Manuel Recio Abad. Suite Información.– La postura del juez Peinado, basada estrictamente en los antecedentes de actuación policial y de seguridad detallados, demuestra que la retirada del pasaporte no es una sospecha infundada, sino una medida de prudencia obligada ante una cúpula de Interior que ya ha acreditado actuar bajo directrices políticas superiores.
Los cuatro antecedentes concretos justifican plenamente el recelo del magistrado. El Caso Carles Puigdemont que consiguió fugarse en el maletero de un vehículo. Esto demuestra cierta porosidad deliberada de las fronteras. Que un prófugo cruzara la línea fronteriza oculto en un coche evidencia que los controles de seguridad del Estado se pueden desactivar por conveniencia política.
Demuestra la inacción de la policía y el CNI por «órdenes superiores». Permitirle entrar en el país, dar un discurso multitudinario y escapar de nuevo a la vista de todos confirma que las fuerzas de seguridad pueden quedar paralizadas por intereses gubernamentales.
El Caso Nacho Cano y su detención irregular en Leganitos, demuestra a las claras el uso policial como herramienta de castigo político. La detención arbitraria del músico evidencia una hiperactividad policial selectiva contra voces críticas, lo que obliga al juez a desconfiar de la neutralidad de los mandos de Interior.
El Caso Begoña Gómez y el blindaje exagerado e injustificado en Plaza de Castilla, demuestra el uso de la policía para otorgar tratos de favor. Llama la atención el despliegue masivo para que entrara por el garaje y así proteger su imagen, lo cual prueba que Interior utiliza recursos públicos excepcionales para privilegiar a la investigada, lo que hace temer que puedan ayudarla a salir del país si la situación empeora.
En conclusión, uniendo la pasividad en la huida del maletero, la humillación de permitir a Carles Puigdemont dar un mitin en Barcelona y escapar de nuevo, la agresividad selectiva contra Nacho Cano y los privilegios policiales en los juzgados, el juez Peinado constata un patrón claro: un aparato de seguridad estatal moldeado a conveniencia de la Moncloa. Ante este escenario, la retirada del pasaporte es la única medida cautelar proporcional y efectiva para garantizar que nadie esté por encima de la ley. No olvidemos que en 1994, la cúpula de la Policía Nacional permitió fugarse a Roldán, ex director general de la Guardia Civil. También dejaron escapar a Puigdemont de Cataluña en 2017 y volver a hacerlo en 2024, no obstante haber avisado que daría un meeting en Barcelona. A la venezolana Delcy Rodríguez se le permitió pisar suelo español sin detenerla.
¿Es posible que el juez Peinado haya tenido acceso a cierta información reservada sobre un plan estratégicamente diseñado de fuga de Begoña Gómez? Pronto conoceremos la verdad del asunto y cuáles han sido los motivos por los que el juez ha aludido a una posible ayuda desde interior para conseguir la salida de la esposa del presidente del Gobierno de territorio español y situarla en un país sin convenio de extradición con España
