Manuel Recio Abad. Suite Información.– En España estamos llegando a unos extremos de frivolidad política que empiezan a resultar verdaderamente preocupantes. Ya no hablamos solamente de impuestos, presupuestos, decretos o decisiones administrativas más o menos discutibles. Ahora hablamos de algo tan serio como la nacionalidad española, que parece haberse convertido en una especie de caramelo que se lanza desde las carrozas de los Reyes Magos. ¡Ahí va otro español! ¡Y otro más! ¡Y que pase el siguiente!
La nacionalidad española no es un regalo, ni una recompensa política, ni una medalla conmemorativa que pueda entregarse alegremente porque el abuelo de alguien fuera republicano, monárquico, socialista o partidario de cualquier otra ideología. Ser español tiene una trascendencia jurídica, histórica y política que exige bastante más seriedad de la que estamos contemplando.
Ya abordé esta cuestión en mi artículo «Los nietos putativos», pero la actualidad nos obliga a regresar sobre ella. Y esta vez no estamos solamente ante una discusión sobre los descendientes de quienes abandonaron España durante la Guerra Civil y la posguerra. Estamos ante un conflicto entre la interpretación administrativa de una ley, el control de los tribunales y las garantías de nuestro sistema electoral.
La Ley 20/2022, de Memoria Democrática, aprobada por las Cortes Generales, estableció determinados supuestos para adquirir la nacionalidad española por descendencia. Hasta ahí podemos discrepar políticamente de su contenido, pero existe una ley. El problema surge cuando una instrucción administrativa, dictada apenas unos días después, establece criterios interpretativos cuyo alcance ha terminado siendo objeto de controversia judicial.
Y aquí conviene recordar algo elemental: una instrucción administrativa no puede modificar una ley. No puede sustituir la voluntad del legislador, ampliar arbitrariamente los derechos establecidos por las Cortes ni convertir una excepción legal en una puerta abierta sin los controles correspondientes.
La Instrucción de 25 de octubre de 2022, emanada de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, introdujo criterios para aplicar aquella disposición legal. Entre ellos, determinadas presunciones relativas al exilio. La controversia actual obliga a preguntarse si tales criterios respetaron los límites de la ley y si se verificaron suficientemente los requisitos de quienes solicitaron la nacionalidad.
Y no estamos hablando de cuatro expedientes olvidados en un cajón. Estamos hablando de 163.020 ciudadanos cuya participación electoral se encuentra afectada por las medidas cautelares del Tribunal Supremo, pendientes de que se acredite el cumplimiento de los requisitos exigidos. Una situación de semejante trascendencia debería haber sido prevista y resuelta con bastante más rigor.
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha salido ahora proclamando que no permitirá que se mancille el honor de nuestros cónsules. Señor ministro, ¿quién está hablando del honor de los cónsules? ¿Quién ha puesto en duda la dignidad de nuestros representantes diplomáticos?
Aquí lo que se está cuestionando es la actuación de la Administración, las instrucciones que se dictaron, los requisitos que se exigieron y las responsabilidades políticas de quienes tenían la obligación de garantizar la legalidad de todo el procedimiento. No convierta usted a los funcionarios en escudo de una controversia que requiere explicaciones jurídicas y políticas.
Y todavía hay una cuestión más delicada: el derecho de voto.
¿Es razonable que una persona nacida y criada en otro continente, que nunca ha residido en España, que no conoce directamente nuestra realidad económica y social y que no soporta cotidianamente las consecuencias de las decisiones de nuestros gobernantes, pueda participar en unas elecciones generales por haber adquirido recientemente la nacionalidad mediante una disposición extraordinaria?
La Constitución reconoce el sufragio a los españoles en los términos establecidos por la ley, y ese derecho debe respetarse. Pero también es legítimo discutir democráticamente los requisitos para adquirir la nacionalidad y la relación que debería existir entre ciudadanía, residencia y participación política. No estamos hablando de ciudadanos de primera y segunda categoría, sino de cómo se accede a una condición jurídica que lleva aparejados derechos fundamentales.
Naturalmente, nadie puede afirmar que todos esos nuevos españoles votarán al partido que aprobó la ley. Sería una acusación sin fundamento. Pero precisamente para evitar cualquier sospecha de utilización electoral, la concesión de nacionalidades debe estar rodeada de garantías extraordinarias, transparencia y controles efectivos.
La memoria histórica tampoco puede convertirse en una patente de corso legislativa. España sufrió una guerra civil terrible, con víctimas inocentes en ambos bandos, persecuciones, asesinatos y sufrimientos que no deberían utilizarse para enfrentar nuevamente a los españoles. La historia debe conocerse íntegramente, sin silencios interesados, y las políticas de reparación deben respetar siempre los principios de igualdad y legalidad.
Ahora el asunto se encuentra también ante el Tribunal Constitucional, presidido por Cándido Conde-Pumpido, después de que el Defensor del Pueblo cuestionara las restricciones cautelares al sufragio. Corresponde a los magistrados resolver conforme a Derecho, garantizando tanto la legalidad del censo como los derechos fundamentales de quienes ya tienen reconocida la nacionalidad española.
Y al Gobierno le corresponde algo mucho más sencillo: explicar con claridad qué se hizo, quién lo autorizó, con qué fundamento jurídico y cómo se comprobaron los requisitos.
Porque en un Estado de derecho nadie debería estar por encima de la ley. Ni el presidente del Gobierno, ni sus ministros, ni los responsables administrativos, ni quienes aplican las disposiciones aprobadas por las Cortes.
La nacionalidad española merece respeto. No puede quedar sometida a interpretaciones administrativas de alcance discutible, ni a improvisaciones burocráticas, ni a la sospecha de intereses electorales.
Señores gobernantes, un poco de seriedad. España no es una tómbola, la nacionalidad no es una papeleta de feria y el censo electoral no puede convertirse en un terreno de experimentación política.
Que los Reyes Magos sigan repartiendo caramelos en las cabalgatas, que para eso están.
Pero la nacionalidad española, por favor, déjenla fuera de las carrozas.
