Álvaro Filgueira. Suite Información.– La ausencia de Pedro Sánchez en el funeral por las 69 víctimas de Urda reabre el debate sobre la coherencia entre las explicaciones públicas del presidente y sus propios antecedentes.
Hay pecados que se confiesan, otros que se perdonan y algunos que, al parecer, admiten una nueva categoría política: el cambio de opinión. Una fórmula que tiene la extraordinaria virtud de permitir que una afirmación de ayer y su contraria de hoy convivan sin necesidad de demasiadas explicaciones.
Pedro Sánchez lleva años defendiendo su derecho a cambiar de posición. Y lo tiene, naturalmente. Como cualquier ciudadano. El problema comienza cuando se pretende que un cambio de criterio explique también aquello que los hechos desmienten.
La última controversia tiene como escenario la Catedral de Toledo, donde el 10 de noviembre se celebró el funeral por las 69 personas fallecidas en el accidente ferroviario de Urda.
Allí estuvieron los reyes, representantes de distintas instituciones y del Gobierno, familiares de las víctimas y ciudadanos que quisieron acompañarlos en el dolor.
No estuvo el presidente del Gobierno.
Hasta aquí, una ausencia que puede discutirse políticamente, pero que no demuestra por sí sola falta de respeto ni de sensibilidad. Lo verdaderamente llamativo llegó con la explicación.
Cuando la hemeroteca tiene mejor memoria
Sánchez justificó su ausencia asegurando que nunca había asistido a oficios religiosos. Su posición, según explicó, es acudir a ceremonias aconfesionales y respetar las celebraciones religiosas sin participar en ellas.
El argumento sería perfectamente defendible si no existiera un pequeño inconveniente: los antecedentes.
En octubre de 2018 asistió al funeral católico de Montserrat Caballé. En enero de 2022 estuvo en Roma en el funeral religioso de David Sassoli, entonces presidente del Parlamento Europeo. Y en octubre de 2025 acudió al de Guillermo Fernández Vara, expresidente de Extremadura.
Por si tres ejemplos resultaran insuficientes, en junio de 2026 asistió también a una misa presidida por el papa León XIV en la Sagrada Familia de Barcelona.
Cuatro antecedentes que difícilmente encajan con una afirmación tan absoluta como «nunca».
Y ahí está el problema. No en las creencias religiosas de Sánchez, que pertenecen exclusivamente a su conciencia, sino en la exactitud de la explicación ofrecida a los ciudadanos.
Porque una cosa es no querer acudir a una ceremonia religiosa y otra bastante distinta es sostener que nunca se ha acudido a ninguna cuando existen precedentes documentados.
La hemeroteca tiene una costumbre poco considerada con los políticos: conserva aquello que los discursos preferirían dejar atrás.
Cambiar de opinión no cambia el pasado
En 2023, ante las preguntas sobre sus contradicciones políticas, Sánchez defendió que había cambiado de opinión, pero no mentido.
Es una distinción legítima y, en determinados casos, perfectamente razonable. Las circunstancias cambian, aparecen nuevos datos y los responsables públicos pueden revisar sus decisiones.
Pero cambiar de opinión exige reconocer que antes se sostenía otra posición. No consiste en negar la existencia de los hechos anteriores.
Una opinión pertenece al terreno de las ideas. Una asistencia a un funeral pertenece al terreno de los acontecimientos comprobables.
Se puede cambiar la primera. No se puede modificar retrospectivamente el segundo.
Y esa diferencia, aparentemente elemental, debería importar especialmente a quien tiene la responsabilidad de dirigir un país.
Las víctimas no son una cuestión de protocolo
Conviene recordar algo que amenaza con perderse entre declaraciones, reproches y estrategias electorales: en Urda murieron 69 personas.
Sus familias no acudieron a Toledo para protagonizar una controversia política. Acudieron para despedirse, recordar y compartir un dolor que no entiende de siglas, encuestas ni calendarios electorales.
El Gobierno estuvo representado por el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, y por las ministras Margarita Robles, Milagros Tolón y Mónica García.
No hubo, por tanto, una ausencia institucional del Ejecutivo.
Pero sí faltó su presidente.
Y cabe preguntarse si, ante una tragedia de semejante dimensión, la presencia del máximo responsable político del Gobierno no habría tenido un significado especial, independientemente de sus convicciones religiosas.
Nadie necesita creer en Dios para acompañar a quien acaba de perder a un ser querido. Tampoco hace falta compartir una ceremonia para comprender el valor humano de estar presente.
El respeto a las creencias personales merece protección. La coherencia de las explicaciones públicas merece escrutinio.
Ambas cosas pueden defenderse al mismo tiempo.
El incómodo calendario electoral
Hay otra circunstancia que añade dimensión política a esta decisión: España celebrará elecciones generales el próximo 29 de noviembre.
La ausencia de Sánchez se produce, por tanto, en plena precampaña, con el accidente de Urda y la seguridad ferroviaria instalados en el centro del debate público.
Desde la oposición se ha insinuado que el presidente habría preferido evitar posibles reproches de los asistentes.
¿Fue ese el motivo? No hay pruebas suficientes para afirmarlo.
Lo que sí existe es una pregunta legítima: ¿habría resultado políticamente más costoso acudir y exponerse a las críticas, o no acudir y tener que explicar una ausencia tan significativa?
En política, las decisiones pueden interpretarse en clave electoral incluso cuando sus protagonistas aseguran actuar por otros motivos. Eso no demuestra cuáles fueron sus verdaderas intenciones.
Y precisamente por eso habría sido preferible una explicación que no tropezara con la propia hemeroteca.
La confianza no admite tantos cambios de versión
Pedro Sánchez tiene derecho a cambiar de opinión sobre sus alianzas parlamentarias, sus decisiones políticas o su participación en determinados actos.
También tiene derecho a no asistir a una ceremonia religiosa.
Lo que no debería quedar al margen del debate público es la diferencia entre justificar una decisión presente y formular una afirmación sobre el pasado que contradicen hechos verificables.
Porque las explicaciones importan. Y la confianza institucional se construye, entre otras cosas, procurando que las palabras resistan la comprobación de los hechos.
En una democracia, la crítica política no necesita adivinar intenciones. Le basta con examinar lo que se dice y compararlo con lo que consta.
La mentira, en su sentido estricto, exige una voluntad de engañar que no puede deducirse automáticamente de una contradicción. Pero cuando esa contradicción es evidente, corresponde a quien la ha formulado aclararla.
Al final, el debate no debería reducirse a si un presidente entra o no en una catedral. Debería centrarse en algo bastante más importante: qué grado de precisión, coherencia y responsabilidad exigimos a quienes nos gobiernan.
Porque cambiar de opinión es legítimo. Cambiar los hechos, imposible.
Y llamar cambio de opinión a una contradicción factual no consigue que esta desaparezca.
Ni siquiera en política.
