Álvaro Filgueira. Suite Información.- Más dinero no siempre significa mejor sistema
El anuncio del nuevo modelo de financiación autonómica llega acompañado de una cifra difícil de ignorar: casi 21.000 millones de euros adicionales para el conjunto de las comunidades. En un país tensionado por el coste de los servicios públicos, el envejecimiento demográfico y las exigencias del Estado del bienestar, hablar de más recursos debería ser, en teoría, una buena noticia.
Sin embargo, el debate no ha tardado en torcerse. No por el tamaño de la tarta, sino por la forma en la que se plantea el reparto. Porque en financiación pública, como en política fiscal, no basta con que haya más dinero: importa —y mucho— bajo qué reglas se distribuye.
La crítica de García-Page como síntoma, no como excepción
Las palabras del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, han resonado con fuerza al calificar el blindaje del principio de ordinalidad como “contrario a cualquier planteamiento progresista”. No se trata de una crítica aislada ni de una discrepancia personal. Es la verbalización más clara de una incomodidad que atraviesa a varias federaciones socialistas y a buena parte del pensamiento económico de izquierdas.
Que esa crítica surja desde dentro del PSOE es relevante. No cuestiona solo una decisión técnica, sino una contradicción ideológica: ¿puede un modelo que se define como progresista limitar la redistribución para garantizar posiciones relativas de partida?
Ordinalidad: un concepto técnico con consecuencias políticas
El principio de ordinalidad establece que las comunidades mantengan el mismo orden en la recepción de recursos que en su aportación al sistema. Dicho de forma sencilla: quien más aporta, más recibe, en la misma proporción relativa.
Aplicado de forma estricta, este principio introduce un límite claro a la solidaridad interterritorial. No elimina la redistribución, pero la encorseta. Y ahí está el núcleo del debate: la redistribución no es un efecto colateral del sistema, es su razón de ser.
Blindar la ordinalidad para una sola comunidad —Cataluña— convierte un criterio técnico en un privilegio político, y abre un precedente difícil de justificar desde una óptica de igualdad.
Más fondos, pero una señal ideológica confusa
El Gobierno defiende que ninguna comunidad pierde y que todas ganan en términos absolutos. Es cierto. Andalucía, Cataluña, la Comunidad Valenciana o Castilla-La Mancha verán incrementados sus recursos de forma notable respecto al modelo vigente.
Pero el debate no es contable, es estructural. En un sistema progresista, el reparto no se mide solo por el saldo final, sino por la lógica que lo ordena. Y aquí la señal es confusa: se refuerza el discurso de la igualdad mientras se consolida un mecanismo que prioriza la posición relativa de partida.
No es casual que varias comunidades alerten de que la reforma no puede convertirse en un “contrato de adhesión” ni en el resultado de una negociación bilateral posteriormente generalizada.
El riesgo de un modelo nacido del peaje político
El origen del acuerdo pesa tanto como su contenido. Que el nuevo esquema de financiación emerja de un pacto con ERC, anunciado públicamente antes incluso de su presentación formal al conjunto de las comunidades, erosiona la percepción de equidad del sistema.
La financiación autonómica es uno de los pilares del Estado. Si se percibe como moneda de cambio para garantizar mayorías parlamentarias, el riesgo no es solo político, sino institucional. La confianza entre territorios es un activo frágil: se pierde más rápido de lo que se reconstruye.
Una tarta más grande… pero un debate pendiente
España necesita reformar su sistema de financiación. Nadie lo discute. Necesita más recursos, reglas claras y un modelo adaptado a las realidades demográficas y sociales actuales. Pero también necesita coherencia entre el discurso y el diseño.
La reflexión de García-Page no es una enmienda a la totalidad, sino una advertencia. Si el reparto se aleja de los principios clásicos de la redistribución progresiva, el problema no será el tamaño de la tarta, sino la sensación de que algunos trozos pesan más que otros.
Y cuando eso ocurre, el debate deja de ser económico para convertirse en algo mucho más profundo: una discusión sobre qué entendemos, realmente, por igualdad.
