Manuel Recio Abad. Suite Información.– Hay asuntos con los que un político puede equivocarse y sobrevivir. Puede equivocarse en una declaración, rectificar una decisión, incumplir una promesa y confiar en que el tiempo y el siguiente escándalo hagan su trabajo. Pero existe en España un territorio especialmente peligroso para quien crea que todo puede negociarse entre despachos: el fútbol.
Cuidado con el fútbol.
El fútbol no pertenece a los políticos. Pertenece a millones de ciudadanos que pueden discutir sobre impuestos, pensiones, vivienda, inmigración o política exterior y, sin embargo, encontrarse juntos detrás de una camiseta cuando juega su selección o cuando consideran que se ha perjudicado a su club, a su ciudad o a su país.
Y en el horizonte aparece ahora el Mundial de 2030.
Conviene empezar por los hechos. El Mundial fue adjudicado oficialmente por la FIFA a una candidatura conjunta formada por España, Portugal y Marruecos. Serán estos tres países los que alberguen 101 encuentros, mientras Uruguay, Argentina y Paraguay organizarán un partido cada uno con motivo del centenario de la primera Copa del Mundo. La candidatura conjunta superó la evaluación de FIFA en infraestructuras, servicios, aspectos comerciales, sostenibilidad y derechos humanos.
Hasta aquí, nada que objetar.
El problema comienza cuando alguien pretende convertir una candidatura compartida en una carrera por apropiarse de sus símbolos.
Este jueves, Fouzi Lekjaa, presidente de la Federación Real Marroquí de Fútbol y además ministro delegado encargado del Presupuesto de Marruecos, ha afirmado públicamente que la provincia de Benslimane “tendrá el honor” de organizar la final del Mundial de 2030. Allí se está construyendo el gigantesco estadio Hassan II, con una capacidad proyectada de 115.000 espectadores.
Hay un pequeño problema.
La FIFA no ha adjudicado oficialmente esa final.
No es una interpretación española. Es un hecho. FIFA todavía no ha determinado la sede del partido decisivo y, además, el pasado agosto llegó a calificar de “falsas y engañosas” las informaciones que sostenían que su presidente, Gianni Infantino, había prometido la final a Marruecos.
Por tanto, alguien tendrá que explicar por qué un alto responsable marroquí anuncia como decidido aquello que el organismo competente todavía no ha decidido.
Y España debería empezar a hacer preguntas.
Qué se acordó cuando se confeccionó la candidatura? Qué compromisos adquirieron España, Portugal y Marruecos? Existe algún acuerdo posterior que desconocemos? . Qué reparto de los grandes partidos se está negociando?. Por qué Marruecos se considera legitimado para anunciar la final?. Qué está haciendo mientras tanto la Federación Española? . Qué está haciendo el Gobierno de España?
Porque no estamos hablando de un partido cualquiera.
Estamos hablando de la final de la Copa del Mundo organizada conjuntamente por tres países, uno de los mayores acontecimientos deportivos y televisivos del planeta, y España posee argumentos suficientemente poderosos como para defender que esa final se dispute aquí.
Tenemos estadios, comunicaciones, aeropuertos, AVE, hoteles, seguridad, experiencia organizativa y una industria turística acostumbrada a recibir decenas de millones de visitantes. Tenemos además el Santiago Bernabéu y una historia futbolística que no necesita presentación.
Marruecos tiene todo el derecho del mundo a defender sus intereses. Y hace muy bien.
La pregunta es si España está defendiendo los suyos con la misma determinación.
Porque este Mundial está demostrando además que fútbol y política son bastante más difíciles de separar de lo que algunos pretenden. Las sedes significan inversiones multimillonarias, obras públicas, seguridad, transportes, promoción internacional y decisiones que afectan directamente a ciudades enteras. En España ya hemos visto polémicas en Vigo, A Coruña, Málaga y el País Vasco por las sedes, las inversiones necesarias y las exigencias derivadas de la organización. Málaga terminó renunciando a su candidatura después de que la remodelación de La Rosaleda alcanzara cifras difícilmente asumibles y provocara preocupación por el traslado temporal del equipo y sus aficionados.
En Vigo, su alcalde, Abel Caballero, convirtió la exclusión inicial de Balaídos en una auténtica batalla política y llegó a afirmar que había pedido explicaciones a la Federación Española hasta veinticinco veces. Esto no es nuevo.
Ya después del Mundial de España de 1982, los enormes desembolsos realizados por determinados ayuntamientos en sus estadios entraron de lleno en el debate político municipal. En ciudades como Vigo, Gijón, Valladolid, Zaragoza, A Coruña u Oviedo, fútbol, inversiones municipales y elecciones aparecieron inevitablemente entremezclados.
Por eso convendría que nuestros dirigentes comprendieran algo elemental: el fútbol posee una capacidad de movilización emocional que muy pocas actividades tienen en España.
No afirmo que una final del Mundial decida unas elecciones. Sería absurdo.
Afirmo algo bastante más sencillo: ningún político inteligente debería despreciar la reacción de millones de aficionados si llegan a convencerse de que España tenía posibilidades reales de organizar la final de su Mundial y las perdió por desidia, debilidad negociadora o intereses políticos.
Marruecos quiere la final.Perfecto.Que la defienda.
También Portugal defenderá sus intereses.
España tiene la obligación de defender los suyos.
Después decidirá la FIFA conforme a sus competencias y tendrá que explicar los criterios utilizados. Si Casablanca presenta la mejor candidatura y gana limpiamente, habrá que aceptarlo. Pero España no puede llegar al día de la decisión descubriendo que otros llevaban años jugando el partido mientras nosotros permanecíamos en el vestuario.
El Mundial comienza mucho antes de que ruede el balón, comienza por jugarse en los despachos y esos partidos hay que saber jugarlos.
Así que una última advertencia para quienes desde el Gobierno, la Federación o cualquier otra institución española puedan considerar esto una cuestión secundaria: cuidado con el fútbol.
Porque con el fútbol no se juega. Que le pregunten a Don Pedro Pacheco, exalcalde de Jerez de la Frontera.
