Manuel Recio Abad. Suite Información.- Se ha extendido entre los ciudadanos una frase tan repetida como peligrosa: «La política es un asco». Sin embargo, la afirmación es injusta. Lo que produce rechazo no es la política; son algunos políticos, aquellos que utilizan el poder y su inevitable influencia como medio de vida paralelo al mandato que reciben al ser elegidos.
La política es una actividad esencial para cualquier sociedad libre. Gracias a ella se aprueban leyes, se construyen infraestructuras, se defienden derechos y se gestionan los recursos públicos. Sin política no habría ni democracia ni ningún otro sistema de gobierno. El problema aparece cuando quienes deberían servir al interés general por vocación convierten la política en una herramienta para conservar poder, privilegios o influencia.
Los ciudadanos observan con creciente perplejidad cómo determinados partidos mantienen discursos que convierten en incompatibles con sus actos. Se afirma públicamente que un gobierno es perjudicial para España, que carece de credibilidad o que ha agotado su proyecto político. Sin embargo, quienes sostienen tales críticas continúan proporcionando el apoyo parlamentario necesario para que ese mismo gobierno siga gobernando.
La contradicción es algo más que evidente. Si un partido considera sinceramente que el presidente del Gobierno debe abandonar el cargo porque su gestión resulta perjudicial para el país, lo coherente sería impulsar las iniciativas parlamentarias necesarias para provocar un cambio político. Si, por el contrario, mantiene su respaldo efectivo, los ciudadanos tienen derecho a preguntarse qué pesa más: el interés general o los beneficios políticos obtenidos a cambio de ese apoyo.
La democracia es un sistema político en el que la soberanía reside en el pueblo, quien ejerce el poder directamente o a través de representantes elegidos, por todo lo cual exige cuanto menos coherencia a sus actores. No basta con pronunciar discursos contundentes ante los micrófonos mientras se actúa de forma distinta en las votaciones decisivas. Los ciudadanos no somos espectadores ingenuos. Sabemos observar, comparar y extraer las oportunas conclusiones.
Quizá por eso crece el desencanto. No porque la política sea inútil o despreciable, sino porque demasiados responsables públicos han confundido la representación de los ciudadanos con la gestión de sus propios intereses.
España necesita recuperar una idea sencilla pero muy poderosa: la política debe ser un servicio, no un negocio; una responsabilidad, no una profesión permanente; una vocación de mejora colectiva, no una estrategia de supervivencia personal.
Cuando los políticos olvidan estos principios, la confianza desaparece. Y cuando desaparece la confianza, la democracia es débil.
Por eso conviene recordar algo fundamental: la política no es el problema. El problema son aquellos políticos que prometen una cosa, hacen la contraria y encima esperan que nadie se dé cuenta.
