Manuel Recio Abad. Suite Información.– La noticia llega un martes por la mañana. La promotora ha comunicado la suspensión indefinida de las obras de las 240 viviendas que debían comenzar a construirse antes de Navidad.
Entre sus futuros compradores están Javier y Lucía, de 29 y 27 años. Llevan cuatro esperando poder independizarse. Los dos trabajan, los dos tienen contratos indefinidos y, entre ambos, apenas consiguen reunir lo necesario para pagar una hipoteca. Ahora tendrán que seguir viviendo separados, cada uno en casa de sus padres.
No son los únicos. Hay otras 239 familias en la misma situación. Y otras promociones suspendidas en Sevilla, Madrid, Valencia, Málaga y Barcelona.
¿Qué ha ocurrido?
Hace apenas tres meses se celebraron elecciones generales. El Partido Popular y Vox consiguieron una mayoría parlamentaria suficiente para formar Gobierno. Alberto Núñez Feijóo fue investido presidente y Santiago Abascal asumió la vicepresidencia, al frente de un Ejecutivo de coalición constituido conforme a la Constitución.
Los españoles habían votado. Las urnas habían hablado. La alternancia democrática se había producido con absoluta normalidad institucional.
Pero la tranquilidad duró poco.
Una parte de la oposición se negó a reconocer la legitimidad política del resultado y comenzó una campaña de movilizaciones. Las primeras manifestaciones fueron pacíficas, como corresponde al ejercicio de un derecho constitucional, pero pronto aparecieron grupos que pretendían impedir mediante la presión y la intimidación que el nuevo Gobierno pudiera desarrollar su programa.
Los enfrentamientos se multiplicaron, las calles de las principales ciudades se convirtieron en escenarios de disturbios y las imágenes de la violencia comenzaron a recorrer las televisiones internacionales.
España ofrecía al mundo una imagen de profunda inestabilidad.
Y entonces llegó la crisis exterior.
Marruecos, aprovechando la situación, intensificó sus reivindicaciones sobre Ceuta y Melilla. Las declaraciones diplomáticas fueron acompañadas de movimientos militares, incidentes fronterizos y amenazas cada vez menos disimuladas.
El Gobierno español respondió reforzando la defensa de ambas ciudades y solicitando el respaldo de sus aliados europeos. Los medios de comunicación comenzaron a hablar de una posible confrontación militar. Sonaban tambores de guerra en el Estrecho de Gibraltar.
En apenas unas semanas, España había pasado de celebrar unas elecciones democráticas a vivir una grave crisis política interior y una peligrosa escalada internacional.
Y los mercados reaccionaron.
Los grandes fondos de inversión internacionales comenzaron a revisar sus compromisos. Las entidades financieras endurecieron las condiciones de financiación, numerosos proyectos inmobiliarios quedaron paralizados y las empresas promotoras suspendieron el inicio de miles de viviendas.
No se trataba de una desaparición repentina de toda la inversión, sino de algo igualmente preocupante: la pérdida de confianza en la estabilidad económica e institucional de España.
Los inversores necesitan seguridad jurídica, previsibilidad y un horizonte razonable de tranquilidad. Cuando esas condiciones desaparecen, el dinero busca otros destinos.
Y España, que ya arrastraba un gravísimo problema de vivienda, comenzaba a sufrir las consecuencias.
Porque la construcción residencial no depende únicamente de disponer de terrenos y proyectos. Necesita financiación, empresas constructoras, trabajadores, materiales, suministros energéticos y una Administración capaz de tramitar los expedientes en plazos razonables.
Antes de aquella crisis ya faltaba suelo asequible, los costes de construcción continuaban aumentando, la presión fiscal encarecía considerablemente el precio final de las viviendas y la escasez de potencia eléctrica disponible dificultaba nuevos desarrollos urbanísticos.
A todos esos obstáculos se añadía ahora la incertidumbre política.
El resultado era inevitable: menos viviendas en construcción, menos actividad económica y menos oportunidades para quienes necesitaban acceder a un hogar.
Pero las consecuencias no aparecieron primero en las estadísticas.
Aparecieron en la vida de Javier y Lucía, que tuvieron que renunciar, una vez más, a comenzar su vida juntos.
En la de Antonio, un encofrador de 54 años cuya empresa acababa de comunicarle que no renovaría su contrato.
En la de Carmen, propietaria de una pequeña empresa de instalaciones eléctricas que había perdido tres encargos y no sabía cómo mantener a sus trabajadores.
Y en la de miles de jóvenes que volvían a escuchar la misma frase: habrá que esperar.
Esperar para independizarse, esperar para casarse, esperar para tener hijos, esperar para comenzar una vida que parecía aplazarse indefinidamente.
Mientras tanto, la natalidad continuaba descendiendo, la población envejecía y España seguía perdiendo oportunidades de construir su futuro.
Y surgía una pregunta que cada vez más ciudadanos se hacían: ¿de qué sirve votar si quienes pierden unas elecciones pretenden impedir que gobiernen quienes las han ganado?
La democracia no consiste solamente en introducir una papeleta en una urna. Consiste también en aceptar sus resultados, respetar las instituciones y reconocer el derecho de los adversarios políticos a gobernar cuando obtienen la confianza parlamentaria necesaria.
Manifestarse contra un Gobierno es legítimo. Criticar sus decisiones, exigir responsabilidades y defender una alternativa política también lo es. Pero intentar sustituir la voluntad democrática mediante la intimidación o la violencia constituye algo radicalmente distinto.
Y esta exigencia debe ser exactamente la misma para la izquierda y para la derecha.
Ningún partido es propietario de España. Ninguna formación política tiene un derecho adquirido a permanecer en el poder y ninguna mayoría electoral deja de ser legítima porque desagrade a quienes han perdido.
La estabilidad de una sociedad no se mide únicamente por sus indicadores económicos ni por la duración de sus gobiernos. También se refleja en la confianza de sus ciudadanos, en la capacidad de sus instituciones para alcanzar acuerdos y en la posibilidad de que las diferencias políticas se resuelvan mediante el diálogo, no mediante la confrontación permanente.
Cuando el debate público se convierte en una sucesión de enfrentamientos, descalificaciones y discursos cada vez más radicales, las consecuencias terminan extendiéndose mucho más allá de los parlamentos y los medios de comunicación.
La incertidumbre afecta a las empresas, frena las inversiones y dificulta la creación de empleo. Las familias aplazan decisiones importantes, los jóvenes ven cada vez más lejos el acceso a una vivienda y los pequeños negocios afrontan un entorno de inseguridad que amenaza su supervivencia.
Las diferencias ideológicas forman parte de cualquier democracia. Es legítimo defender modelos distintos de país, discrepar sobre las prioridades económicas o mantener posiciones enfrentadas en asuntos sociales. Lo que resulta peligroso es convertir esas discrepancias en una guerra permanente, en la que cada adversario es presentado como un enemigo y cualquier acuerdo se interpreta como una traición.
El entendimiento no significa renunciar a las convicciones. Significa aceptar que ningún grupo posee toda la verdad y que los problemas complejos requieren soluciones compartidas.
Significa comprender que gobernar no consiste en mantener movilizada a una parte de la sociedad contra la otra, sino en trabajar para todos, especialmente para quienes tienen menos recursos y menos capacidad para protegerse de las crisis.
Porque una nación puede soportar alternancias de gobierno, debates intensos y profundas discrepancias políticas. Lo que difícilmente puede soportar es que la confrontación destruya la confianza, paralice la inversión y enfrente a sus ciudadanos.
Y quienes terminan pagando las consecuencias no son los que pronuncian los discursos más encendidos, sino los de siempre: los trabajadores, los pequeños empresarios, los jóvenes que esperan una vivienda y las familias que necesitan un futuro.
Sin paz social y entendimiento no hay más que ruina.
