Manuel Recio Abad. Suite Información.– El divorcio existente entre el Gobierno y la realidad de la calle es palpable. Así mismo en los últimos años se ha instalado entre los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado una sensación creciente de absoluto abandono institucional. No hablamos únicamente de una cuestión de ingresos salariales o diferentes temas corporativos. Lo que muchos agentes denuncian es algo bastante más profundo: la percepción de que el Estado exige cada vez más sacrificios a quienes deben garantizar el orden y la seguridad, mientras que a la vez limita palpablemente su capacidad de actuación y relativiza los riesgos que afrontan cada día en cada operación.
La Guardia Civil y la Policía Nacional se encuentran hoy en primera línea de fuego frente al narcotráfico, la mafiosa inmigración ilegal organizada, la violencia que no para de crecer en determinados barrios, las organizaciones mafiosas y la delincuencia reincidente.
Sin embargo, los agentes consideran que el respaldo político que reciben es insuficiente, ambiguo o incluso inexistente cuando surgen situaciones conflictivas y de auténtico peligro.
En zonas tradicional y especialmente castigadas por el narcotráfico, como son el Campo de Gibraltar o determinados puntos de la costa andaluza,Huelva, Almería…,los propios agentes llevan años denunciando una pérdida progresiva del principio de autoridad. En sus costas, junto a sus playas atestadas de bañistas en verano, imágenes de narcolanchas actuando con total impunidad, de ataques a patrullas o de delincuentes reincidentes que vuelven a la calle a las pocas horas, generan una profunda frustración entre quienes arriesgan su vida diariamente.
A ello se suma la sensación de inseguridad jurídica. Muchos guardias civiles y policías consideran que cualquier actuación puede acabar siendo examinada desde un punto de vista político o ideológico antes que operativo.
El resultado es una peligrosa combinación. Por un lado peligrosos delincuentes cada vez más organizados y violentos frente a agentes que sienten que deben actuar bajo una permanente sospecha.
El problema no estriba únicamente en lo material, aunque también existe una evidente falta de medios en determinadas unidades. El problema principal es moral y político. Cuando desde el poder se transmite constantemente desconfianza hacia las instituciones del Estado, cuando se banaliza la autoridad o se presenta a las fuerzas de seguridad como un problema potencial antes que como una garantía para la estabilidad de todos en una democracia, el mensaje que recibe la sociedad es devastador.
Un Estado serio tiene la obligación de proteger a quienes le sostienen, le dota de medios, de respaldo jurídico y de reconocimiento social.
Cuando un guardia civil o un policía pierde la sensación de que el Estado no está detrás de él respaldándole al cien por cien, quien gana terreno es el delincuente.
El Gobierno insiste en que ha incrementado recursos y efectivos. Eso no parece ser cierto. El malestar existente dentro de muchos cuerpos policiales demuestra que el problema no se resuelve únicamente con la verborrea ministerial, estadísticas engañosas o campañas de comunicación sesgadas y pagadas desde el Gobierno. La cuestión de fondo es si existe una verdadera voluntad política de reforzar el principio de autoridad y de defender sin complejos a quienes vienen obligados a garantizar la seguridad de los ciudadanos.
España necesita recuperar aquella cultura institucional de educación basada en el respeto a la ley, al mérito y a las fuerzas encargadas de hacer cumplir la ley y el orden democrático.
Una democracia fuerte no es aquella que debilita a sus cuerpos de seguridad por miedo al discurso ideológico, sino la que garantiza a la vez libertad, derechos y autoridad legítima.
Cuando quienes visten un uniforme sienten que están solos, el problema deja de ser corporativo. En España desde hace tiempo ha pasado a ser un problema de Estado.
