Manuel Recio Abad. Suite Información.- La omertá o ley del silencio es un estricto código de honor siciliano, utilizado por la mafia, que prohíbe terminantemente cooperar con las autoridades o informar sobre actividades delictivas. Implica guardar secreto absoluto bajo amenaza incluso de muerte, priorizando la lealtad al grupo y la «vendetta» personal sobre la justicia legal.
Un veto de la Fiscalía General ha provocado una sombra de sospecha. El proceso judicial que sienta en el banquillo a Víctor de Aldama, José Luis Ábalos y Koldo García ha alcanzado un punto de inflexión que ha trascendido lo puramente procesal para adentrarse en el terreno de la ética institucional. La reciente decisión de la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, de impedir al fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, solicitar una rebaja de pena para Aldama, no obstante haber reconocido la «esencial» colaboración de este para esclarecer la trama, arroja sombras inquietantes sobre el funcionamiento de nuestro Ministerio Público.
Desde un punto de vista técnico-jurídico, la figura del colaborador eficaz es un pilar fundamental en la lucha contra la criminalidad organizada. El artículo 21.4 del Código Penal contempla atenuantes precisamente para incentivar que quienes están dentro de una estructura delictiva rompan el silencio y aporten pruebas veraces. Cuando el fiscal del caso, el cual ha instruido y vivido la causa desde dentro, concluye que la confesión ha sido relevante y veraz, la intervención jerárquica para frenar el beneficio legal correspondiente para el acusado,no solo resulta inusual, sino contraproducente para el interés general.
La crítica fundamental que surge ante este veto es: ¿qué objetivo persigue la Fiscalía General al desautorizar un criterio técnico que favorecería el esclarecimiento total de los hechos?
La coincidencia temporal entre las revelaciones de Aldama ,que sitúan a figuras de primer nivel del Gobierno en el epicentro de la trama, y la orden de la fiscal Peramato de mantener la dureza penal es, cuanto menos, motivo de profunda preocupación en una democracia.
Al impedir una rebaja de pena, que el propio fiscal anticorrupción consideraba legítima, se envía un mensaje peligroso al resto de los imputados y a la sociedad: la colaboración con la justicia no siempre es recompensada si el resultado de esa colaboración incomoda al poder político, es decir a Presidencia del Gobierno.
Esta actuación corre el riesgo de ser interpretada como una forma de «omertà» institucional, donde el silencio es premiado con la protección frente a la verdad, y la confesión es castigada si apunta hacia arriba en la jerarquía.
El Ministerio Fiscal debe ser, ante todo garantía de la legalidad y del interés público, no un escudo protector de espurios intereses partidistas. Cuando la jerarquía se utiliza para corregir a los fiscales de sala en asuntos tan sensibles, se erosiona la confianza ciudadana en la independencia de la Justicia.
La libertad de palabra que conserva el fiscal Luzón en su informe definitivo será, quizás, la última oportunidad para que la Fiscalía como institución salve su prestigio frente a esta imposición.
La justicia no puede ser selectiva. Si la colaboración de un acusado es clave para desmantelar una red de corrupción, el sistema debe tener la valentía de aplicar los beneficios legales previstos. Cualquier otra cosa no es justicia; es sencillamente política revestida de toga.
