Álvaro Filgueira. Suite Información.–
1. Un titular que lo dice todo
“Acatamos la sentencia pero defendemos su inocencia”.
La frase, repetida estos días por representantes de distintos ámbitos políticos, sintetiza a la perfección una contradicción que se ha instalado en el debate público: aceptar formalmente un fallo judicial mientras se cuestiona su esencia. Es una fórmula lingüística tan llamativa como peligrosa, porque envía al mismo tiempo dos mensajes incompatibles.
¿Se puede acatar una resolución judicial y, simultáneamente, sostener que esa resolución es injusta? ¿Dónde queda el respeto al Estado de derecho cuando la aceptación es solo escenografía?
2. La contradicción como estrategia política
No es la primera vez que ocurre. De hecho, este tipo de declaraciones han proliferado en los últimos años, tanto en gobiernos regionales como en organizaciones ligadas a distintos partidos.
La idea es sencilla: cumplir la ley para evitar choques frontales con jueces y fiscales, pero salvar imagen ante los seguidores defendiendo al condenado como víctima de un error o una injusticia.
El problema es que este mensaje no sostiene ni un análisis mínimo.
* Acatar una sentencia implica reconocer la autoridad del tribunal.
* Defender la inocencia del condenado significa negar la validez del veredicto.
Ambas cosas no pueden convivir sin que una anule a la otra.
Como recordaba recientemente un magistrado del Tribunal Superior de Justicia, “si se afirma que el juicio fue injusto, entonces no se está acatando nada; solo se está evitando el desacato”.
3. Contexto: justicia sometida al escrutinio político
El poder judicial atraviesa un momento especialmente complejo, marcado por la confrontación política y por la incapacidad de los partidos para renovar órganos clave como el CGPJ.
Cada sentencia de relevancia pública se convierte en munición para unos y en un motivo de defensa para otros.
En este clima:
* El Gobierno central insiste en la necesidad de respetar las decisiones judiciales, aunque matiza a menudo sus discrepancias.
* Las oposiciones, en bloque o por separado, utilizan fallos judiciales para reforzar su propio relato sobre la gestión gubernamental.
* Los jueces, por su parte, reclaman neutralidad y respeto, conscientes de que la confianza ciudadana en la justicia se resiente cada vez que un líder político cuestiona un tribunal sin aportar pruebas sólidas.
En este escenario, la frase-titular se convierte en un síntoma más de la instrumentalización del poder judicial.
4. El impacto real: erosión de la confianza ciudadana
La contradicción no es solo semántica. Tiene efectos tangibles:
A. Desconfianza en el sistema judicial
Si un cargo público asegura que alguien es inocente pese a haber sido condenado, está insinuando que los jueces han fallado deliberadamente o por incompetencia.
B. Desorientación social
El ciudadano medio recibe mensajes totalmente opuestos:
se le dice que la sentencia es respetable y, al mismo tiempo, que es injusta.
Ese ruido hace que la justicia parezca un terreno opinable, y no un pilar del Estado de derecho.
C. Polarización
Las bases militantes utilizan la contradicción como arma para reforzar posiciones extremas: unos ven persecución; otros ven victimismo.
5. ¿Por qué se recurre entonces a esta fórmula tan incoherente?
La respuesta es política, no jurídica.
Los asesores de comunicación saben que:
A. Romper con la justicia sale caro
Ningún partido quiere aparecer como enemigo del poder judicial. La ciudadanía —incluso la más crítica— valora la estabilidad institucional.
B. Abandonar al condenado también sale caro
Los votantes más fieles exigen lealtad interna, incluso en casos complejos.
C. La frase permite estirar la ambigüedad
Es una forma de decir “no nos enfrentamos a los jueces” y “no dejamos solo a nuestro compañero”.
Un equilibrio imposible, pero útil para ganar tiempo.
6. El valor del Estado de derecho: lo que se olvida en el discurso
El Estado de derecho no se basa en sentimientos ni en afinidades partidistas:
se basa en procedimientos, contradicción de pruebas, evaluación judicial y garantías.
Acatar una sentencia es aceptar que todo ese engranaje ha funcionado.
Defender simultáneamente la inocencia del condenado equivale a decir que no ha funcionado, pero sin asumir el coste político de afirmarlo abiertamente.
Esa ambigüedad erosiona lo más importante: la percepción de imparcialidad del sistema judicial.
La Comisión Europea, en sus informes anuales, ya ha alertado de cómo la politización del discurso sobre la justicia debilita el conjunto del Estado de derecho en varios países, España incluida.
7. Un mensaje que revela más de lo que pretende ocultar
“Acátanos la sentencia pero defendemos su inocencia” no es una fórmula elegante.
Es una coartada. Una manera de quedar bien con todos sabiendo que, en realidad, se está quedando mal con cualquiera que analice mínimamente la frase.
En democracia, las palabras cuentan.
Y cuando quienes deben defender la coherencia institucional eligen la contradicción calculada, envían un mensaje que trasciende al caso concreto:
que la justicia solo vale cuando coincide con sus intereses.
Y eso, para cualquier sistema democrático, es un terreno peligroso.
