Manuel Recio Abad. Suite Información.– Hay palabras que parecen haber sido inventadas para esperar pacientemente durante siglos hasta encontrar su momento.
Una de ellas es «putativo».
Putativo es aquello que se tiene por lo que parece ser, aunque su realidad pueda ser otra. San José fue el padre putativo de Jesús. Y España, gracias a esa portentosa capacidad de nuestra política contemporánea para retorcer las palabras, las leyes y hasta el sentido mismo de la ciudadanía, parece haber encontrado ahora a sus nietos putativos.
Que nadie se equivoque. Son nietos de españoles. Nadie discute su sangre, su genealogía ni el derecho sentimental que puedan sentir hacia la tierra de sus padres o de sus abuelos.
La cuestión es otra.
¿Es lo mismo ser descendiente de un español que formar parte efectivamente de la comunidad política española?
La llamada «ley de nietos» está contenida en la Ley de Memoria Democrática de 2022. Su propósito declarado es reparar las consecuencias sufridas por quienes tuvieron que abandonar España y permitir a determinados descendientes recuperar la nacionalidad de origen.
Hasta ahí, puede comprenderse perfectamente.
Lo que resulta más difícil de comprender es la dimensión que ha adquirido el procedimiento.
A 31 de mayo de 2026, según los propios datos del Ministerio de Asuntos Exteriores, se habían presentado personalmente 1.225.188 solicitudes en los consulados españoles. Se habían aprobado 571.761 expedientes y practicado 333.696 inscripciones.
Y el propio Gobierno ha reconocido que alrededor de 2,4 millones de personas habían manifestado su interés en acogerse al procedimiento.
Dos millones cuatrocientas mil.
No son cuatro nietos buscando recuperar emocionados el pasaporte de su abuelo.
Estamos hablando de una magnitud demográfica y, potencialmente, electoral extraordinaria.
Y aquí aparece la pregunta que algunos pretenden convertir en sacrilegio:
¿Debe una persona que jamás ha vivido en España, que nunca ha trabajado aquí, que quizá nunca ha pagado aquí un impuesto, que no utiliza diariamente nuestros hospitales, nuestras carreteras o nuestras escuelas y que no sufrirá directamente las consecuencias de las decisiones de un Gobierno, tener exactamente la misma capacidad para decidir quién gobierna España que quien desarrolla aquí toda su vida?
Jurídicamente, hoy la respuesta es sencilla.
Si es español y reúne los requisitos electorales, tiene derecho al voto.
Pero las leyes pueden discutirse.
Y deben discutirse cuando sus consecuencias afectan a la propia composición del cuerpo electoral.
Porque la nacionalidad no debería convertirse simplemente en un pasaporte sentimental. Ser español significa derechos, pero también pertenencia a una comunidad política, obligaciones y consecuencias.
El problema se vuelve todavía más delicado cuando aparece el voto.
El propio ministro Ángel Víctor Torres ha reconocido públicamente que en 2027 podría haber alrededor de medio millón de nuevos nacionalizados con derecho a voto.
Medio millón de electores.
Y entonces la pregunta deja de ser sentimental y pasa a ser profundamente política.
¿Puede un Gobierno modificar de esta manera, aunque sea mediante una ley legítimamente aprobada, la dimensión del cuerpo electoral sin que exista un debate nacional profundo sobre sus consecuencias?
Y todavía una pregunta más incómoda:
¿Es razonable que quienes impulsan una ampliación de la nacionalidad de semejante magnitud puedan convertirse después en beneficiarios electorales del agradecimiento de quienes la reciben?
No afirmo que exista una compra de votos.
Eso habría que demostrarlo.
Pero precisamente porque estamos hablando de democracia, resulta legítimo preguntarse por las consecuencias electorales de cualquier decisión capaz de incorporar centenares de miles de nuevos votantes.
Porque el voto no es un recuerdo familiar.
El voto decide impuestos, pensiones, educación, vivienda, política exterior, seguridad, deuda pública y el Gobierno que administrará todo ello.
Y las consecuencias de ese voto las sufrirán o disfrutarán fundamentalmente quienes viven en España.
Naturalmente, un español que reside en Buenos Aires, La Habana, México o Caracas puede sentirse profundamente español. Puede conocer nuestra historia mejor que muchos de nosotros, amar España y conservar en su casa la fotografía del abuelo que tuvo que marcharse.
Todo eso merece respeto.
Pero la democracia no puede organizarse exclusivamente alrededor de los sentimientos.
Debe organizarse también alrededor de la responsabilidad.
Por eso quizá haya llegado el momento de abrir un debate que España lleva demasiado tiempo evitando: distinguir entre nacionalidad, residencia y ejercicio de determinados derechos políticos cuando nunca ha existido una vinculación efectiva con el país.
No para quitarle España a nadie.
No para negar la historia de nuestros emigrantes.
Y mucho menos para despreciar a sus descendientes.
Sino para preguntarnos algo elemental:
¿Quién debe decidir el futuro cotidiano de España?
La cuestión ha dejado de ser puramente teórica. El Tribunal Supremo acaba de intervenir cautelarmente sobre los efectos electorales derivados de la aplicación de esta norma mientras estudia el fondo de varios recursos.
Quizá sea una magnífica oportunidad para discutir serenamente algo que nunca debió resolverse entre consignas de memoria histórica y acusaciones de pucherazo.
Porque conceder una nacionalidad puede ser un acto de reparación.
Conceder un pasaporte puede ser un acto de justicia.
Pero modificar potencialmente el cuerpo electoral de una nación es otra cosa.
Eso afecta a todos.
A los que se fueron.
A sus nietos.
Y, sobre todo, a quienes seguimos aquí.
Trabajando aquí.
Pagando aquí.
Votando aquí.
Y viviendo, cada mañana, las consecuencias de aquello que votamos.
