Manuel Recio Abad. Suite Información.– Hay gobiernos que levantan hospitales. Otros construyen carreteras. Algunos tienen la rara virtud de mejorar la educación o reducir la deuda pública. Y luego están aquellos cuya gran obra de ingeniería consiste en fabricar electores.
España parece haber inaugurado esta última especialidad. Bajo el noble envoltorio de la reparación histórica, el Gobierno ha abierto las puertas de la nacionalidad española a cientos de miles de descendientes de antiguos emigrantes y exiliados. Una medida presentada como un acto de justicia que, curiosamente, apenas ha suscitado un debate de fondo sobre sus consecuencias democráticas.
La pregunta verdaderamente incómoda no es quién tiene derecho a sentirse español, sino quién debe decidir sobre el futuro de España, nuestro futuro.
No es exactamente lo mismo. La nacionalidad no es un recuerdo familiar guardado en un cajón junto a las fotografías de los abuelos. Tampoco es únicamente un pasaporte de color burdeos que facilita viajar por Europa. La nacionalidad lleva incorporado el derecho más importante de cualquier democracia: decidir quién gobierna.
Es ahi donde comienza el verdadero debate. Debe influir en el resultado de unas elecciones quien jamás ha vivido en España, quien no paga aquí sus impuestos, por lo tanto no soporta la presión fiscal, quien no espera meses para una consulta médica, quien no busca empleo en nuestro mercado laboral, no sufre el precio de la vivienda y quien desconoce la realidad cotidiana del país cuyo Gobierno contribuirá a elegir?
No se trata de descalificar a esas personas. Ellas ejercerán un derecho que el legislador les va a reconocer. La responsabilidad pertenece a quien diseña esas reglas y las reglas nunca son inocentes.
En política nada ocurre por casualidad. Cuando un Gobierno, dando la espalda al Parlamento, modifica el tamaño potencial del cuerpo electoral mediante una ley aprobada desde su poder, la prudencia aconsejaría explicar con absoluta transparencia cuáles serán sus efectos y por qué resulta conveniente hacerlo precisamente ahora.
Sin embargo, el debate ha brillado por su ausencia. Todo se presenta envuelto en grandes palabras: memoria, reparación, derechos históricos, justicia democrática.
Las palabras, a veces, sirven para iluminar la realidad y otras veces para ocultarla y detrás de los discursos siempre quedan las cifras.
Cada nuevo ciudadano aporta un nuevo voto y aunque nadie puede afirmar seriamente cuál será el sentido político de esos votos, tampoco puede ignorarse que toda ampliación significativa del censo electoral tiene inevitables consecuencias políticas sobre todo basadas en el agradecimiento. Precisamente por eso las democracias maduras suelen abordar estas cuestiones buscando un amplio consensos de Estado y no simples mayorías parlamentarias. Lo contrario alimenta la sospecha.
En democracia, pocas cosas resultan más peligrosas que las sospechas sobre las reglas del juego. Sorprende igualmente el silencio de quienes desde Bruselas acostumbran a vigilar con extraordinario celo cualquier desviación institucional en los Estados miembros. Porque adquirir la nacionalidad española significa, simultáneamente, adquirir la ciudadanía de la Unión Europea. Esto no parece un problema menor y sin embargo, reina un silencio casi sepulcral, porque algunas polémicas encuentran más eco que otras y porque hay silencios que también suelen hacen política.
La historia nos enseña que las democracias rara vez se deterioran mediante un gran golpe de efecto. Lo hacen poco a poco, modificando pequeñas piezas del mecanismo institucional hasta que un día los ciudadanos descubren que todo es una gran patraña y el tablero ya no se parece en nada al que creían conocer.
No hace falta alterar el resultado de unas elecciones. Basta con sembrar la duda sobre la imparcialidad de las reglas, porque la confianza es ese pegamento invisible que sostiene cualquier sistema democrático.
Cuando esa confianza se resquebraja, las instituciones siguen en pie, pero empiezan a vaciarse de autoridad moral y es ahí donde reside el verdadero problema y no en cuántas personas obtengan un pasaporte español , sino en que cada vez sean más los españoles que comienzan a preguntarse si las leyes siguen haciéndose para servir al país… o para servir a quienes nos gobiernan.
La diferencia entre ambas cosas es exactamente la distancia que separa una democracia sólida de una democracia utilizada y esa distancia, una vez recorrida, resulta mucho más difícil de desandar que de recorrer.
