Álvaro Filgueira. Suite Información.– Hay problemas que dejan de ser problemas aislados cuando coinciden en el tiempo. La inmigración, la vivienda, la presión sobre los servicios públicos, la gestión de las fronteras, la integración y el envejecimiento de la población son algunos de ellos. España, sin embargo, parece empeñada en tratarlos como compartimentos estancos.
Y quizá ahí esté uno de nuestros mayores errores.
España ha alcanzado una población de 49,8 millones de habitantes a 1 de julio de 2026, según el INE. Apenas unos años atrás estaba por debajo de los 47 millones. A 1 de enero de 2026, además, el número de residentes nacidos en el extranjero había superado por primera vez los 10 millones. El crecimiento demográfico reciente se explica fundamentalmente por la población nacida fuera de España, mientras la población nacida en España disminuye.
No es un dato menor.
Y tampoco significa que esos diez millones sean inmigrantes recientes ni que toda la inmigración sea irregular. Muchos son ciudadanos perfectamente integrados, trabajadores, empresarios, estudiantes, familias y españoles que adquirieron la nacionalidad. Precisamente por eso hay que hablar con rigor.
Pero hay otra cifra que tampoco deberíamos esquivar: España está recibiendo un volumen de población que exige una planificación proporcional de vivienda, empleo, sanidad, educación, transporte e infraestructuras.
Y esa planificación no parece estar llegando al mismo ritmo.
El problema no es que venga gente. Es no saber dónde ponerla
Aquí conviene desmontar otro falso debate.
Decir que España necesita inmigración no obliga a aceptar cualquier volumen de inmigración ni cualquier modalidad de entrada.
España tiene un problema demográfico evidente. Necesita trabajadores. Hay sectores donde faltan profesionales y la inmigración está contribuyendo al crecimiento del empleo y de la economía. La propia Comisión Europea señala que los fuertes flujos migratorios están ampliando la fuerza laboral española y sosteniendo parte de la creación de empleo.
Hasta ahí, nada que objetar.
El problema aparece cuando la política migratoria no camina al mismo paso que la política de vivienda.
Porque una persona que llega necesita un lugar donde vivir.
Y si no hay suficiente vivienda, competirá por ella en el mismo mercado que el joven español que quiere emanciparse, la familia que busca alquiler, el trabajador que se traslada por empleo o el pensionista que necesita una vivienda más asequible.
No es una cuestión racial. Es una cuestión matemática.
Cuando aumenta la demanda y la oferta permanece muy por debajo de esa demanda, el precio sube.
Y España lleva años sin resolver el problema estructural de la vivienda.
La propia Unión Europea está tratando de impulsar una respuesta común a la crisis de vivienda asequible, con medidas destinadas a aumentar la oferta, acelerar la construcción, aprovechar suelo y edificios existentes y ampliar la vivienda social y asequible.
Es decir, Europa también ha entendido que el problema no se arregla únicamente poniendo límites administrativos al alquiler o repartiendo ayudas.
Hay que construir.
¿Dónde están las casas?
Esta pregunta debería acompañar a cualquier debate serio sobre crecimiento demográfico.
Porque España puede aumentar su población. Puede incorporar trabajadores. Puede atraer talento. Puede recibir inmigrantes.
Pero alguien tendrá que construir las viviendas.
Y no hablamos únicamente de jóvenes españoles.
Hablamos también de familias inmigrantes que quieren establecerse, de trabajadores temporales, de funcionarios que cambian de destino, de personas mayores que necesitan adaptar su vivienda y de ciudadanos que simplemente quieren vivir cerca de su trabajo.
Todos necesitan techo.
Por eso resulta bastante absurdo enfrentar a españoles e inmigrantes por la vivienda.
El verdadero adversario es la insuficiencia de oferta.
Y detrás de esa insuficiencia hay suelo, urbanismo, burocracia, financiación, costes de construcción, seguridad jurídica y una política pública de vivienda que durante demasiados años ha estado muy por debajo de las necesidades reales.
Ceuta no se arregla trasladando el problema
Después está la inmigración irregular.
Y aquí España tiene una particularidad que no puede ignorarse: es frontera exterior de la Unión Europea y, además, tiene Ceuta y Melilla.
Cuando una entrada masiva se produce en Ceuta, el problema no desaparece porque después traslademos a esas personas a otros territorios españoles.
Se redistribuye.
Eso es lo que ha ocurrido, en buena medida, con el debate sobre los menores extranjeros no acompañados y los mecanismos extraordinarios de distribución.
Puede ser necesario por razones humanitarias y de solidaridad territorial. Nadie puede pretender que Ceuta soporte por sí sola una presión extraordinaria.
Pero redistribuir no es lo mismo que resolver.
La solución pasa por una política europea de fronteras, cooperación con los países de origen y tránsito, inmigración legal ordenada, integración y procedimientos eficaces de retorno cuando una persona no tiene derecho a permanecer.
Y aquí es donde aparece una paradoja especialmente llamativa.
Europa gira y España vota en dirección contraria
El pasado 1 de octubre, el Consejo de la UE aprobó las nuevas reglas europeas sobre retorno de personas que no tienen derecho a permanecer en territorio comunitario. Las nuevas normas contemplan, entre otras posibilidades, la creación de centros de retorno en terceros países, siempre bajo determinadas garantías jurídicas y de derechos fundamentales.
España fue el único Estado miembro que votó en contra; Bélgica se abstuvo. El Gobierno español justificó su posición por sus dudas jurídicas, operativas y de derechos fundamentales respecto a los centros de retorno y por considerar insuficiente el mecanismo europeo planteado.
Aquí no se trata de decir que España tenga necesariamente razón o que Europa necesariamente la tenga.
Pero sí de constatar un hecho político:
España está adoptando una posición diferente a la mayoría de sus socios en uno de los asuntos que más preocupan actualmente a Europa.
Y eso ocurre precisamente cuando la cuestión migratoria ha dejado de ser patrimonio de un determinado espacio ideológico.
Francia, Alemania, Dinamarca, Suecia, Finlandia y otros países llevan tiempo endureciendo determinadas políticas de inmigración, asilo o retorno.
No porque se hayan vuelto enemigos de la inmigración.
Sino porque han descubierto algo elemental: una política migratoria sin capacidad de control termina generando problemas políticos, sociales y económicos que después son mucho más difíciles de resolver.
Portugal también está revisando sus reglas
La imagen de Portugal que ha dado pie a este debate es significativa por otra razón.
No porque Portugal haya decidido cerrar sus hospitales a los extranjeros —sería una simplificación falsa—, sino porque allí también existe un debate político sobre las condiciones de acceso de determinados extranjeros al sistema sanitario público.
Y ese debate no debería escandalizarnos.
La pregunta legítima no es si un ser humano enfermo debe ser atendido.
Por supuesto que debe ser atendido.
La pregunta es quién tiene derecho a la cobertura ordinaria de un sistema público financiado fundamentalmente por los contribuyentes, en qué condiciones y cómo se financia cuando hablamos de personas que no son residentes o que se encuentran en situación irregular.
Es una cuestión que Europa está empezando a plantearse con mucha más naturalidad.
El gran error: convertirlo todo en un asunto ideológico
Y aquí llegamos al fondo de la cuestión.
En España cualquier debate sobre inmigración termina convertido en una guerra entre etiquetas.
Si alguien reclama control fronterizo, se le acusa de xenófobo.
Si alguien defiende una inmigración ordenada, se interpreta como rechazo al inmigrante.
Si alguien pide más vivienda, inmediatamente aparece la discusión sobre quién tiene prioridad.
Y si alguien critica la política del Gobierno, el debate se transforma en una discusión sobre Sánchez.
Así no se gobierna un país.
La inmigración no es mala.
La inmigración irregular no es lo mismo que la inmigración legal.
Un inmigrante no es responsable de que falten viviendas.
Y tampoco el español joven que no puede emanciparse tiene la culpa de que exista un fenómeno migratorio.
Son víctimas, en muchos casos, de la misma insuficiencia política: la falta de planificación.
El totum revolutum español
Quizá lo que estamos viendo sea precisamente eso: un enorme totum revolutum.
Aumenta la población.
No aumenta suficientemente la vivienda.
Aumenta la demanda de servicios.
Los servicios necesitan más recursos.
Aumenta la presión sobre las fronteras.
Se producen entradas irregulares.
Ceuta y Canarias soportan una presión extraordinaria.
El Gobierno propone mecanismos de reparto.
Europa endurece sus instrumentos de retorno.
España discrepa.
Y mientras tanto, millones de españoles siguen preguntándose cuándo podrán acceder a una vivienda.
¿De verdad son problemas independientes?
No.
Forman parte de una misma ecuación.
España necesita una política de país, no una colección de decretos
España necesita inmigración, sí.
Pero necesita inmigración ordenada, legal, vinculada también a las necesidades reales del mercado laboral y acompañada de integración.
Necesita controlar sus fronteras.
Necesita procedimientos rápidos y garantistas para quienes tienen derecho a protección.
Necesita mecanismos eficaces de retorno para quienes no tienen derecho a permanecer.
Necesita combatir las mafias que trafican con personas.
Y, sobre todo, necesita una política de vivienda acorde con su realidad demográfica.
Porque no podemos seguir aumentando población mientras construimos vivienda a un ritmo insuficiente y después sorprendernos de que el alquiler se dispare.
No podemos pedir a un joven de 30 años que se independice cuando no encuentra un alquiler asumible.
No podemos pedir a una familia que tenga hijos cuando no sabe si podrá pagar una vivienda.
No podemos atraer trabajadores extranjeros y después dejarlos atrapados en un mercado residencial imposible.
Y tampoco podemos pretender que Ceuta, Canarias o determinados municipios carguen indefinidamente con una responsabilidad que es europea.
Europa está cambiando. España debería decidir hacia dónde quiere ir
La Unión Europea acaba de reforzar su política de retornos. Está desplegando el Pacto de Migración y Asilo. Está intentando responder a la presión de las fronteras exteriores. Y al mismo tiempo está planteando una estrategia europea específica para afrontar la crisis de vivienda.
No significa que todos los países estén haciendo exactamente lo mismo.
Significa algo más importante: Europa está revisando sus políticas porque las circunstancias han cambiado.
España también debería hacerlo.
Pero revisar no significa necesariamente endurecerlo todo.
Significa ordenar.
Ordenar quién entra.
Ordenar quién puede quedarse.
Ordenar cómo se integra.
Ordenar cómo se financian los servicios.
Ordenar dónde va a vivir la población que llega.
Ordenar cómo se protege al ciudadano vulnerable.
Y ordenar, sobre todo, una política demográfica que no dependa de improvisaciones legislativas cada vez que aparece una emergencia.
Porque gobernar no consiste en apagar el incendio que sale hoy en televisión.
Consiste en saber dónde puede aparecer el siguiente.
España está en Europa. Pero, ¿está España leyendo lo que está pasando en Europa?
Esta es, en realidad, la pregunta.
No se trata de abandonar Europa.
Ni de cerrar las fronteras.
Ni de demonizar al inmigrante.
Ni de copiar automáticamente a Francia, Alemania, Dinamarca, Suecia o Finlandia.
Se trata de algo mucho más sencillo:
mirar alrededor y aprender.
Porque Europa está descubriendo que inmigración, vivienda, seguridad, empleo, servicios públicos y demografía están conectados.
España también debería descubrirlo.
Y quizá el mayor problema de la España actual no sea que esté dentro de la Unión Europea.
Es que, mientras Europa está cambiando de rumbo, nosotros seguimos discutiendo hacia dónde vamos.
España está en la UE, pero a contracorriente.
