Manuel Recio Abad. Suite Información.- La denuncia internacional del abogado Robert Amsterdam contra la Agencia Tributaria española no puede despacharse como una simple disputa fiscal. Lo que plantea es mucho más grave. Denuncia la posible existencia de un sistema en el cual la Administración dispone de un poder enorme frente a un ciudadano cada vez más indefenso.
España necesita recaudar impuestos. Pero recaudar no puede significar perseguir, intimidar ni convertir al contribuyente en sospechoso permanente.
Cuando un ciudadano se equivoca, paga sanciones, recargos e intereses. Cuando se equivoca la Administración, puede obligarle a recurrir durante años, tener que contratar abogados, prestar garantías, avales bancarios y soportar embargos de los saldos de sus cuentas corrientes antes de que alguien reconozca el error.
Ese desequilibrio es intolerable, yo diría más : una vergüenza, en un Estado de Derecho.
El problema no afecta solo a grandes fortunas o empresas. Afecta al autónomo, al pequeño empresario, al trabajador y a cualquier familia que dependa de una economía estable.
Cuando desaparece la seguridad jurídica, la inversión se paraliza, las empresas no contratan, el capital se marcha y los jóvenes pierden oportunidades.
Después llegan las consecuencias: menos empleo, menos actividad económica, menor recaudación y más presión fiscal sobre quienes permanecen.
La verdadera riqueza de un país no está únicamente en lo que recauda, sino en la confianza que inspira en la ciudadanía.000. Esa confianza se destruye cuando las instituciones actúan sin límites, sin respeto y sin asumir responsabilidades,no ofreciendo ni permitiendo al ciudadano una defensa rápida y efectiva.
No se trata de atacar a los funcionarios ni de justificar el fraude. Quien incumple debe responder.
Pero el Estado también debe cumplir la ley. Debe respetar la proporcionalidad, la presunción de buena fe, la seguridad jurídica y el derecho de defensa.
La denuncia de Robert Amsterdam deberá demostrarse ante las instancias correspondientes. Pero España cometería un grave error si se negara a escucharla.
Porque cuando una Administración deja de estar al servicio del ciudadano y comienza a actuar como un poder sin contrapesos, abusando de él, el daño no lo sufren solo los afectados directos.
Lo terminamos pagando todos los españoles.
