Álvaro Filgueira. Suite Información.– La decisión del Gobierno de descartar la conexión por satélite en las pulseras de control de agresores no es solo un asunto técnico. Es, sobre todo, un síntoma. El síntoma de una política que ha hecho del discurso su principal herramienta, mientras la realidad —compleja, incómoda y llena de límites tecnológicos— sigue sin resolverse del todo. Porque cuando la protección depende de la cobertura, y la cobertura falla, lo que queda al descubierto no es la tecnología, sino la distancia entre lo que se promete y lo que realmente se garantiza.
Durante años, el Ejecutivo ha construido un relato político reconocible: el del “Gobierno más feminista”, el de las leyes emblemáticas y los mensajes contundentes. El del “solo sí es sí” y el “no es no” como bandera. Un discurso eficaz en términos comunicativos, pero que ahora se enfrenta a una prueba más exigente: la de la gestión cotidiana, silenciosa y técnica.
Y ahí empiezan los problemas.
Porque el sistema de pulseras antimaltrato —clave en la protección de miles de mujeres— lleva tiempo mostrando grietas. No es una percepción ideológica: es un hecho documentado. Fallos técnicos, errores de posicionamiento, alertas que no llegan o retrasos en el seguimiento han formado parte del sistema en los últimos años, especialmente tras el cambio de proveedor en 2024.
Incluso se han producido caídas completas del sistema, como la de noviembre de 2025, que dejó durante horas sin acceso a la monitorización de víctimas y agresores.
Aunque desde el Gobierno se insiste en que el sistema sigue funcionando y salvando vidas, y que los fallos no han tenido consecuencias graves generalizadas, lo cierto es que las incidencias han sido lo suficientemente relevantes como para abrir investigaciones internas y sancionar a las empresas responsables.
En paralelo, los expertos llevan tiempo señalando un problema estructural: la cobertura.
Especialmente en zonas rurales o aisladas, donde la señal es débil o inexistente, el sistema pierde eficacia.
Y es ahí donde entra la decisión actual: descartar el satélite.
Sobre el papel, la conexión satelital parecía una solución evidente para cubrir esos vacíos. En la práctica, no lo es. La tecnología aún presenta limitaciones importantes: fallos en interiores, dificultades en entornos urbanos y falta de fiabilidad constante. Desde un punto de vista técnico, la decisión puede ser razonable.
Pero el problema no es técnico. Es político.
Porque la pregunta sigue en pie:
¿qué ocurre con las víctimas que viven donde no hay cobertura suficiente?
¿Puede hablarse de protección efectiva si depende del lugar en el que se encuentre la mujer?
Aquí es donde el relato empieza a resquebrajarse.
Durante años, el mensaje ha sido claro: más leyes equivalen a más protección. Pero la experiencia demuestra algo más incómodo: la protección real no depende solo de normas, sino de sistemas que funcionen siempre. Y eso exige algo menos visible que el discurso: inversión, mantenimiento, tecnología robusta y gestión rigurosa.
De hecho, el propio debate público ya ha puesto el foco en esa contradicción. Informes técnicos, operadores del sistema e incluso fiscales han advertido de problemas recurrentes: dificultades para garantizar distancias de seguridad en entornos pequeños, incidencias técnicas constantes y desigualdad territorial en la eficacia del sistema.
Aun así, el sistema también ofrece un dato clave que conviene no ignorar: desde su implantación, ninguna mujer protegida por pulsera ha sido asesinada mientras la llevaba activa, según datos de la Fiscalía.
Es decir: funciona. Pero no siempre, ni en todas partes, ni con la solidez que el discurso político sugiere.
Y ahí está el verdadero problema.
El feminismo institucional ha tendido a simplificar el mensaje: más derechos, más leyes, más protección. Pero la realidad es menos lineal. La protección no se decreta. Se construye. Y se construye sobre infraestructuras que no fallen, sobre sistemas que no dependan de la suerte geográfica y sobre decisiones que prioricen la eficacia frente al titular.
Porque cada fallo, cada caída del sistema, cada alerta que no llega a tiempo, no es solo una incidencia técnica: es una grieta en la confianza.
Al final, el problema no es que el satélite no esté listo. El problema es haber construido durante años la idea de una protección prácticamente infalible que, en la práctica, sigue dependiendo de algo tan básico como la cobertura de red.
Y ahí, lejos del eslogan, es donde se mide la política real.
Porque en materia de violencia de género no basta con legislar ni con proclamar compromisos: hay que garantizar que cada herramienta funcione siempre, en cualquier lugar y sin margen de error. Todo lo demás —los lemas, la retórica, la autodefinición como “el Gobierno más feminista”— pierde valor si no se traduce en seguridad efectiva.
Cuando la cobertura falla, el discurso ya no protege a nadie.
Y esa es una realidad que ningún relato político puede tapar.
