que sus detractores le exhortan a dimitir ante el riesgo que puede suponer su imputación para la credibilidad de la institución, sea cual sea el resultado final de la sentencia, García Ortiz ha contado desde el principio con el respaldo del Gobierno que le nombró y que en todo momento ha destacado su «impecable trayectoria».
El sucesor de Dolores Delgado al frente de la Fiscalía
Su periplo profesional como fiscal empezó mucho antes. Nacido en 1967 en un pequeño pueblo de Salamanca, Lumbrales, estudió Derecho en Valladolid. En sus primeros años de carrera, pasó por destinos como Menorca o Santiago de Compostela. Después, dirigió la Secretaría Técnica de la FGE y en abril de 2018 fue el candidato más votado en las elecciones a vocal del Consejo Fiscal.
No fue elegido como fiscal general del Estado hasta 2022 para sustituir a Dolores Delgado, de quien no solo heredaría las responsabilidades asociadas a un puesto designado directamente desde el Ejecutivo, sino también los reproches de la oposición, que ven en su gestión «servilismo» a Pedro Sánchez.
García Ortiz parecía aportar un perfil menos político y más técnico. En su carta de presentación se destacaba su amplio conocimiento en temas medioambientales y su labor como fiscal en el caso Prestige. Pero su proximidad con su predecesora, de quien fue su mano derecha, hizo que su papel al frente de la Fiscalía fuera cuestionado incluso antes de que se oficializara su nombramiento.
Nada más jurar el cargo, tuvo que enfrentarse en la Comisión de Justicia a las acusaciones de PP, Vox y Ciudadanos, que le interrogaron por su «seguidismo» a Delgado, la posición de la Fiscalía de la Audiencia Nacional en la investigación por el asesinato de Miguel Ángel Blanco a manos de ETA o por una supuesta reunión con el exbanquero que inició la investigación contra Mariano Rajoy en Andorra por la Operación Cataluña. Unos señalamientos que trató de desmentir y que tachó de «insinuaciones y falsedades».
Pese a las primeras críticas, la decisión del Gobierno de nombrarle fiscal general recibió el visto bueno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por 12 votos a favor frente a siete, al considerar que reunía los requisitos legales exigidos.
Un aval que, sin embargo, se le retiró un año después. En un nuevo informe, el órgano de los jueces lo declaró «no idóneo», convirtiéndole en el primer candidato a la FGE que no contaba con su apoyo.
Entre medias, García Ortiz había vivido uno de sus primeros varapalos: el fallo del Tribunal Supremo en contra del ascenso de Delgado a la máxima categoría de la carrera fiscal. En su sentencia, el alto tribunal apreció «desviación de poder» y anuló el nombramiento. Poco después, se volvería a repetir esta situación cuando intentó nombrar a la exministra de Justicia como fiscal de Memoria Democrática.
Pese a los primeros tropiezos, García Ortiz juró el cargo, no sin antes lanzar un dardo contra los vocales conservadores del CGPJ, a quienes acusó de intentar «extender su competencia» e “inmiscuirse en procedimientos en curso» al indicar «cómo debe ejecutarse un fallo judicial”.
Rechazó ser «comentarista de la actualidad política o jurídica»
En sus primeros días como fiscal general, el senador ‘popular’ Luis Santamaría se aventuró a vaticinar que García Ortiz sería el «encargado de rebajar la presión del fiscal» en los procesos que afectan al independentismo.
El fiscal general comenzaba a dirigir la FGE en un momento político marcado por la batalla política-judicial entre el Gobierno y la oposición por la renovación del CGPJ, bloqueada durante cinco años, o la polémica ley del ‘solo sí es sí’. Pero la ley de amnistía era el verdadero reto al que se tendría que enfrentar.
En el mismo acto público en el que se comprometió a defender la independencia de la Fiscalía, García Ortiz también avanzó que no iba a «ser comentarista de la actualidad política o jurídica». Unas palabras con las que parecía adelantarse a futuros pero previsibles escenarios.
Con la ley de amnistía aún en trámite parlamentario, el Senado le pidió que se pronunciara sobre la medida de gracia. Pero García Ortiz se negó, aludiendo a que «cualquier pronunciamiento previo a conocer el texto puede ser una distorsión en el debate jurídico». Después, los ‘populares’ hicieron valer su mayoría en el Senado para reprobarle y exigir su cese por sus «incumplimientos graves y reiterados» y por su “indignidad”.
Los incendios gallegos, punto de discordia con el PP de Feijóo
La animadversión del PP por Álvaro García Ortiz se remonta a años antes de que llegara a la FGE. El salmantino despegó su carrera en Galicia, donde se especializó en causas medioambientales como fiscal especial coordinador de incendios y fiscal delegado de medioambiente.
La oleada de incendios que arrasaron la comunidad durante esos años llevó a sembrar la semilla de la duda sobre un origen criminal premeditado y organizado.
En octubre de 2017, el propio Alberto Núñez Feijóo, por entonces presidente de la Xunta, apuntó en esa dirección después de que el fuego calcinara casi 50.000 hectáreas y dejara cuatro víctimas mortales. El presidente gallego habló de «terrorismo incendiario» y de una actividad «delictiva homicida». Sin embargo, García Ortiz y la Fiscalía Superior de Galicia fueron tajantes y contradijeron esta tesis afirmando que eran «meras sospechas y opiniones» sin evidencias.
Respecto al «terrorismo incendiario», la Fiscalía gallega llegó a decir en su informe que ese término podía ser usado «desde un punto de vista vulgar, ordinario o común», pero no «desde un punto de vista estrictamente jurídico».
De su labor medioambiental derivaría otro choque con los ‘populares’ años más tarde, cuando se anunció su nombramiento al frente de la FGE. El PP rescató imágenes de él en un acto del PSOE gallego durante 2019 y le acusó de participar en una campaña electoral.
Sin embargo, fuentes fiscales aclararon que no era ni un mitin ni un acto socialista. Se trataba en realidad de una mesa redonda de la Fundación Ideas sobre incendios forestales en la que participaba en calidad de experto y como presidente de la Unión de Fiscales Progresistas (UPF), con la autorización de la propia Fiscalía General.
En 2020, antes de ser fiscal general, también tuvo un desencuentro con Podemos a raíz del caso Villarejo. La formación morada le acusó de maniobrar para apartar al fiscal Ignacio Stampa. El motivo que alegó la Fiscalía era su presunta relación con una de las abogadas de Podemos en la pieza Dina de la macrocausa. No obstante, la Inspección Fiscal archivó la investigación interna contra él tras descartar que revelara secretos a la formación política.
Este último año ha continuado en el ojo del huracán. Y es que el peso que conlleva la imputación de un fiscal general del Estado no ha hecho sino complicar y mediatizar aún más la causa abierta contra él por el impacto que supone en la labor de la institución que preside. El juez Ángel Hurtado, mediante los informes de la UCO, las declaraciones de los testigos y la cronología de los hechos deberá determinar si García Ortiz filtró la denuncia y los correos de González Amador.
